Reforma penal en Santa Fe: Cococcioni defendió el proyecto y negó que sea "inconstitucional" o "totalitario"

El ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, defendió el nuevo paquete de proyectos de ley vinculados con la reforma en seguridad pública que el gobernador Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura.

En diálogo con La Primera de la Tarde (Radio 2), el funcionario negó las críticas que tildan las reformas de inconstitucionales, de totalitarias o de que le otorgan “más poder a la Policía”. De aprobarse los proyectos, por ejemplo, estarán permitidos los interrogatorios policiales sin presencia de abogado, el juicio en rebeldía y, en algunos contextos, la posibilidad de allanar sin autorización de un juez, entre otras medidas que merecieron críticas de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario. “Es darle más facultades al Estado en la lucha contra el delito”, dijo Cococcioni sobre lo que, a su criterio, buscan impulsar las modificaciones.

En los considerandos, el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara baja provincial sostiene que “en lo fundamental, se proponen modificaciones al régimen procesal penal, al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia y al programa de recompensas, junto con una amplificación de facultades policiales para casos especiales, ya que los mecanismos tradicionales del proceso penal han evidenciado limitaciones estructurales que impactan negativamente en la prevención del delito, la protección de las víctimas, la eficacia de la investigación penal y la vigencia real del Estado de Derecho”.

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"Lucha contra el delito"

“Es darle más facultades al Estado en la lucha contra el delito. Nos estamos anticipando y queremos que las leyes sean distintas para que el Estado en su conjunto, la Policía, el Poder Ejecutivo, la Fiscalía y los jueces tengan más herramientas para funcionar de manera eficiente y luchar eficazmente contra el delito”, dijo Cococcioni este martes al ser consultado sobre los cambios que impulsa la reforma.

Uno de los puntos que más polémica empieza a suscitar es la habilitación de que la Fiscalía pueda tomar declaración informativa antes de imputar un delito. También la Policía podría interrogar sospechosos. En todos los casos, la presencia del defensor deja de ser un requisito de validez de esos interrogatorios.

“Interrogar sospechosos, en términos generales, es una actividad normalmente permitida en todos los sistemas de Argentina. En Santa Fe tenemos un sistema de formalización exacerbada en el que, hasta que no se establece la calidad de imputado y se le comunican los hechos, prácticamente no hay posibilidad de entablar ninguna comunicación con la persona sospechada. En esto, Santa Fe, te diría, es un caso aislado, porque en general se permiten distintos tipos de declaraciones, a veces en sede policial o fiscal, antes de poder establecer formalmente que a una persona se le atribuye un hecho determinado”, dijo el ministro.

Y agregó al respecto: “Contar con información en los primeros momentos de un hecho puede hacer la diferencia en el esclarecimiento oportuno. Si tenemos que esperar primero a recolectar toda la evidencia para después formalizar una atribución delictual y recién después –si está de acuerdo el imputado– escuchar si tiene algo que decir, es una fuente de información que se pierde”.

“El proyecto, de todas maneras, no obliga a que declare. De hecho, se prevé expresamente que si el imputado solicita un defensor la declaración se interrumpe, que es lo que ocurre en la mayoría de los países occidentales”, aclaró el ministro, para quien el proyecto busca “cortar un poco con una tolerancia extrema de querer casi obligar a la persona a que se defienda”.

Espionaje digital

La reforma busca ampliar las actividades de inteligencia reguladas, incluyéndose el espionaje digital y electrónico, y el clonado de dispositivos y cuentas. Se piensa con fines que van desde organizaciones narcocriminales hasta casos como el del adolescente que disparó en el colegio de San Cristóbal.

“Hoy hay actividades que no están expresamente contempladas, pero que tampoco están prohibidas. Y tampoco reguladas en la cadena de responsabilidades. Si se autorizan o no depende del gobierno o juez de turno. Lo que ahora se propone es que, en consonancia con ser la única provincia argentina que tiene una ley de inteligencia, es decir, un sistema formal donde las actividades están reguladas, la ley diga: «Esto se puede y esto no». Hoy la tecnología permite el espionaje digital con recursos tecnológicos que antes no había”, detalló Cococcioni.

"Nebulosa legal"

“En términos generales, la idea que campea en todo el proyecto es, sí, amplificar las facultades estatales en la lucha contra el delito, pero también regular expresamente y que sea la ley la que diga qué se puede, qué no y qué autorizaciones se requieren para que no estemos en una nebulosa legal en la que dependamos del funcionario de turno”, cerró el ministro.

A escasos días de conocido el paquete de leyes, las críticas de algunos sectores ya estallaron. Para el titular de la Asociación de Abogados Penalistas rosarinos, José Nanni, “esta ley que se pretende aprobar es un verdadero absurdo jurídico, de un inexplicable test de constitucionalidad y que excluye al juez de muchas decisiones” durante el proceso penal.

“Lo que veo es que es un proyecto que destroza principios generales en materia de derecho procesal penal y garantías constitucionales. Aniquila años y años de historia y de evolución del derecho penal y el derecho procesal penal”, se quejó el abogado este fin de semana durante una entrevista con Rosario12.