Según el informe de gestión general del Ministerio Público de la Acusación del primer semestre del 2019, se registraron en todo el territorio de la provincia de Santa Fe 354 víctimas de homicidios a lo largo de 2018. Esta cifra implica un crecimiento del 16,8% en comparación con 2017 (303), aunque no llega a la cantidad observada para 2016 (380). Y, entre enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2018, se registraron 5.324 víctimas de homicidios dolosos en la provincia. El número más elevado tuvo lugar en 2014, con 460 víctimas de homicidios.
"El 90% de las víctimas de homicidio son varones que viven lejos del centro de la ciudad"
Por Bárbara Favant
Una ola de violencia dejó la semana pasada siete asesinatos en siete días, entre ellos un femicidio. El primero, el 13 de septiembre, murió a balazos Juan Pablo Álvarez(34) en barrio San Lorenzo; Cecilia Burgadt (42) fue hallada el sábado pasado asesinada por un hombre que conocía en el marco de violencia de género física, económica y patrimonial, después de estar desaparecida más de un día; Mauro Navarro (24) fue asesinado a puñaladas en barrio San Agustín II ese mismo sábado; el domingo 15 asesinaron en barrio Liceo Norte a Hernán Aguirre a balazos; en Santa Rosa de Lima mataron a Ernesto Gabriel Benítez(24) a puñaladas el pasado domingo; Julio Cabal (29) fue ultimado de un tiro en un asalto en su local comercial en la zona centro el martes; y el último caso fue el de Maximiliano Olmos(25) a quien asesinaron de dos balazos para robarle la moto en barrio Mariano Comas el pasado viernes.
En este contexto, con la muerte de Cabal, la sociedad santafesina se manifestó con una marcha y concentración histórica que reunió a miles de personas que avanzaron por calle Urquiza hasta el Ministerio de Seguridad. Para entender este fenómeno y a qué se debe el aumento de homicidios en tan poco tiempo, UNO Santa Fe consultó con una especialista en criminología, Luciana Ghiberto, que es Magíster en criminología, docente de Sociología y parte del Programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y becaria en IHuCSo UNL Conicet.
—¿Cómo se interpreta la escalada de violencia en tan poco tiempo?
—Los homicidios por robo son una forma de violencia extrema, preocupante y grave, pero no son la forma de homicidio más frecuente en nuestro contexto. El causal de muerte más alto en la ciudad de Santa Fe son los enfrentamientos armados en los cordones de la ciudad. Y alrededor del 90% de las víctimas son varones, que tienen entre 19 y 30 años de edad, y que viven lejos del centro de la ciudad. Esas muertes muchas veces aparecen solo en la sección de policiales y no suelen tener ecos en los medios de comunicación ni marchas multitudinarias que piden por la vida de esos chicos. Desde la sociología nos interesa hacernos preguntas sobre los índices de violencia social siempre, no solo cuando hay algún hecho de mucha resonancia. Esto es algo difícil de decir en momentos donde hay familias que están atravesando el dolor inconmensurable de una pérdida, pero partiendo de ese respeto, desde las ciencias sociales hacemos el esfuerzo de pensar los fenómenos sociales más allá de casos particulares.
—¿Cómo se entiende la manifestación del miércoles en pedido de justicia y más seguridad por Julio Cabal y por qué este caso fue diferente?
—Es tremendo decirlo, pero hemos comprobado que hay algunas imágenes de víctimas que “prenden” más en el imaginario social, que generan más indignación que otras, lo que demuestra que para el sentido común, o para los medios de comunicación que pueden vender más noticias con ciertos casos, pareciera que hay vidas que valen más que otras. Y especialmente es un problema que al dolor de las familias de las víctimas muchas veces “se montan” lo que en criminología se denomina “pánicos morales". En el caso de Julio Cabal fue claro: en las puertas de tribunales quedaron pegados después de la marcha por su muerte dos carteles, uno pedía por mano dura y otro tenía una frase directamente eugenésica que decía “Desinfectemos Santa Fe ya” con una imagen de dos personas robando una cartera desde una moto. Y la madre de Julio fue contundente con el mensaje de que su hijo no hubiera querido mano dura porque quería la igualdad de oportunidades, y es realmente admirable que en un momento de dolor tan profundo su testimonio no se transforme en un discurso de odio, que es para donde se orientan muchas veces estos discursos, o hacia donde los medios de comunicación o ciertos actores institucionales interesados en movilizar recursos hacia esos lugares impulsan esos discursos.
"Porque también la violencia se puede explicar a partir del daño en el tejido social y del aumento de la desigualdad. En un contexto de crisis económica, de aumento de los niveles de pobreza e indigencia, en el cual los niveles de desempleo de personas de hasta 29 años superan el 20% en la ciudad de Santa Fe, estamos hablando de una sociedad con el tejido social dañado. Más pobreza no significa necesariamente más delito, se ha comprobado en distintos momentos de la historia. Pero es necesario pensar los factores sociales que brindan a los sujetos posibilidades de realizarse, de permanecer en la escuela, de crear identidades vinculadas al trabajo, de tener proyectos que no impliquen poner en peligro su vida y la de otros sujetos".
"También puede ser entendible que el miedo al delito común en los comerciantes aumente en un momento en el que sus negocios familiares estén generando menos ganancias, y que hay comercios que están cerrando. Las crisis económicas también generan malestares y ansiedades que se ordenan cuando se detecta un “otro” que funciona como el chivo expiatorio de todos los males sociales. La imagen del “pibe chorro” (joven, que viste ropa deportiva y vive en los barrios alejados del centro), por ejemplo, en Argentina ha resultado muy productiva en ese sentido, intermitentemente desde mediados de los años 90", afirmó.
—¿De qué manera se puede tanto desde los distintos poderes del Estado como desde la comunidad prevenir el delito? Y, ¿podría ser suficiente atender el reclamo social por más seguridad?
—Por eso siempre que escuchamos “seguridad”, hay que hacer el esfuerzo de pensar en un concepto más integral de seguridad. Inseguridad también puede ser perder el trabajo y no saber si podés mandar a los chicos a la escuela con zapatillas. En cambio en nuestro contexto la discusión política sobre la “inseguridad” se dispara a partir de un hecho conmocionante, los medios hacen mucho eco de ese caso, y los actores institucionales toman medidas poco pensadas, novedosas y efectivas; más autos de policías o entrenar menos tiempo a agentes policiales para que se reciban más rápido no genera más seguridad. Es muy difícil discutir sobre un problema tan complejo y que requiere políticas públicas a largo plazo al calor de la indignación que produce algún hecho en particular. El Estado tiene que poder generar información válida y confiable sobre los mecanismos que está estableciendo para controlar el delito y poder tomar decisiones informadas sobre estos problemas.