El pasado viernes hubo 65 denuncias por amenazas en establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe registró el pasado viernes 65 denuncias por amenazas en establecimientos educativos de todo el territorio provincial, una cifra que refleja la escalada de intimidaciones registrada en los días siguientes al hecho ocurrido en San Cristóbal. Así lo informó el ministro Pablo Cococcioni, quien señaló que el fenómeno obedece a una dinámica conocida: cuando ocurre un hecho conmocionante, suele desencadenarse un "segundo capítulo" de llamadas, notas y mensajes que, aunque en muchos casos son percibidos como bromas, son tratados con toda la gravedad institucional.

"Desde el Estado se toma esto con la mayor seriedad", afirmó Cococcioni.

El funcionario distinguió dos problemáticas que, si bien están vinculadas, requieren abordajes diferenciados. Por un lado, la violencia generada a través de comunidades digitales —el fenómeno que tuvo como antecedente el caso San Cristóbal— que se trabaja de manera conjunta con el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Por otro, la oleada de amenazas puntuales que proliferaron en los últimos días, cuyo origen y motivación no siempre apunta a una intención real de concretar un ataque.

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Operativos

Ante cada hecho con apariencia delictiva, las fuerzas de seguridad actúan en coordinación con la Fiscalía y llevan adelante procedimientos que incluyen detenciones, aprehensiones, allanamientos y secuestro de celulares y dispositivos electrónicos. Sin embargo, Cococcioni explicó que muchas de estas actuaciones no se dan a conocer públicamente de manera individual: en la mayoría de los casos los imputados son menores de edad, lo que obliga a redoblar las garantías del procedimiento penal juvenil y a resguardar la investigación.

"Ustedes habrán visto en algunos casos detenciones, aprehensiones, allanamientos, secuestros de celulares", indicó el ministro, aunque precisó que la discreción en la difusión responde a una decisión coordinada con la Fiscalía y no a una falta de acción.