Concurso de SanCor: la Justicia reconoció a más de 1.500 acreedores y expuso deudas millonarias en dólares y en pesos

El Juzgado Civil y Comercial de Rafaela dictó el pasado 27 de marzo de 2026 las sentencias de verificación de créditos en el concurso preventivo de SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL), una instancia clave dentro del proceso judicial que atraviesa la histórica empresa láctea.

Tras analizar 1.519 pedidos presentados por acreedores, el tribunal resolvió qué deudas son válidas, por qué montos y con qué prioridad de cobro, en el marco del procedimiento previsto por la Ley de Concursos y Quiebras.

En conjunto, el pasivo reconocido asciende a varios miles de millones de pesos y decenas de millones de dólares, distribuidos entre acreedores comerciales, entidades financieras, organismos fiscales, trabajadores y profesionales.

Este proceso de verificación de créditos implica que todos los acreedores que sostienen que la empresa les debe dinero deben presentarse ante la Justicia y acreditar la deuda. Con el análisis de la sindicatura —integrada por tres profesionales— el juez determina si el crédito es admisible y en qué condiciones será incorporado al pasivo concursal.

Acreedores comerciales y financieros

Entre los acreedores reconocidos aparecen proveedores y empresas vinculadas a la actividad comercial de la cooperativa. En general, los créditos que contaban con documentación respaldatoria suficiente fueron admitidos, mientras que otros fueron rechazados por falta de pruebas o por estar comprendidos en acuerdos previos ya cumplidos.

En el plano financiero, se verificaron reclamos de entidades bancarias, fideicomisos y fondos internacionales de inversión.

Uno de los casos destacados es el del fondo holandés BAF LATAM Trade Finance Fund B.V., que reclamaba cerca de 48 millones de dólares más intereses. El tribunal finalmente reconoció un crédito por USD 51.859.126,90, aunque sin las garantías sobre marcas e inmuebles que el fondo había constituido.

También se resolvió el reclamo del fondo IIG Structured Trade Finance Fund Ltd., en liquidación oficial en Islas Caimán, que había solicitado unos USD 34,5 millones. La Justicia reconoció el crédito por USD 34.476.796 más intereses, pero como acreencia ordinaria, ya que las garantías reales fueron consideradas inoponibles a los demás acreedores.

En tanto, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) fue reconocido con privilegio especial por más de 2.279 millones de pesos, respaldado por una prenda sobre la marca SanCor.

Reclamos fiscales millonarios

Entre los acreedores también figuran organismos fiscales nacionales, provinciales y municipales.

El reclamo más importante corresponde a ARCA (ex AFIP), al que se le reconoció un crédito por más de 23.607 millones de pesos en capital de impuestos, aportes y contribuciones, además de más de 25.235 millones en intereses y honorarios.

El tribunal además rechazó multas por 33,5 millones de pesos, al considerar que fueron impuestas mediante actos administrativos dictados después de la apertura del concurso.

Otro criterio aplicado por la Justicia fue la reducción de los intereses fiscales cuando resultaban excesivos, fijándolos en línea con la tasa activa del Banco Nación, bajo el argumento de que el propio Estado no puede aplicar tasas abusivas.

Situación de los trabajadores

En el caso de los trabajadores, 1.063 acreedores laborales se presentaron en el proceso, aunque 1.044 ya habían cobrado o tenían reconocido su crédito mediante el mecanismo de pronto pago, que permite percibir las acreencias con prioridad durante el concurso.

Por ese motivo, esas presentaciones fueron declaradas inadmisibles para evitar una doble incorporación al pasivo.

En cambio, otros 16 trabajadores obtuvieron el reconocimiento directo de sus créditos en esta sentencia, con montos que van desde poco más de un millón hasta más de 192 millones de pesos.

Honorarios y reclamos rechazados

También se presentaron abogados, contadores, peritos y asesores profesionales. En este caso, el tribunal priorizó la acreditación efectiva de los servicios prestados, rechazando pedidos basados únicamente en recibos o sin regulación judicial firme.

Entre los casos admitidos, cuatro abogados obtuvieron el reconocimiento de honorarios en dólares por gestiones vinculadas a ATILRA, OSPIL y AMPIL entre 2017 y 2024, por más de tres millones de dólares en total.

Asimismo, 59 acreedores fueron declarados inadmisibles por no haber presentado siquiera el escrito inicial de verificación, requisito indispensable para que el tribunal pueda analizar el reclamo.

Los próximos pasos del concurso

Las sentencias de verificación constituyen una etapa central del proceso concursal, pero no la definitiva. A partir de ahora, la sindicatura deberá elaborar el informe general previsto en el artículo 39 de la Ley de Concursos y Quiebras, que analizará la situación patrimonial global de la cooperativa.

Luego se abrirá la etapa de negociación con los acreedores para intentar alcanzar un acuerdo preventivo que permita reestructurar las deudas y evitar la quiebra.

Los acreedores, además, tienen plazo hasta el 7 de abril para solicitar aclaraciones sobre las resoluciones dictadas por el tribunal.

Intervención judicial y crisis operativa

En paralelo con las sentencias, el juez adoptó medidas para sostener el funcionamiento de la empresa en medio de su delicada situación financiera.

Por un lado, dispuso la prórroga de la coadministración judicial hasta el 30 de junio de 2026, por lo que la contadora Lucila I. Prono continuará supervisando la gestión de la cooperativa.

Entre los problemas detectados figura una deuda postconcursal superior a 6.349 millones de pesos al 31 de enero de 2026, que crece a un ritmo cercano a los 3.000 millones mensuales, además de retenciones impositivas y previsionales practicadas pero no depositadas.

El tribunal también intimó al Consejo de Administración a presentar el balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025 y convocar a la asamblea ordinaria, bajo apercibimiento de ser removido y reemplazado por un administrador judicial.

Además, ante el vencimiento del fideicomiso que administraba los fondos operativos de la empresa, el juez autorizó la apertura de una cuenta corriente especial en el Nuevo Banco de Santa Fe, protegida de embargos individuales.

La medida busca evitar que cautelares aisladas de acreedores afecten el giro operativo de la empresa y precipiten una quiebra, en un contexto de agravamiento extraordinario de la crisis de la histórica cooperativa láctea.