Farías: "Hay amplio consenso político para reclamarle a Nación el pago de la deuda"

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado de la provincia, Pablo Farías, destacó hoy el "amplio consenso político para reclamarle a la Nación el pago de la deuda" por coparticipación, luego de la reunión que presidió el gobernador Miguel Lifschitz esta mañana en Casa de Gobierno junto a los jefes de bloque de la Legisltaura, y en donde solo estuvo ausente Cambiemos.

Ayer, el gobernador acompañado del fiscal de Estado Pablo Saccone, se presentó en persona en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamarle al máximo tribunal que intime al gobierno nacional a pagar la deuda con la provincia "en un plazo perentorio" y actualizando el monto de la acreencia, que en la actualidad rondaría los 100 mil millones de pesos.

Tras el encuentro, Farías resaltó ante la prensa que las opiniones favorables en cuanto al reclamo ejercido por el gobierno provincial habían sido "unánimes" al referirse a la necesidad de que "la provincia realice este tipo de acciones".

"Hay preocupación por este incumplimiento del gobierno nacional, por un monto que ya es muy importante y muy trascendente", amplió el titular de la cartera de Gobierno. Asimismo, Farías resaltó "el amplio consenso político para exigir a la Nación que cumpla con esta obligación".

El ministro también comentó que el gobernador tomó la decisión de convocar a legisladores nacionales para lograr un fuerte apoyo en el Congreso, como también a miembros del Consejo Económico y Social, en el marco de una serie de acciones políticas destinadas a lograr el objetivo del pago de la deuda.

Uno de los presentes en la reunión, el titular de la Cámara de Diputados de la Provincia Antonio Bonfatti, destacó el acuerdo "de los actores presentes en tomar esto como política de Estado, que significad defender el federalismo y defender a Santa Fe".

El exgobernador santafesino indicó además que promoverá una declaración de ambas cámaras respecto de la deuda de Nación, al tiempo que no descartó la posibilidad de que el reclamo se traduzca en una ley.