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Denuncia penal contra los arzobispos de Santa Fe y Rosario

Es por la presentación que hizo la Iglesia Católica en Santa Fe de un "sistema" para radicar denuncias en el Arzobispado de abuso sexual dentro del ámbito eclesiástico. Reclaman que el lugar para denunciar es en el Poder Judicial y en el Ministerio Público de la Acusación

Miércoles 08 de Julio de 2020

Este domingo los arzobispos de Santa Fe, Sergio Fenoy, y de Rosario, Eduardo Eliseo Martín, fueron denunciados penalmente luego de dar a conocer a través de una comunicación que en la arquidiócesis local se estableció un sistema para presentar informes sobre "sospechas fundadas y/o denuncias sobre casos de abuso sexual contra menores y adultos vulnerables, por parte de clérigos y consagrados, y del encubrimiento de los mismos".

La denuncia la radicó el abogado Carlos Ensinck de manera online desde la ciudad de Rosario, y este miércoles tuvo reuniones con representantes del Ministerio Público de la Acusación en esa localidad. La presentación judicial, según el letrado, se basa en que "el organismo para recibir denuncias por delitos es el Estado, específicamente el Poder Judicial y las fiscalías" y que "no hay otro lugar en el que se reciban denuncias, justamente con la gravedad de un caso de abuso sexual, encubrimiento y demás que no sea el Estado", dijo a UNO Santa Fe.

En el documento eclesiástico se detalla que se instituyó para el funcionamiento del "sistema", como responsable de recibir esos informes a Alicia Ramonda de Vogliotti y como asistente a la abogada María José Gaggiamo de Pane. Desde el Arzobispado se describió también que "los informes que involucren a laicos que desarrollen tareas en ámbitos eclesiales como presuntos autores, si bien no están contemplados en el motu proprio, igualmente se recibirán a los efectos de informar a las autoridades correspondientes”. Se llamó a hacer los "informes" de manera escrita para entregarlos por mail o en carta, para que luego las personas denunciantes sean citadas "para ratificar su denuncia o declaración".

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Al mismo tiempo, desde el Arzobispado se explicó que "los informes" deberán tener ciertas características específicas: "Contendrán los elementos de forma detallada, como indicaciones del tiempo y lugar de los hechos, de las personas involucradas o con conocimiento de los mismos, así como cualquier otra circunstancia que pueda ser útil para asegurar una valoración precisa de los mismos. En todos los casos, los hechos o sospechas denunciadas deben estar fundadas. Deberán estar firmados, con número de DNI y un teléfono o dirección de correo electrónico".

"Atribuirse una facultad del Estado está previsto como delito", sostiene Ensinck en advertencia y agrega: "No me interesa generar más nada que eso, solo que las denuncias que se tomen sean en el Poder Judicial donde hay un código previsto, garantías constitucionales, procedimientos, derechos, obligaciones que en otro lugar no hay. Básicamente las denuncias se tienen que realizar en el Poder Judicial y no en otro ámbito".

Ensinck además detalló que la denuncia es hacia los arzobispos, que son quienes firman el documento, y también al Arzobispado. "Las personas físicas son los arzobispos, y la jurídica es el Arzobispado. Por eso está encuadrado sobre las personas físicas del arzobispo. Son dos denuncias", apunta.

"En realidad esto se va a replicar en todo el país. Tienen una estructura verticalista, que no se corresponde con un Estado de derecho, no hay división de poderes en la Iglesia, ni publicación de los actos. Entonces dentro de esa estructura que no se corresponde con un Estado de derecho no deberían tomar ni fomentar que se haga ahí ninguna denuncia. Esto salió publicitado como si fuera algo normal. Dispusieron que haya un correo electrónico para el canal de denuncias y nombrar gente para que los asesore", concluye.

Viejas mañas

Si bien la presentación de este "sistema" es una novedad, las denuncias de abuso sexual dentro del sistema interno de la Iglesia es una práctica que ya se realiza. Generalmente lo que sucede es que los creyentes, al sentirse vulnerados en sus derechos, tratan de buscar justicia dentro del ámbito en los que se convirtieron en víctimas, o los referentes eclesiásticos que detectan los abusos les sugieren a los damnificados ir primero por esa vía. En más de una ocasión ha quedado expuesto que las intenciones de "colaborar" con las investigaciones quedan teñidas de intentos de encubrimiento.

