Concejales santafesinos del justicialismo y dirigentes de la CGT regional, encabezada por Claudio Girardi, acordaron promover un Observatorio del Transporte de Colectivos en la ciudad capital con el objetivo de analizar el funcionamiento del servicio. La decisión surgió después de que el oficialismo, a instancia de un pedido del intendente José Corral, autorizara un aumento de boletos que opera a partir de este domingo.
Desde la CGT y el PJ proponen control “popular” del transporte
La idea es “involucrar al conjunto de la ciudadanía” en la definición de políticas públicas que ayuden a mejorar el sistema de ómnibus. Así lo indicó la edila del PJ, Silvina Frana, quien estuvo acompañada de su colega Juan José Saleme en el encuentro que se realizó este sábado en la sede de la central obrera. En dicha reunión también estuvieron presentes representantes de varios sindicatos y vecinos de ese distrito.
“Hay que decir que el incremento del precio del boleto, que principalmente afecta a la clase trabajadora y a los estudiantes, fue por culpa del intendente José Corral y de todos sus socios”, manifestó Girardi. En ese contexto, se desarrolló el debate para crear un “observatorio popular” que controle los pasos del municipio en todo lo relacionado al transporte de pasajeros.
Según lo acordado, durante esta semana sesionará por primera vez el observatorio en una reunión –con fecha y hora a definir– que se concretará en barrio El Pozo. “Tenemos que involucrar a todos los vecinos. Esto no es algo del movimiento obrero o del Partido Justicialista, sino de todos los ciudadanos de Santa Fe que ahora se verán afectados en sus ingresos, en sus salarios”, añadió el titular de la CGT local.
En cuanto a los pasos a seguir, Saleme dijo que se exigirá “la licitación” del sistema de colectivos urbanos; luego se buscará cambiar la constitución del órgano de control –para que estén representados los usuarios– que hoy funciona en materia de transporte y, por último, quieren que la determinación del precio del boleto sea una potestad del Concejo Municipal, no del Ejecutivo.
A su vez, recordó que mientras el transporte no se licite, el Estado municipal seguirá preso de los empresarios, ya que hoy no están claras las herramientas jurídicas con las cuales amortiguar algunos planteos por parte de los privados.
Por caso, acotó que el conjunto de las empresas de colectivos adeudan unos 10 millones de pesos al Gobierno de la Ciudad en materia de multas por distintos incumplimientos e infracciones en el servicio. Sin embargo, explicó que hoy no lo pueden cobrar porque no existen reglas claras respecto de la prestación. Al respecto, cree que el observatorio ayudará a que la ciudadanía cuente con más información y se involucre en el debate, porque “solo así se podrán cambiar algunas cosas”.
En tanto, Silvina Frana pidió que “las facultades para discutir el precio del boleto vuelvan al Concejo Municipal”, o sea que el oficialismo (que tiene mayoría en el Concejo) derogue la ordenanza que delega esa posibilidad de retocar las tarifas en el intendente. “Le queremos decir a la población que el bloque de concejales justicialistas votó en contra de este nuevo incremento. Entre todos debemos trabajar para transparentar el sistema de transporte urbano y, por eso, el primer paso que se tiene que dar es la licitación del servicio”, concluyó.
Por último, vecinos de barrio El Pozo señalaron que lo que ocurre con los colectivos es “tan discrecional” que a ellos les quitaron el ingreso de la Línea 2 en esa zona de la ciudad y “el intendente convalidó ese cambio. Hemos pedido audiencias y nunca nos atendieron; en el barrio es mucha la gente que utiliza el servicio y pese a las promesas, hoy no se respetan ni la cantidad de coches ni las frecuencias. Es un espanto”, relató una mujer del Fonavi.
El actual ente de control
Cabe mencionar que la ordenanza Nº 11.580 regula, desde 2009, las condiciones de prestación del servicio de transporte público de pasajeros por colectivos. En su artículo 16 delega al Departamento Ejecutivo Municipal la potestad que le fuera propia al Concejo Municipal, de proceder a la redeterminación de las tarifas, pero también exige la emisión de un dictamen previo del Órgano de Control del Sistema de Transporte Público de Pasajeros por Colectivos.
Algunos de los mandatos de ese cuerpo habían fenecido y el jueves 21 de agosto la mayoría oficialista en el Concejo aprobó la designación de Juan Francisco Jaurena (que renovó) en el actual Ente de Control. La oposición lo rechazó de plano porque entendía que una vez logrado el quórum en el mencionado órgano, este iba a ser funcional al aumento del boleto de pasajeros que pidieron al municipio las empresas Grupo Autobuses Santa Fe, Recreo SRL, Continental SA y Ersa Urbano SA.
Luego de varios días de declaraciones cruzadas entre dirigentes del Frente Progresista y el PJ, el viernes pasado desde el Órgano de Control del Transporte Público de Pasajeros por Colectivos se informó que la variación de costos supera el 5% previsto por el artículo 16 de la ordenanza Nº 11.580, dictaminando por mayoría que el Departamento Ejecutivo Municipal podrá proceder a la redeterminación de la tarifa para el sistema de transporte urbano por colectivos”.
En términos formales, el oficialismo dio todos los pasos previstos en las normativas vigentes, pero desde el punto de vista político la oposición elevó sus quejas porque entiende que el intendente tiene amplias facultades para aumentar el boleto, cuando debieran ser los ediles los que definan las tarifas a partir de los estudios de costos. Cuántos boletos cortan las empresas es un dato que el PJ dijo desconocer.












