Perotti vetó las leyes de gastos reservados y de incompatibilidad de funcionarios del MPA

A través del decreto 1.786, que lleva la firma del gobernador Omar Perotti, el Ejecutivo provincial vetó totalmente la ley 14.013, que regulaba la rendición de cuentas de gastos reservados o especiales, destinados a solventar gastos necesarios para la realización de investigaciones criminales complejas. Asimismo, a través del decreto 1.787, hizo lo propio con la ley 14.016, que modificaba el régimen de incompatibilidades de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y del Organismo de Investigaciones.

En cuanto a la rendición de cuentas de gastos reservados, el primer decreto considera que ya cuentan “con procedimientos administrativos y legislativos a esos fines”, y advierte que “los plazos establecidos no están relacionados con los plazos procesales que rigen las investigaciones penales”.

También, señala que “el Poder Ejecutivo considera que no es oportuno ni conveniente, en el marco de la situación pública existente que ha derivado en investigaciones en trámite en sede judicial, consagrar modificaciones legislativas cuando las mismas permitirían revelar públicamente -transcurrido apenas un año-, el destino de fondos e incluso la identidad de personas que hubieran, con su intervención o testimonio, favorecido el esclarecimiento de causas judiciales”.

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Perotti firmó los decretos 1786 y 1787 para derogar dos leyes que en el Ejecutivo veían como un ataque al ministro de Seguridad, Marcelo Sain.

Gobierno de la Provincia de Santa Fe

En tanto, sobre la incompatibilidad, el decreto 1.787 indica que “se establece una cesantía automática por el mero transcurso del tiempo, omitiendo de esa manera considerar que la garantía en la estabilidad de los funcionarios públicos cesa por razones disciplinarias o cuando se pierde su idoneidad física o intelectual; no cuando, por ejemplo, por razones de salud, tiene derecho a una licencia mayor al plazo establecido”; y que lo propuesto “podría producir afectaciones a derechos adquiridos o perjudicar situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de las leyes cuya modificación se propone, con la consecuente inconstitucionalidad de la norma”.