La Asociación Civil Incluime alertó sobre los plazos insuficientes para que más de 7.000 personas en la ciudad de Santa Fe recertifiquen su condición de discapacidad, un trámite obligatorio para mantener sus pensiones no contributivas y otros beneficios sociales.
Demoras en la certificación de discapacidad ponen en riesgo beneficios sociales de más de 7 mil santafesinos
Una auditoría nacional exige la recertificación de discapacidad. Preocupan las demoras en estudios médicos y el riesgo de perder no solo la pensión, sino también beneficios clave como centros de día y transporte.
18 de marzo 2025 · 15:11hs
Una auditoría realizada por nación obliga a los beneficiarios a tener que recertificacar su condición de invalidez
La situación se desencadenó tras el envío masivo de cartas documento por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, que exige la presentación de certificados médicos y historias clínicas a partir de los primeros días de abril.
Mariela Peña, referente de Incluime, expresó su preocupación por la imposibilidad de cumplir con los plazos establecidos. "Estamos hablando de más de 7.000 cartas documento solo en Santa Fe, y en localidades más pequeñas como San José del Rincón, 500. Son números muy altos, y muchas familias están desesperadas tratando de obtener los certificados médicos y las historias clínicas", detalló en declaraciones al programa "De10", que se emite por "LT10".
Efectores públicos saturados
Peña explicó que, si bien los estudios pueden realizarse tanto en el sistema público como privado, la mayoría de los beneficiarios no cuenta con los recursos económicos para acceder a clínicas privadas.
"Aquellos que cobran la pensión son personas con discapacidad cuyo beneficio no supera los $270.000 y no tienen cobertura de salud privada. Por lo cual esa gente no puede afrontar los costos de una evaluación en el sistema privado", afirmó.
Además, destacó que la red de salud pública ya se encuentra saturada. "La demanda ya era alta, pero ahora se suma esta situación. Conseguir turnos para resonancias, tomografías o ecografías es casi imposible, y los plazos son muy ajustados", agregó.
Beneficios en riesgo
La pérdida de la certificación no solo implicaría la suspensión de la pensión no contributiva, que representa el 72% de la mínima, sino también la cobertura de prestaciones esenciales como centros de día y transporte.
"Lo más importante no es solo la pérdida del dinero, sino los servicios que dependen de esa pensión. Es un golpe muy duro para el colectivo de personas con discapacidad", señaló Peña.
Ante esta situación, Incluime insta a los beneficiarios a presentarse en los turnos asignados, incluso si no cuentan con toda la documentación requerida. "Es una obligación, no una opción. Pedimos que asistan, soliciten constancia de su presencia y, en caso de no poder cumplimentar los requisitos, inicien acciones colectivas para defender sus derechos", explicó la referente.
Para acompañar a las familias afectadas, Incluime está realizando operativos territoriales con equipos interdisciplinarios. "Estamos brindando asesoramiento y apoyo, especialmente a personas con discapacidad intelectual que necesitan ayuda para entender el proceso", indicó Peña. El próximo operativo se realizará este jueves en calle Gutiérrez y Aristóbulo del Valle, en Santa Fe.
"Las personas pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, como "Incluime Santa Fe" en Facebook, o buscarme personalmente como Mariela Peña. Estamos aquí para ayudarlos", concluyó.
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