El proyecto de reforma tributaria reactiva el debate en las Cámaras

En un escenario financiero cada vez más delicado para la provincia, los diputados Raúl Lamberto (PS) y Mario Lacava (PJ) debatieron en la Fundación Libertad frente a frente sobre los motivos del déficit santafesino y le pusieron un nombre acorde a las visiones políticas de cada uno: lo que para el oficialista es “gasto rígido y falta de autonomía fiscal”, para el opositor es “gasto político por nombramientos y sueldos no especificados”.

La discusión se da en el marco de la reactivación del debate legislativo de la reforma tributaria. Sobre esa base, Lamberto aseguró que para entender la actual situación es necesario adoptar una “óptica histórica” que tome en cuenta el carácter estructural y rígido de los gastos, el poco margen de acción que le queda al gobierno por la alta dependencia fiscal hacia la Nación, y la voluntad política del socialismo de llevar adelante un “gasto social” significativo: “No todo es economía en la provincia”, dijo.

Agregó que el gasto político por los nombramientos y remuneraciones de la era socialista “es igual a nada”, ya que representa el 1,84 por ciento del presupuesto, apenas un 0,40 por ciento más que al finalizar la gestión de Obeid.

En su argumentado contraataque, Lacava recordó que el peronismo le dejó a Binner una provincia superavitaria y que la relación con la Nación siempre se manejó en términos desiguales.

“A Binner le dejamos superávit, tuvo más recaudación y además recibió el Fondo Sojero”, subrayó. Al mismo tiempo, cargó las tintas contra el aumento en el gasto político, tras estimar que los nombramientos y salarios crecieron bajo las gestiones socialistas.

“Hoy tenemos un incremento del gasto estructural, un endeudamiento con Letras, y una disminución de la inversión y del gasto social”, agregó.

Lacava también avisó que “hay que endeudarse solo a largo plazo y para obra pública”, y que si bien acuerda con el crédito de Kuwait falta ver “si va a obras y no se gasta mal”.

Adelantó que si bien desde su bloque acuerdan con algunos puntos como los valores desactualizados del inmobiliario rural, la posición es otra respecto a ingresos brutos, “un impuesto distorsivo que grava la producción y el consumo y que recae en el bolsillo”, añadió.