“Hemos pasado de todo, vivir ahora con paz es impagable”

Ayer se realizó el desalojo de cinco viviendas usurpadas en el barrio Santa Rita II. El procedimiento se desarrolló a través del recupero por la fuerza pública, por lo que se dispuso un vasto operativo del que participaron la policía y referentes de distintas áreas del Ejecutivo provincial.

Los vecinos de la zona celebraron el accionar y señalaron que los últimos dos años “han sido una pesadilla”. Para los referentes de la CCC local el operativo no se hizo de acuerdo a las pautas previstas por la jueza que lo definió. En tanto el gobierno aseguró que se cumplieron todos los requisitos y que en unos días continuarán con las 14 viviendas que faltan desalojar.

La jueza Sandra Valenti había dispuesto que comenzara el operativo de desalojo por la fuerza pero respetando una serie de pautas. Durante la mañana y la siesta de ayer cinco familias abandonaron

las casas y sólo en uno de los casos se registró una situación de violencia.

En los demás, a través del diálogo, se logró que los ocupantes se retiraran pacíficamente. El operativo contó con la presencia de diferentes dependencias del gobierno de la provincia, entre ellas, la Secretaría de Estado del Hábitat, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia, el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de la Niñez, la Secretaría de

Derechos Humanos y ONG afines.

Desde el gobierno indicaron que siguen abiertos los caminos establecidos por la provincia para firmar actas de salida voluntaria. Desde que se comenzó a desocupar el predio ya suman 165 familias que

acordaron el retiro. Y sólo quedan 14 ocupadas, sobre las que se trabajará en los próximos días.

Un respiro

Para los vecinos que accedieron a sus viviendas –ubicadas a pocos metros de aquellas que fueron tomadas– a través de los canales legales, que se concrete el desalojo de las esas familias les permite

pensar en recuperar la paz. Si bien lamentan que existan personas que no pueden acceder a una vivienda y, sobre todo, que en esa situación se encuentren una gran cantidad de chicos, resaltaron que ellos esperaron muchos años para hacerlo, que pagan todos los meses lo que corresponde y que han sufrido mucho las consecuencias de la ocupación.

“No saben lo que hemos vivido en estos dos años. Las balaceras fueron de terror y dejaron gente inocente herida. Entraron a robar a todo el mundo. Fue terrible”, contó Diana, una de las vecinas que hace

tres años pudo acceder a su casa propia a través de un plan, y agregó: “Mi marido y yo esperamos 35 años para tener una casa y yo ya me quería ir. Me iba a mudar pero mis hijos me retaron porque yo invertí

mucho en esta casa”.

Al respecto contó que vivieron una gran cantidad de situaciones de violencia. “Se agarraban entre ellos, había disparos, sangre. Fue terrible –siguió. Cuando nos mudamos estábamos felices. Vivimos

un año tranquilos pero después no teníamos derecho ni a salir a la vereda porque estaban a los tiros constantemente. Yo me quedaba sola cuando mi marido salía y me daba miedo”.

Por su parte, Ana –otra vecina del lugar, que tiene niños pequeños– afirmó: “Deseo de ahora en más estemos mucho mejor. Ya se fueron los que hacían problemas todos los días. Sufrían los chicos y sufríamos los que pagábamos todos los meses. Estuvimos sin agua y con baja tensión porque se colgaban de los cables. Además, se robaron todo. Una vez me desvalijaron y un par de noches

entraron mientras yo dormía. Para nosotros será una tranquilidad. Ahora vamos a poder tener el barrio que teníamos antes”.

Otra habitante del lugar contó: “Cuando nosotros vinimos al barrio era una paz increíble. Pero a partir de la usurpación se terminó la paz y la seguridad. Han apuntado a mis hijas en la cabeza para que se metieran en la casa porque iban a enfrentarse con otros. Hemos pasado de todo y vivir ahora de nuevo con paz es impagable”.

Por último, otro habitante del lugar agregó: “Nos da pena la gente porque sabemos que se necesitan casas. Pero uno nunca estuvo de acuerdo con la forma en que se hicieron las cosas. A nosotros nos costó muchos años conseguirla y pagarla por eso te daba bronca que se te enganchen en la luz o tener problemas con un montón de cuestiones”.

En todos los casos destacaron la paz con la que se realizó el operativo y el cuidado que se hizo, en particular, de los niños que vivían allí.

La mirada oficial

Ante el proceso de desalojo, el secretario de Hábitat y Vivienda de Santa Fe, Gustavo Leone, brindó una conferencia de prensa donde detalló el procedimiento realizado. El funcionario afirmó que el protocolo

fue implementado con normalidad, “tal como lo dispuso la jueza Sandra Valenti por sentencia”.

El funcionario detalló que el procedimiento de desalojo, que comenzó a primeras horas de la ayer, se llevó adelante según la sentencia de la magistrada, para las 19 familias que no habían llevado adelante

un acuerdo de retiro voluntario. “Logramos afortunadamente recuperar ya cinco viviendas, la primera tuvo un hecho particular en donde una mujer se resistió y tuvo un accidente, quedando finalmente

detenida; pero el resto de las cuatro viviendas fueron desalojadas en un marco de acuerdo con cada una de las familias que fueron recibidas por el Ministerio de Desarrollo social, en un operativo especial a tal fin, llegan a un acuerdo similar al que se ofrecía en un principio”, relató.

Leone resaltó que “son muchas las áreas de gobierno que trabajaron en el procedimiento, pero se pudo realizar tal como lo planteó la jueza”. Y agregó que se llegó a ese punto con las familias que no acordaron con la provincia su traslado. Cabe recordar que en oportunidades anteriores, quienes voluntariamente se retiraron del lugar contaron con una ayuda económica para poder buscar otra vivienda.

Finalmente, el funcionario indicó: “Para aquellas familias que en el día de hoy tuvieron la voluntad de salir en forma pacífica, les estamos ofreciendo la misma salida que en el principio, y a las que hoy se plantaron y propusieron quedarse en la casa les planteamos que está abierta la vía del acuerdo; pero que si eso no se da, necesariamente vamos a proceder con la fuerza pública que es lo que nos está habilitando la sentencia judicial”.

Críticas al operativo

Por último, desde la CCC Santa Fe –quienes acompañaron el reclamo de quienes habían usurpado las viviendas– insistieron con que no se cumplió con todos los puntos que había especificado la jueza Valenti. Sebastián Saldaña, referente de esa agrupación, explicó a Diario UNO: “No respetaron las pautas planteadas. No había ambulancias, por ejemplo. La que estaba llegó después de que la chica quedó lesionada.

Después entraban todos hombres a las casas, cuando se había planteado que debía haber mujeres policías”. Y agregó: “Vamos a reunirnos con los organismos de derechos humanos y otras organizaciones para ver qué medidas vamos a tomar. También estamos pidiendo que el juez intervenga porque se detuvo a una de las mujeres, pero sin ese paso”.

En cuanto al resto de las familias desalojadas, confirmó que tomaron la propuesta del gobierno provincial pero dijo: “No sabemos qué pueden llegar a comprar con el dinero que les den ya que no alcanza

para mucho. Lo único que hacen es invisibilizar algo que va a pasar que es que esas personas vuelvan a ocupar algún terreno ilegal y vuelvan a construirse un rancho porque es para lo único que alcanza”.