Antonio Bonfatti espera el llamado de Jorge Capitanich

Pese al anuncio del nuevo jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, de que convocará al gobernador Antonio Bonfatti a Buenos Aires para abordar distintos temas bilaterales, hasta ayer a la Casa Gris no había llegado ninguna invitación formal. “Sólo sabemos lo que dijo Capitanich en conferencia de prensa”, manifestó una fuente del Ejecutivo provincial ante la consulta de Diario UNO.

De todas maneras, en el gobierno del Frente Progresista hay expectativa en el diálogo que parece abrir el jefe de Gabinete y que podría servir para llegar a algunos acuerdos concretos en transferencia de partidas y de programas específicos. El propio ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, se mostró confiado en que el ex gobernador chaqueño tenga una mirada más federal de los problemas.

En tal sentido, es de recordar que el Ejecutivo provincial –antes con Hermes Binner y ahora con Bonfatti– reclama hace seis años que el Estado argentino compense el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Según el ministro de Economía de Santa Fe, la deuda ascendería a unos 3.000 millones de pesos pero también advirtió (hace 15 días cuando presentó el proyecto de Presupuesto 2014) que el FPCyS está dispuesto a revisar los números para determinar la cifra concreta.

Los fondos para construir viviendas sociales y la manera en que se definen y reparten obras de infraestructura en el territorio también son materia de conflicto. El gobernador se quejó en varias oportunidades de que el kirchnerismo no manda ni un solo peso para planes habitacionales a la provincia (o sólo lo envía a intendentes justicialistas) y que las obras públicas con recursos federales no se establecen en conjunto con Santa Fe, con lo cual a veces no se priorizan trabajos que son más importantes que otros para la población.

A todo eso se suma la necesidad de hacer operativo lo más rápido posible el Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad. La semana pasada Bonfatti firmó la adhesión de la provincia con el ministro de Seguridad nacional, Arturo Puricelli, y de inmediato su par santafesino Raúl Lamberto se puso a trabajar en los mecanismos de coordinación.

Otra situación problemática en la que se solicitará la participación o el arbitrio de la Nación está relacionada con el río Salado. Productores de Santiago del Estero construyeron un terraplén en el medio del curso de agua y eso provocó que comience a escasear el recurso en lindantes localidades santafesinas. Ya se hicieron los reclamos formales a la vecina provincia.

Además, Santa Fe aguarda que cuatro proyectos para llevar agua potable al norte provincial, electricidad en mejores condiciones, financiamiento a gestión de municipios y comunas y la reconversión de la cuenca cañera tengan el visto bueno de la Presidencia. Para todas estas obras, financiadas por organismos internacionales o federales, se necesita el aval de la Nación.

Por caso, falta la autorización para recibir un crédito de 51 millones de dólares del Fondo Kuwaití con el cual se terminará el acueducto Reconquista; lo mismo para un préstamo de 54 millones de dólares del BID-Birf que se utilizará en la reconversión de la cuenca cañera; un programa de mejoras de gestión municipal; y un préstamo del Banco Nación para que la EPE amplíe la Estación Transformadora Río Coronda y un programa de agua potable.

Por último, hay un litigio judicial entre ambos Estados en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de difícil resolución política. Santa Fe demandó al Estado argentino por la detracción del 15 por ciento de la coparticipación para financiar Ansés cuando el organismo previsional era deficitario. Ese acuerdo concluyó hace un par de años y ni siquiera lo renovó Jorge Obeid cuando fue gobernador por segunda vez.

Diálogo interrumpido

La pelea por los recursos económicos siempre fue uno de los temas más ríspidos entre Nación y Santa Fe desde la llegada del FPCyS a la Casa Gris. Allá por 2009 el ministro de Economía Ángel Sciara logró entablar un “diálogo técnico” con el secretario de Hacienda nacional, Juan Carlos Pezoa, que luego se diluyó hasta desaparecer por completo.

En aquel momento, septiembre de hace cuatro años, ambos Estados anunciaban la apertura de conversaciones para “analizar los números de la provincia y posibles vías de asistencia financiera”. Fue entonces que Sciara indicó que el desafío era “acordar los montos sobre los que uno (la provincia) insiste en que tiene derechos y la otra parte (la Nación) reconoce, aunque no en las mismas cantidades”.

Después de eso hubo una serie de cortocircuitos políticos, en un año electoral donde al Frente para la Victoria le fue muy mal, y el tan mentado diálogo técnico cayó en saco roto. Ninguna de las cosas que comenzaron a negociarse llegó a buen puerto: deuda de la Nación con la Caja de Jubilaciones y Pensiones, y la necesidad de cerrar el mecanismo de compensación de créditos y deudas entre la provincia de Santa Fe y el gobierno central.