Deuda con Santa Fe: ¿podría Nación alegar insolvencia?

El gobernador Miguel Lifschitz presentó esta mañana, tal como fue anunciado esta semana, un escrito ante la Corte Suprema de Justicia para que el máximo tribunal intime al Ejecutivo nacional por el pago de la deuda por coparticipación durante los años del kirchnerismo que tiene fallo firme desde noviembre de 2015.

Luego de ingresar la presentación, el mandatario admitió que fue "demasiado ingenuo" al confiar que el gobierno nacional cumpliría con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba pagar a Nación y daba un plazo de 120 días para que las partes se pusieran de acuerdo en el monto y la forma de pago. Pasaron casi tres años de la decisión del tribunal y luego de muchas idas y venidas, Santa Fe sigue sin poder cobrar la acreencia.

En contacto con UNO en la Radio (lunes a viernes de 16 a 18 por FM Sol, 91.5 Mhz), el fiscal de Estado, Pablo Saccone, fue consultado sobre el tiempo que podría tomar a la Corte una nueva decisión respecto de cuándo, cómo y cuánto pagará Nación en virtud de que la presentación que realizó Santa Fe en 2009 recién tuvo fallo favorable en 2015.

En ese sentido, el fiscal de Estado estimó que la espera en este caso será menor. “Nosotros hacemos hincapié en el escrito acerca de los tiempos, de la importancia económica e institucional del asunto para que los plazos procesales sean lo más estrictos posible y no nos vuelva a pasar, no ya digo seis años, esperemos que no pasen ni seis meses. Los años se van acumulando y la deuda también”, explicó.

“Si bien entendemos que la Corte maneja sus propios tiempos, estamos destacando ante el tribunal que esto tenga una pronta resolución”, agregó.

—¿Podría Nación alegar insolvencia?
—Entendemos que no. Yo soy abogado de la provincia y no querría entrar en consideraciones políticas, pero me parece que cualquier principio republicano manda que se tengan en consideración las decisiones de otro poder y que la administración nacional esté sometida a las decisiones de los tribunales como está cualquier ciudadano común. Por otro lado, también sería importante que el Estado Nacional honrase sus deudas y que nos pusiese por lo menos en la misma situación que cualquier acreedor externo.

“Es una decisión de los tribunales que tendría que ser honrada por la administración nacional. Así que esperemos que primen estas consideraciones que son de naturaleza institucional. Es importante el equilibrio de los poderes y que las decisiones de la Corte se obedezcan y que los poderes ejecutivos se sientan constreñidos por las decisiones de los tribunales y que se pueda llegar a un buen acuerdo”, añadió.