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Uno de los casos más recientes es el del cura Néstor Monzón en la ciudad de Reconquista, condenado a 16 años de prisión por el abuso sexual a dos niños de tres años. Cuando los abusos fueron detectados, la madre de uno de los menores comenzó un juicio canónico al mismo tiempo que hizo la denuncia penal que siguió el curso que finalmente les trajo algo de justicia a las víctimas. La asesora legal del obispado, Gabriela Contepomi, lo llamó por teléfono a Monzón para advertirle que lo estaban investigando y le dijo "borrá todo". La conversación quedó grabada y ahora la mujer deberá enfrentar un juicio oral por "encubrimiento agravado del delito de abusos sexuales gravemente ultrajantes". Le sugirió que elimine toda posible prueba que pueda generar compromiso a cualquier persona de la Iglesia, y que en caso de ser citado a tribunales actúe como que no sabía nada. Incluso se escucha cuando le sugiere que haga "acting" de sorpresa. El celular del sacerdote estaba intervenido por orden del juez y por eso quedó todo grabado. Se puede escuchar el audio haciendo clic aquí en Reconquista Hoy.

Otro caso es el de R. M., que pudo formular la denuncia eclesiástica por abuso sexual que sufrió a los 16 contra Luis Alberto Brizzio dos décadas después de los hechos. Brizzio por esos tiempos se desempeñaba como vicario de la parroquia en la ciudad de Gálvez y era coordinador del grupo de Acción Católica al que el adolescente asistía. Con los plazos vencidos para poder realizar acciones legales de carácter penal en el Poder Judicial, buscó apoyarse en la fe que tenía en la institución para alcanzar algún tipo de justicia. Sin embargo, con los meses, las oscuras tramas para acceder a respuestas se fueron haciendo cada vez más visibles.

Las primeras reuniones se dieron con el entonces obispo, Edgardo Storni, en Santa Fe, a través del contacto que ejerció el cura Daniel Achkar, quien fue el párroco de Gálvez y una de las primeras personas a quien el muchacho le contó lo que le estaba pasando. Ya bajo el mando del arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, se abrió una investigación canónica a cargo del vicario González Grenón sobre el caso. R. M. recibió una respuesta negativa de la Congregación de la Doctrina de la Fe, de Roma, en la que le notificaron que "analizadas las actas de la investigación previa, se concluye que al producirse el hecho era mayor de edad". El denunciante dijo a UNO Santa Fe: "Es una barbaridad una aberración, y si así hubiera sido había una relación de desigualdad y de poder diferente. Es un abuso total de parte del sacerdote sobre un laico en cualquier situación, en cualquier edad, la que fuera. En lo que describen, no niegan el hecho, solo que yo era mayor de edad".

Ni R. ni su familia pudieron saber jamás qué fue lo que investigó la Congregación de la Doctrina de la Fe: "No me dieron acceso a ninguna información sobre qué declararon las personas que ellos entrevistaron. Me negaron las copias. Cuando recibí la notificación de la resolución lo llamé a Grenón para preguntarle cómo podían hacerme esto, no podía creer que actuaran en complicidad con Brizzio. Y entonces hasta me amenaza y me dice «más vale que no me llegues a nombrar, ni vos ni tu abogado en ninguno de los medios porque nos vamos a ver en los tribunales». Ese es el interés que tiene esta gente por las víctimas. Ahí me cerró todo: los tan buenitos no lo eran tanto. Nos hicieron ir a todos a Santa Fe a declarar, a contar esta versión de la historia para que después digan acá no pasa nada para que no se publicara, y quedara en la nada todo. Grenón fue compañero de seminario de Brizzio, se conocen entre todos", relató el hombre.

Incluso aún hoy al navegar las páginas oficiales de Acción Católica en Argentina (ACA) se pueden encontrar distintas informaciones en relación a lo que implica ser un militante –término que se utiliza internamente– dentro de la organización.

Haciendo clic aquí se puede descargar un material"preparado por las Comisiones de Aspirantes de ACA y Jóvenes conjuntamente con Ignacio Del Castillo" con "precauciones de tipo legal" que deja ver las estructuras básicas de una organización que se preocupa por proteger a los adultos que trabajan con niños sin profundizar en la desigualdad de poder entre los grupos etarios: "Niños y jóvenes son incapaces de defenderse y de responder por sí mismos ante la sociedad y la ley. Por este motivo, quienes trabajamos con menores de edad somos más vulnerables a las miradas de los demás. Por eso pretendemos presentar una serie de normas de conducta que pretenden proteger a nuestros menores, al mismo tiempo de resguardarnos de reproches y demanda por cualquier daño que reciban", es uno de los ejemplos que se puede leer en ese documento.

Al mismo tiempo se sugiere: "Todo reporte sobre una conducta sexual inadecuada de un delegado, debe ser comunicado inmediatamente al consejo parroquial y al consejo diocesano", pero no se indica llamar a especialistas, autoridades estatales, ni comunicarse con un centro oficial de denuncias o las fuerzas de seguridad.

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