La investigación por el presunto desfalco millonario en la Mutual Libertad de Nelson continúa sin avances concretos para los ahorristas, que ya preparan una movilización para reclamar respuestas de la Justicia. Tras el cambio de fiscal y el pase del expediente al Área de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los damnificados sostienen que la causa permanece estancada y exigen medidas urgentes.
Fraude millonario en la mutual de Nelson: pasaron 70 días, no hay imputados y los ahorristas preparan una marcha
A más de dos meses de iniciada la investigación, los casi 350 damnificados aseguran que la causa "está en el mismo lugar" pese al cambio de fiscal. Advierten que, si no hay respuestas judiciales, realizarán una protesta la próxima semana.
Por Cristian Leiva
Los damnificados por la Mutual Libertad de Nelson exigen avances en la investigación judicial.
El expediente, que inicialmente estaba a cargo del fiscal Ignacio Orio, pasó recientemente a manos de la fiscal Bárbara Ilera tras el traslado del primero al Área de Delitos Complejos. Sin embargo, quienes reclaman la devolución de sus ahorros aseguran que el cambio de fiscal no se tradujo en avances concretos.
"Estamos parados en el mismo lugar. Al fiscal Orio lo movieron a Delitos Complejos y ahora la fiscal es Bárbara Ilera. Pero sigue igual, no pasó nada, seguimos como el primer día", afirmó Héctor Beltrán, uno de los damnificados, en diálogo con UNO Santa Fe.
Crece el malestar entre los ahorristas
Beltrán estimó que son alrededor de 350 personas las afectadas por la crisis de la mutual, aunque evitó precisar el monto total del dinero comprometido. "Es una magnitud increíble y la fiscal no actúa. Nosotros le estamos dando tiempo a la Justicia para que sea todo lo lenta o rápida que decida ser. Pero si la Justicia no hace nada, que no aparezca esta fiscal cuando actuemos nosotros", advirtió.
El damnificado recordó el impacto que la situación tuvo sobre muchas familias de Nelson y la región. Durante esta semana, se conoció el caso de Alfredo Chiariotti, un ahorrista de Llambi Campbell, que falleció sin haber podido recuperar los 62 millones de pesos que tenía depositados en la entidad. Su familia anunció que avanzará con una demanda civil por daños y perjuicios.
"Es muy feo ver a una hija pedir por favor que abran las puertas mientras su papá muere. Es muy feo que haya gente que no puede hacer los 15 de su hija. Y después, cuando uno va a reclamar, que aparezca la Policía protegiendo al delincuente, me parece una tomada de pelo", sostuvo.
Preparan una movilización
Frente a la falta de novedades judiciales, los ahorristas analizan realizar una manifestación durante la próxima semana. "Probablemente sea la semana que viene. Si la fiscal no actúa y la tesorera, que está en Brasil, ni siquiera es citada, esto es una tomada de pelo", expresó Beltrán.
En ese sentido, remarcó que los damnificados agotaron la instancia de espera y que la paciencia comienza a terminarse.
"Hace más de 70 días que empezó todo y la fiscal no llamó a nadie. Lo mínimo hubiera sido convocarnos a una reunión informativa. Tendrían que haber allanado la mutual, el club y la comuna. Ahora, ¿qué van a encontrar? Ya pasó demasiado tiempo", cuestionó.
La investigación continúa en Delitos Complejos
La causa busca reconstruir el destino de los fondos administrados por la Mutual Libertad luego de que decenas de asociados denunciaran la imposibilidad de retirar sus depósitos y de que la entidad dejara de operar con normalidad.
El expediente fue derivado al Área de Delitos Complejos, donde se prevé el análisis de documentación contable, movimientos financieros y eventuales responsabilidades penales vinculadas con el manejo de la institución.
Además del presunto desfalco, la investigación también mantiene bajo análisis el entramado institucional de la mutual. José Leiva, quien presidía la entidad al momento de estallar el conflicto y falleció el pasado 4 de junio, era hermano del presidente comunal de Nelson, Héctor Ramón Leiva, mientras que la tesorera de la mutual también se desempeñaría como secretaria privada del jefe comunal.
Hasta el momento no existen imputaciones contra funcionarios comunales, aunque los ahorristas insisten en que esos vínculos también deben ser investigados para determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales.
















