En la cuarta subasta de bienes decomisados organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), el Gobierno de Santa Fe recaudó $1.238.960.000, la cifra más alta desde que se implementó esta política. Los fondos serán destinados a reparar a las víctimas de delitos, financiar políticas sociales y autofinanciar la Aprad.
Con la última subasta, la provincia de Santa Fe alcanzó los $3.500 millones en bienes decomisados: qué fue lo más caro y lo más barato
Con el cuarto remate organizada por la Aprad, la provincia alcanzó la mayor recaudación desde que comenzó el programa en la actual gestión de gobierno
19 de septiembre 2025 · 09:14hs
gentileza
Se llevo a cabo la cuarta subasta de bienes decomisados al delito por parte de la provincia de Santa Fe
Récord de recaudación en Santa Fe
El acto fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro este jueves en la Estación Belgrano de Santa Fe, donde se ofrecieron 157 lotes de vehículos, inmuebles, joyas, celulares, materiales de construcción y electrodomésticos. Se registraron 3.910 personas inscriptas provenientes de las 24 jurisdicciones del país.
En las tres subastas anteriores se habían recaudado en total $2.326 millones: $451 millones en la primera, $700 millones en la segunda y $1.200 millones en la tercera. Con esta cuarta subasta, la recaudación total supera los $3.500 millones.
Los lotes más destacados
Lote 5: un inmueble en Funes que se vendió por $90 millones, fue el más caro.
Lote 65: joyas, vendidas por $19.500.000.
Lote 35: un celular, el artículo más económico, con una oferta ganadora de $110.000.
Lote 1: un Toyota SW4 modelo 2023 con 5.072 km, vendido por $60 millones, fue el vehículo más caro.
¿Qué es la Aprad?
La Aprad es la entidad del Gobierno Provincial que administra bienes y efectos secuestrados en causas judiciales vinculadas a delitos o contravenciones. Estos bienes pueden destinarse a uso social, ser entregados a la Policía, a instituciones educativas, asistenciales o penitenciarias, o bien rematados y en algunos casos compactados.
Esta política busca que los bienes incautados al delito sean utilizados en beneficio de la comunidad, convirtiéndose en recursos para la seguridad y el desarrollo social de la provincia.
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