"El robo del siglo": el reclamo de los 70 acreedores de Vicentin

El caso Vicentin ha sido denominado como el "robo del siglo" por los acreedores del caso en lo que fue la audiencia pública celebrada el 24/08/2022 en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Así fue expresado en la Legislatura provincial, donde se caracterizó el desfalco generado por la histórica agroexportadora, haciendo alusión a las deudas por más de 1.600 millones de dólares. En esta instancia, las pregunta que se realizan los acreedores y que debe aclarar la justicia es: ¿Dónde está la plata que Vicentin debe?

Legisladores y abogados de los acreedores coinciden en que el caso de Vicentin se trata del "Robo del Siglo" traducido en lo que denunciaron como un "desfalco" perpetrado por los directivos de la firma, causando perjuicios económicos a la cadena productiva agroindustrial, a los productores agropecuarios regionales y a las arcas del estado a través del Banco de la Nación Argentina, hecho que tiene imputados a 13 administradores de Vicentin y tres directores de Renova SA.

A poco de analizar los dichos de los propios exponentes en lo que se describió como los dos tramos de la estafa perpetrada por la agroexportadora, el primero tomando créditos comerciales (granos con precio a fijar) y financieros por más de u$s 1600 millones a través de balances que no reflejaban la realidad patrimonial de Vicentin, y el segundo, pretendiendo pagar tan solo u$s 320 millones a través de una propuesta ilegal, abusiva, de imposible cumplimiento a través del desguace a la agroexportadora.

Las dos estafas

Luego de lo que se relevó con los hechos y dieron fe los acreedores la primera estafa a la que se hace mención se perpetró a través del fraude, balance falso, ocultamiento de activos a sus acreedores y/o administración fraudulenta ocultando su pasivo comercial, pura y exclusivamente, por responsabilidad de sus administradores, tal como surge de las investigaciones penales que tiene como imputados a todo el directorio de Vicentin.

La segunda estafa que se hizo mención fue la realizada mediante el proceso concursal a través del cual la firma intenta confirmar el fraude orquestado pretendiendo validar y homologar una propuesta concursal que no sólo es de imposible cumplimiento, sino también es ilegal y abusiva pretendiendo pagar a los acreedores menos del 20% de las acreencias verificadas.

A su vez, se hace hincapié en la ilegalidad de la propuesta indicando que la misma genera que algunos acreedores, que representan no más de u$s 20 millones, cobren el 250% de lo verificado en el concurso, mientras que los restantes acreedores que representan u$s 1.600 millones van a cobrar menos que el 20%.

"Vicentin no registra que hay un proceso, que hay una ley, que hay una corte que esta interviniendo, justamente porque esto es un escándalo", dicen los acreedores, además de que Vicentin "quiere pagar tan solo 320 millones de los 1.630 millones que adeuda, pretendiendo hacer desaparecer de un plumazo 1.300 millones".

El Banco Nación (BNA) es uno de los principales acreedores financieros del concurso de Vicentin, con unos U$S300 millones, a los que se suma el Banco Provincia de Buenos Aires y organismos públicos con acreencias, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Bajo este marco, los acreedores se inclinan por la instancia del cramdown o salvataje de la cerealera con participación estatal. Aunque aclaran que el Estado “no está para poner un montón de dólares dentro de Vicentin”, sino que se inclinó por la “capitalizando de su deuda y teniendo una participación accionaria minoritaria", como tiene en otras firmas privadas como ya lo tiene en Molinos Río de La Plata (20% del total).