Stolbizer presentó un proyecto para que funcionarios públicos no puedan tener dinero o acciones en el exterior

La diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) presentó un proyecto para incorporar a la ley de Ética Pública la incompatibilidad de todo funcionario público de tener en el exterior dinero en efectivo, acciones, bonos, fideicomisos, fondos de inversión o bien cualquier tipo de fondo de inversión colectiva. De acuerdo al proyecto impulsado por la diputada del GEN, tampoco podrán tener participación accionaria de ningún tipo en sociedades radicadas en el exterior que no hagan oferta pública, y cuyo objeto principal sea la realización de cualquiera de las actividades financieras mencionadas. Así lo estipuló en una iniciativa presentada en la Cámara baja, en la que, además, le da un plazo de seis meses a funcionarios alcanzados por la Ley de Ética Pública para adecuarse a la norma y realizar la repatriación de los fondos, libre de todo gravamen interno, en la medida de que se trate de fondos debidamente declarados. Al fundamentar el proyecto que, primero, deberá ser analizado a nivel de las comisiones, Stolbizer puso de relieve que, "según la Tax Justice Network (TJN), el dinero colocado en paraísos fiscales equivale al PBI combinado de Estados Unidos y Japón (publicado en nuestro país por el Diario El Cronista Comercial). Los argentinos que colocan su dinero afuera aportan a ese número casi increíble 399.000 millones de dólares". El informe detalla además que "el 5 por ciento de los flujos ilícitos financieros son sobornos; el 35 por ciento son dineros sucios provenientes de actividades ilegales como el tráfico de drogas, armas y personas; y el 60 por ciento está relacionado con el comercio exterior y motivado por la evasión fiscal y/o aduanera". "Los argumentos volcados por el Gobierno en sus medidas tendientes a lograr la repatriación de fondos depositados en el extranjero apuntan a la generación de confianza en el rumbo económico, dando al país una imagen de mayor credibilidad. Y para eso es imprescindible que los propios funcionarios públicos demuestren ellos mismos que creen en la economía nacional", aseveró la diputada del GEN. Según Stolbizer, el Estado "no puede ni debe pedir que otros hagan lo que los responsables del manejo de la "cosa pública" no se encuentran dispuestos a hacer, dado que de este modo sólo se producen señales ambiguas". Precisó, además, que el proyecto "busca fijar un límite razonable que permita mantener inversiones en el exterior en el marco de un mundo globalizado pero a la vez que impida que los funcionarios públicos participen de los negocios financieros que gozan de escasos controles". "El principal objetivo de este tiempo es reconstruir el Estado de derecho, las instituciones y la confianza de la sociedad en sus representantes públicos. Para ello, es necesario actuar con ejemplaridad y austeridad republicana", concluyó la diputada del GEN. La presentación de esta iniciativa por parte de Stolbizer se produjo el mismo día en el que la Oficina Anticorrupción difundió públicamente su dictamen en relación al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, a quien le aconsejó desprenderse de sus acciones en Shell en función de lo establecido por la Ley de Ética Pública. En ese sentido, la titular de la OA, Laura Alonso, entendió que la conclusión que sacó el organismo tras nueve meses de análisis, es "modelo" y debería ser de "lectura obligatoria" para todos los funcionarios del Estado, incluidos los jueces, fiscales y legisladores.