Acusan a una funcionaria del Organismo de Investigaciones de pasarle información indebida a Sain

La Comisión de Acuerdos de la Legislatura examinará este martes el contenido de una investigación contra la jefa del Departamento Inteligencia zona sur del Organismo de Investigaciones (OI), Débora Cottichini, que puede suponer acciones indebidas, irregulares o incluso de índole dolosa que conectan con el actual director del OI Marcelo Sain.

Las eventuales acciones de este tipo surgen en la acusación que presentará la auditora general de gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, contra Cottichini. Según las evidencias del proceso disciplinario abierto, se le atribuye a la funcionaria haber pasado a Sain, cuando este era ministro de Seguridad de la provincia, información generada por el organismo donde trabaja, que tiene como objetivo realizar tareas de apoyo a los fiscales que investigan delitos complejos.

El proceso disciplinario supone que la funcionaria cumplió órdenes de Sain cuando éste, desde otro poder del Estado, recibió información desde el OI, que está bajo la esfera del Poder Judicial. Se trata de dos tipos de acciones las que según la auditora refieren faltas graves presuntas.

El primero es la utilización indebida de recursos del Estado que implicaba hacer trabajar a empleados del Organismo para satisfacer requerimientos del Ministerio de Seguridad. El segundo es la violación del deber de reserva ya que, según la auditoría, se reportaba información de tipo confidencial del Organismo por vía de whatsapp a otro poder del Estado.

El asunto que dio paso a la intervención de la Auditoría se desató cuando Sain renunció al Ministerio de Seguridad tras un pedido de juicio político presentado por la diputada nacional Lucila Lehmann y retornó al cargo de director del OI que había ganado por concurso en 2018. Ese día el subdirector del OI, Víctor Moloeznik, descubrió que la oficina de Cottichini había sido cerrada y vaciada de la documentación propia de sus labores. Frente a eso tomó declaración a ocho empleados del OI y ordenó una pericia sobre la computadora que utilizaba la funcionaria. Esa pericia detectó que la máquina había sido reformateada, es decir, desprovista de los archivos que almacenaba y que daban cuenta de la actividad propia de sus funciones.

Esa situación fue denunciada por Moloeznik y la fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren ordenó una pericia sobre esa computadora. Como un proceso paralelo se inició la revisión disciplinaria de la actuación de la funcionaria que es lo que mañana será analizado por los miembros de la Comisión de Acuerdos que encabeza el diputado radical Fabián Bastia. La auditora entregará la acusación en sobre cerrado.

Una de las investigaciones requeridas era un perfil de Ana Viglione, la exsecretaria de Delitos Complejos durante la gestión del gobernador Antonio Bonfatti. El testigo denunciante del OI que lo realizó reconoció que el contenido del trabajo que le habían encomendado sobre Viglione, se divulgó diez días después de terminado en un programa de C5N por el periodista Tomás Méndez.

Todo esto ocurre en base a hechos que según fuentes del MPA se pueden corroborar pero en medio de una virulenta campaña electoral. La acusación de la auditora recoge dos puntos contra Cottichini. Le atribuye en algunos casos pasarle investigaciones del OI a Sain y en otro hacer trabajar a empleados de ese organismo bajo directivas del exministro de Seguridad, que era el director del OI pero en uso de licencia.

Según fuentes del MPA, no hay en todo esto interceptaciones ilegales telefónicas, pero sí hay escuchas ordenadas judicialmente y procesadas por el OI que habrían sido pasadas a Sain. Una de ellas es una conversación interceptada entre un oficial de policía y el senador por San Lorenzo Armando Traferri.

Las faltas atribuidas a Coticchini son juzgadas por un tribunal disciplinario integrado por un miembro de un Colegio de Abogados, un fiscal regional del MPA, ambos de distinta jurisdicción que la persona acusada, y dos legisladores. Uno de ellos es el propio Traferri quien debería quedar al margen del tribunal si es que hay una escucha que lo involucra entre el material suministrado desde el OI a Sain.

Coticchini fue imputada por Vranicich en el proceso disciplinario desde la semana pasada. La representa como abogado en el trámite Juan Lewis, que fue ministro de Justicia en la misma gestión que su ahora defendida era subsecretaria de Asuntos Penales. Interviene la Auditoría del MPA porque es competente para evaluar el desempeño administrativo de alguien que ocupa el cargo de funcionario de un órgano del MPA. Por arriba de ese cargo, un director, ya es competente exclusivamente la Legislatura.