Abogado trucho en Sunchales: un letrado contó cómo falsificó su firma e inventó resoluciones de un juzgado de familia

El escándalo del falso abogado de Sunchales, acusado de haber estafado a clientes por más de 54 millones de pesos, comenzó a desmoronarse a partir de una situación que, para el abogado Juan Manuel Chiapero, fue tan insólita como alarmante.

“Esto la verdad que es algo increíble, digno de película”, resumió al reconstruir cómo advirtió que su identidad profesional estaba siendo utilizada de manera fraudulenta.

Todo se inició a partir de un caso de derecho de familia, vinculado a un cuidado personal. Chiapero había cursado una carta documento y, al recibir la respuesta de la contraparte, observó que quien decía patrocinarla era un profesional que no conocía.

Sunchales: rindió solo 13 materias y estafó por más de $54 millones haciéndose pasar por abogado

“Sunchales es una ciudad chica, pero hay muchos colegas que uno no conoce. Pensé que sería un nuevo profesional y el tema quedó ahí”, explicó.

La situación tomó otro cariz días después, cuando un colega se presentó en su estudio con una consulta clave: “¿Vos firmaste esto?”. Se trataba de una demanda supuestamente firmada por Chiapero, acompañada por un código QR. “En Santa Fe los escritos judiciales se presentan con firma digital, no con QR. Ahí supe que eso no era mío”, señaló en declaraciones al programa "De 10", que se emite por "LT10".

Firmas falsas y decretos apócrifos

Lejos de ser un hecho aislado, el engaño se profundizó. Otro abogado le mostró el mismo escrito falsificado y, además, un decreto atribuido a una jueza de Familia de Rafaela, con logos oficiales del Poder Judicial y nuevamente con una supuesta firma mediante QR. “Ahí la situación ya era gravísima”, afirmó.

Ante ese escenario, Chiapero decidió avanzar formalmente: como ya había iniciado actuaciones legítimas en el juzgado de familia, presentó toda la documentación y pidió que se diera intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA). El juzgado corrió vista y se abrió la investigación penal.

Mientras la causa avanzaba, aparecieron nuevas víctimas. Una mujer se presentó en su estudio para iniciar un trámite de familia y relató que había confiado su caso al supuesto abogado, quien la dilataba con excusas, le mostraba papeles y aseguraba que “ya estaba todo hecho”.

Cuando la damnificada concurrió al juzgado de Familia de Rafaela, allí detectaron que el expediente era falso y también dieron aviso al MPA. “A ella sí le había cobrado los honorarios”, remarcó.

Sin matrícula y con antecedentes inventados

Las sospechas se confirmaron cuando Chiapero habló directamente con la jueza interviniente. “Me dijo claramente: este hombre no tiene matrícula, ni en Rafaela, ni en Santa Fe, ni en Rosario”, relató. A partir de allí, comenzó a verificar los supuestos antecedentes laborales que el imputado exhibía incluso en redes profesionales como LinkedIn.

“Decía haber trabajado en un estudio jurídico de la ciudad de Santa Fe y en una empresa de Rafaela. Llamé al estudio y me dijeron que nunca había trabajado allí. Les advertí que se cuidaran porque esto iba a salir a la luz”, contó.

La investigación judicial terminó por confirmar que el hombre solo había aprobado 13 materias de la carrera de Derecho, nunca se recibió y, sin embargo, logró sostener durante meses una fachada profesional en una ciudad donde “todos se conocen”. “Uno no se pone a revisar la matrícula cada vez que recibe una carta documento”, reconoció Chiapero.

Estafa, confianza y daño emocional

Aunque Chiapero no fue víctima económica directa, sí sufrió la usurpación de su identidad profesional y la falsificación de su firma. “Yo no fui víctima pecuniaria, pero sí por la usurpación de mi firma”, aclaró. Según la causa, en las cuentas del imputado se detectaron movimientos por alrededor de 50 millones de pesos, producto de los cobros a clientes engañados.

El abogado estimó que el ejercicio ilegal se concentró a lo largo de este año, y explicó que muchas causas nunca existieron: “No hay nada iniciado. Era todo mentira. El ardid era sacarle dinero a la gente”.

Las maniobras incluyeron falsos trámites por tenencia de menores, cuotas alimentarias y asignaciones, todos inexistentes en el sistema judicial.

“Hay gente que no quiere hablar. Más allá del daño económico, están muy dolidos, porque confiaron”, concluyó.