Colapso en la justicia laboral: la provincia de Santa Fe registra más del doble de juicios que la media nacional

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe otorgó media sanción a un proyecto de reforma del sistema laboral que apunta a reducir la litigiosidad en casos de accidentes y enfermedades de trabajo. La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Martín Rosúa, con el acompañamiento de su par José Corral, y ahora deberá ser tratada en el Senado.

Según explicó Rosúa a UNO Santa Fe, la provincia atraviesa una situación crítica: la justicia laboral se encuentra colapsada y presenta niveles de conflictividad muy por encima del promedio nacional. “Santa Fe tiene 296 juicios cada 10.000 trabajadores, mientras que la media del país es de 133. Incluso tenemos la misma cantidad de accidentes que Córdoba, pero el doble de litigios”, detalló.

La alta litigiosidad implica que las empresas santafesinas paguen sobrecostos en ART por unos 100 millones de dólares anuales por encima del promedio nacional La alta litigiosidad implica que las empresas santafesinas paguen sobrecostos en ART por unos 100 millones de dólares anuales por encima del promedio nacional

Nuevo esquema de peritajes

Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de un cuerpo médico forense permanente, que dependerá del Poder Judicial. Este reemplazará el actual sistema de peritos individuales sorteados, con el objetivo de garantizar criterios homogéneos, transparencia y mayor previsibilidad.

“El nuevo esquema permitirá que el trabajador que tenga un derecho legítimo cobre más rápido, y al mismo tiempo evitará abusos del sistema”, sostuvo el legislador, al tiempo que reconoció que existen prácticas que generan una “sobrecarga artificial” en los tribunales.

Impacto económico y judicial

El proyecto también apunta a ordenar el sistema y reducir costos indirectos. Según los datos expuestos, la alta litigiosidad implica que las empresas santafesinas paguen sobrecostos en ART por unos 100 millones de dólares anuales por encima del promedio nacional.

Además, la reforma introduce modificaciones procesales para agilizar los tiempos judiciales, evitando la duplicación de instancias entre lo administrativo y lo judicial. En ese sentido, se establece que los reclamos deberán centrarse únicamente en los puntos en desacuerdo con dictámenes previos, lo que simplifica el trámite.

Cambios en los plazos y criterios

Entre otras medidas, se reduce el plazo para iniciar demandas judiciales: de los actuales dos años se pasará a 90 días hábiles desde la notificación del dictamen médico. También se busca reforzar la aplicación del baremo nacional, que fija criterios para determinar incapacidades e indemnizaciones, con el objetivo de evitar fallos dispares ante situaciones similares.

Próximo paso: el Senado

El proyecto fue debatido con distintos actores, entre ellos representantes sindicales, abogados laboralistas, cámaras empresarias y magistrados. Desde el oficialismo confían en que la iniciativa será aprobada también en la Cámara de Senadores en las próximas semanas.

“Es una ley que mejora el sistema, protege al trabajador y aporta previsibilidad. Sabemos que toca intereses, pero es necesaria para que la justicia funcione mejor”, concluyó Rosúa.