El Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe manifestó su firme rechazo al nombramiento de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, realizado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia por el Poder Ejecutivo.
"Gravedad institucional': el Colegio de Abogados de Santa Fe rechazó la designación de Lijo y García Mansilla por decreto
A través de un comunicado, la institución de Santa Fe calificó esta designación como una "gravedad institucional manifiesta" que pone en crisis la independencia y la transparencia del Poder Judicial.
26 de febrero 2025 · 15:22hs
"Gravedad institucional': el Colegio de Abogados de Santa Fe rechazó la designación de Lijo y García Mansilla por decreto
La institución calificó esta designación como una "gravedad institucional manifiesta" que pone en crisis la independencia y la transparencia del Poder Judicial.
En un comunicado, el Colegio de Abogados recordó que la Constitución Nacional establece claramente que la designación de los miembros de la Corte Suprema requiere el acuerdo del Senado de la Nación, con una mayoría calificada de dos tercios de los presentes (artículo 99, inciso 4).
"Fundar el nombramiento en lo dispuesto por la Carta Magna en el artículo 99, inciso 19, resulta a todas luces contrario al espíritu y al sentido de la norma", señaló la entidad.
El Colegio argumentó que la mención a "empleos" en dicho artículo se refiere a cargos subordinados al Poder Ejecutivo, como embajadores o ascensos militares, y no a la designación de jueces del más alto tribunal.
Además, destacó que la Corte Suprema puede funcionar con tres miembros y que, en caso de divergencias, se pueden designar conjueces.
La institución también advirtió sobre la ilegitimidad en el origen y la transitoriedad de la designación, ya que los nombramientos expirarán al final de la próxima legislatura si no obtienen el acuerdo del Senado. Esta situación, según el Colegio, expone a Lijo y García Mansilla a ser "frágiles frente a las presiones externas".
En conclusión, el Colegio de Abogados de Santa Fe consideró que el nombramiento de ministros de la Corte Suprema a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia "constituye una afrenta a la salud de la República, afectando el correcto funcionamiento de las instituciones".
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