El Colegio de Trabajo Social expresó su preocupación por el nuevo Código Penal Juvenil: "Es un retroceso"

El Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Santa Fe emitió un comunicado expresando su "preocupación" ante la media sanción al nuevo Código Penal Juvenil. El proyecto, que será debatido por la Cámara de Diputados este jueves con grandes chances de convertirse en ley, estipula la disolución de los juzgados de menores y que sean los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) quienes investiguen a los menores que cometen delitos. Ante esta posibilidad, el Colegio manifestó su rechazo y advirtió que "redundará en mayor criminalización y prisionización".

"Tenemos en el Colegio muchos colegas que tienen trayectoria en la Justicia Penal de Santa Fe, y junto a ellos evaluamos la nueva ley y hubo un consensos en que esta ley constituye un retroceso. Lo que vemos es que no se toma en consideración las cuestiones sociales que afectan a estos adolescentes y a toda la sociedad. Si bien garantiza el proceso judicial, no garantiza intervenciones previas de trabajadores sociales. No prevé qué va a pasar con estos adolescentes, cómo se va a trabajar su reinserción en la comunidad", expresó a UNO Santa Fe la presidenta del Colegio, Gabriela Díaz.

"Esta alternativa debilita las interdisciplinas. No hay garantías de recursos para trabajar, no se va a convocar a nuevos profesionales, no se amplían las políticas públicas para trabajar con estos adolescentes", agregó.

Díaz criticó que los trabajadores sociales de Santa Fe "no fueron convocados a la Legislatura a debatir o discutir la nueva ley", y "lamentó" que ocurra "en la provincia de Santa Fe, que siempre ha garantizado derechos".

Detalles

Durante la sesión que aprobó el proyecto en el Senado, el legislador Lisandro Enrico -impulsor de la medida- expresó que "se cumple con una necesidad de la Justicia de Santa Fe. La Justicia de menores de Santa Fe es un auto fundido que no arranca ni camina, un sistema obsoleto que genera impunidad e insatisfacción de la sociedad"

Enrico puntualizó que "el delito juvenil ha crecido muchísimo en los últimos años", y recordó que "Argentina y Cuba son los países con la edad de punibilidad más alta, a partir de los 16 años".

Al explicar el contenido de la ley, el legislador subrayó que "se incorpora algo que no estaba previsto en anteriores versiones, que es la participación de la víctima".

"La víctima de un delito cometido por menores hoy no tiene participación. Nos tocó vivir un caso tremendo, donde un menor de 17 años con siete causas penales abiertas en Rosario trepó un primer piso, entró a un departamento y para robarle a un joven lo mató horriblemente. Se inició un juicio penal, y cuando la jueza le dio una pena baja para un delito que es de cadena perpetua, la jueza no escuchó a la víctima. Ni a los padres, ni a los hermanos, pero sí le envió una carta al asesino. Eso generó un quiebre en el departamento General López. Nunca los escuchó, y dijimos nunca más una justicia como esta", contó.

El senador radical enfatizó que "la víctima participa cuando se va a imputar, cuando se dicta la sentencia, para medida cautelar. Se la tiene que escuchar con empatía. Es un derecho y no una obligación. Queremos una justicia con perspectiva de víctima".

Desde la Cámara señalaron que actualmente solamente hay 82 menores detenidos en Rosario, 16 en Santa Fe, y que esto evidencia que "la Justicia de menores de a poco fue perdiendo eficacia y funcionalidad social, y los juzgados están desbordados".

Enrico recordó que, bajo la ley actual, una persona de menos de 16 años que comete un delito grave como un homicidio o violación, debe ser reintegrada a su casa. Con las modificaciones al Código, se establecerá un proceso penal que involucre a jueces. Si el fiscal, con apoyo de la secretaria de Niñez, solicita que el menor sea llevado a una comunidad terapéutica para ser abordado, el juez deberá resolver y expedirse al respecto.

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El comunicado completo

"El Colectivo Profesional de Trabajo Social representado por el colegio expresa su preocupación por la media sanción en la legislatura de la Provincia de Santa Fe al proyecto de Ley que constituye un retroceso en las intervenciones sobre ciudadano/as menores de edad involucrados en situaciones de conflicto penal. Este retroceso sucede en una Provincia que cuenta con una muy rica historia en la materia. Entre otros aspectos, pretende bajar la edad de imputabilidad lo que, en la práctica, constituye una baja encubierta de la edad de punibilidad que redundará en mayor criminalización y prisionización de estos conflictos. Esto sucede en el marco de un Estado de Derechos que tiene instituido con rango constitucional todos los pactos de derechos humanos con rango constitucional en nuestra país, y una legislación acorde entre las que se encuentra la Ley 26061 (2005) y Ley Provincial 12967 (2010). La discusión jurídica nacional e internacional, más la teoría social, muestran el fracaso de estas tendencias que aparece reflejada en la iniciativa del Senador Enrico, contribuyendo a vulnerar derechos adquiridos por los adolescentes e intenta modificar la institucionalidad pública. La iniciativa debilita la presencia interdisciplinaria y, especialmente, la de Trabajo Social en relación con la referida historia santafesina en perspectiva de derechos. En tanto voz del Estado la legislación, para cumplir con sus objetivos, debe -como condición sine qua non- fortalecer la cuestión presupuestaria en la materia antes que, como se jactan en algunos de sus fundamentos, decir que se transforma "con los mismos recursos". Estamos, claramente, ante una iniciativa destinada a fracasar por estas y muchas otras razones, entre las que se encuentra la ausencia de referencias empíricas que refuten nuestros cuestionamientos."