Jueves 12 de Mayo de 2022
La Cámara de Diputados de la provincia realizó en la ciudad de Rosario una audiencia pública donde se abordó la problemática del robo de cables que afecta el alumbrado público en ciudades y caminos de la provincia. En el encuentro –del que participaron más de cien personas, de manera presencial y virtual– participaron el secretario de Seguridad Pública de la provincia, Claudio Brilloni; la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren; diputados provinciales, entre otras autoridades.
La audiencia fue organizada por el diputado Oscar Martínez y la diputada Lionella Cattalini. La legisladora presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley que tiene por objetivo principal la creación de un Registro Único de Comerciantes de Metales No Ferrosos, que estará destinado a titulares o responsables de comercios y locales, y a quienes realicen actividades de carácter comercial o industrial en forma permanente o eventual con metales no ferrosos, quienes además deberán llevar un libro donde consten datos sobre la compraventa y las personas que intervienen.
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"El robo de cables es uno de los delitos que más daños ocasionan, tanto por la cantidad de damnificados como por el perjuicio que produce para las empresas. Desde la EPE por ejemplo expresaron que ya les robaron 160 mil kilos de cobre sólo en la ciudad de Rosario", explicó Cattalini.
"La revalorización del precio internacional del cobre y del bronce impulsa las operaciones de grupos organizados que aprovechan un activo circuito ilegal para su reducción y reventa clandestina. Es una modalidad delictiva, es capaz de alimentar un importante mercado negro con fácil disponibilidad de dinero, agregó Cattalini.
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Según consta en el proyecto, el delito de robo de cables incluye la intervención de tres sectores bien diferenciados. Primero, los sujetos encargados de la sustracción material del tendido de cables. Luego, los responsables de las distintas chatarrerías que operan como comercios legales y que compran en el mercado negro el material robado y lo almacenan. Y, finalmente, las fundiciones, talleres donde, a través de procesos metalúrgicos específicos, se separa el cobre del aislante que lo contiene para su posterior venta.
"Necesitamos romper este circuito e intervenir con una política pública capaz de controlar y penalizar a quienes se encuentran en este circuito ilegal, y también trabajar coordinadamente con las empresas damnificadas, vecinos, municipios y comunas", concluyó la legisladora. El proyecto establece que este Registro se encuentre bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Justicia y DDHH, en colaboración con municipios y comunas.
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Por otro lado, prevé el deber del MPA de informar a la autoridad la aplicación toda vez que se inicia una causa penal a personas que se encuentren inscriptas en el registro. A su vez, prevé la clausura para quienes no cumplan con la incorporación a este Registro.
En la audiencia pública estuvieron presentes los diputados Oscar Martínez y Ariel Bermúdez, el secretario de Seguridad del gobierno de Santa Fe, Claudio Brilloni; el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Zignano; la fiscal regional María Eugenia Iribarren, representantes de Enacom, Telecom, Litoral Gas, EPE y vecinalistas de la ciudad de Rosario.
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