Fuertes críticas al PJ y al PRO por rechazar el pliego de Enrique Font

La invitación del ministro de Justicia y Derechos Humanos a los legisladores de la oposición para trabajar en el desarrollo de nuevos criterios –o más específicos– de selección de jueces, fiscales y defensores penales aún no se materializó en un espacio concreto de análisis y discusión.

Mientras tanto, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) criticaron el rechazo del pliego de Enrique Font como auditor general del Ministerio Público de la Acusación, que fue el desencadenante de la decisión que tomó el ministro Juan Lewis para evitar que más postulantes sean vetados por mayoritario peronismo en la Legislatura santafesina.

De esa manera, la prestigiosa organización no gubernamental dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos, expresó su “preocupación” por el rechazo que la Asamblea Legislativa –del jueves 3 de mayo pasado– realizó al pliego del candidato Enrique Font, más aún cuando considera que el criminólogo habría fortalecido al Poder Judicial por su “acabada muestra” de compromiso expresado en su “plan de trabajo presentado en el marco del concurso y sus antecedentes”.

También, consideran que con Font se hubiese garantizado, “la democratización de las fuerzas policiales, la protección de derechos y la construcción de un Estado más igualitario, que desarrolle políticas de seguridad y judiciales inclusivas y no amparadas en la demagogia punitiva”.

Esa defensa del Cels se produjo apenas un par de horas después de que el senador justicialista Raúl Gramajo atribuyera al ex secretario de Seguridad Comunitaria haber dicho que él y otros tres diputados rechazaron su pliego porque son “sensibles a operaciones de grupos narcopoliciales”.

Desde el portal web Redacción Rosario ya se aclaró que esas palabras no surgieron del candidato a auditor de los fiscales sino de “una fuente confiable” de la Legislatura, pero así y todo el senador del departamento 9 de Julio renunciará a sus fueros para que la Justicia investigue si es cierto que tiene vínculos con policías infieles y bandas de narcotraficantes. De esa forma, deja abierta la posibilidad de iniciar una demanda por daños y perjuicios contra el medio periodístico y contra el propio Font, quien sí dijo que hubo “un toma y daca” en el rechazo de su pliego.

Más allá de las valoraciones generales de los senadores de la oposición sobre lo ocurrido, el director ejecutivo y la directora del programa de justicia democrática del Cels, Gastón Chillier y Paula Litvachky, respectivamente, dijeron: “Las razones dadas (y no dadas –por el PJ y el PRO–) para el rechazo del pliego por la Asamblea Legislativa dan cuenta de que la Legislatura tuvo un criterio político institucional conservador y corporativo en esta selección, lo que importa un claro retroceso en el proceso de reforma del sistema de enjuiciamiento penal promovido en la provincia de Santa Fe”.

Capacidad e idoneidad

En términos objetivos, indicaron que “el concurso, en el que el candidato fue evaluado con una diferencia de dieciséis puntos respecto del segundo, no fue objeto de impugnación alguna ni se presentaron oposiciones a su designación en la Legislatura durante el período habilitado a tales fines. Asimismo, los avales que recibió (entre ellos, el del Cels) reforzaron la idea de que el candidato Font reunía los requisitos que el perfil del cargo requería”.

“Y no nos estamos refiriendo únicamente a sus calidades técnicas sino a su compromiso e idoneidad político institucional con el proceso de reforma de la justicia de la provincia de Santa Fe. (…) Proceso que indudablemente necesita del trabajo y compromiso de los tres poderes del Estado provincial y de perfiles como los de Font para ocupar cargos en lugares estratégicos de control y promoción de estándares de actuación judicial distintos a los históricamente arraigados en la provincia de Santa Fe y en el país en general”, agregaron.

“En este sentido, el rol del auditor general de Gestión, con sus funciones directrices en el órgano de control interno del Ministerio Público de la Acusación (con competencias de auditoría, evaluación, control y rendición de cuentas), da cuenta de su lugar estratégico en la reforma institucional que se pretende”, evaluaron Chillier y Litvachky.

“A lo largo de toda su historia –continuaron–, el Cels ha manifestado la trascendencia que tiene al momento de cualquier investigación, pero en particular al investigar graves violaciones a derechos fundamentales, la función del Ministerio Público Fiscal. La creación de este órgano de control interno de uno de los principales actores en el sistema judicial, le imprime a la reforma señalada características virtuosas, inexistentes en el resto del país. Con ello se fortalece la propia administración de justicia. Pero, obviamente, todo depende de quien ocupe ese cargo”.

“Por todo lo expuesto, hacemos llegar a los señores legisladores esta nota de preocupación por un proceso institucional de reforma que quedará trunco si no se apoya con designaciones que hagan valer los objetivos que se tuvieron al momento de ponerla en marcha”, dice la misiva de la reconocida ONG a los diputados y senadores.