La foto que circula en las redes sociales, y que la Justicia pidió que no sea publicada para que no perjudique el proceso acusatorio cuando sean detenidos, los muestran como tres hombres temerarios. En la foto se los ve de pie: Nano, Quique y Caky, abrazados, sonrientes y posando, en un bar santafesino. Lo que a simple vista sería la postal de una salida de tres amigos, se resignificó en la última semana, cuando testigos del crimen de Walter Montaner, un hombre de 37 años, que trabajaba como personal de seguridad de un pub de la zona de Recoleta y que el domingo pasado fue baleado en el bar Fiji –ubicado en 25 de Mayo y Santiago del Estero–, apuntaron sus nombres como autores de los disparos.
Historias violentas detrás del crimen de Montaner
Al cumplirse el séptimo día del crimen, los tres continúan prófugos y con pedido de captura nacional y comienzan a reconstruirse los frondosos prontuarios que registraban y los vínculos con otras causas penales. Nano es Orlando Miguel Leiva (38); Quique es Juan Abel Leiva (33) y Caky es Jorge Alberto Muñoz (40).
Todos están sindicados como integrantes de la barra brava de Colón. A pesar de que el club presentó un informe de AFA Plus a la Sección Homicidios, de la Unidad Regional I, que indicaba que ninguno de los tres es socio de la entidad deportiva, los investigadores confían que sus jerarquías en la conducción de Los de Siempre podría ser un puntapié para su captura.
De los tres prófugos, el que tiene el prontuario policial más extenso y feroz es Quique, el menor de los hermanos Leiva. Es que Juan Abel, desde el 3 de julio pasado, está cumpliendo un régimen de libertad condicional por el crimen de Pablo Cabello, ocurrido a mediados de 2008, en barrio Santa Rosa de Lima.
Cuenta la crónica policial de aquel entonces que el 13 de julio de 2008, en horas de la siesta, se produjo un enfrentamiento armado entre dos muchachos en calle Salta al 4.400, en el extremo suroeste de esta ciudad. Según los testigos de la escena, Cabello fue a la casa de los Leiva e hirió al padre de Quique, quien respondió la agresión con otro balazo. Como consecuencia, Pablo Cabello, de 28 años, recibió un disparo en el rostro con orificio de salida en la nuca.
Si bien ésa fue la única muerte por la cual se lo condenó, Quique también fue investigado muy de cerca en el marco de otros homicidios, pero nunca pudieron recolectar pruebas suficientes sobre él. Tal es el caso de las muertes de Pablo Meriles y Maximiliano Aguirre. El primero fue ejecutado el 21 de enero de 2001, cuando descansaba en su dormitorio junto a su pequeño hijo de siete años y su esposa, en una vivienda de barrio Chalet, en calle San José al 1.000. A tiros, dos hombres rompieron la cerradura de la puerta y a cara descubierta ingresaron a la habitación. Seis años después, a fines del 2007, ocurrió el homicidio de Aguirre.
El listado de antecedentes penales de Quique se completa con otros hechos que, frente a los homicidios, parecen mucho menores: hurto de automotor, desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad. Por su parte, el hermano mayor de Quique, Orlando Miguel Nano Leiva, actualmente de 38 años, también carga con un crimen en sus espaldas. El hecho ocurrió en 1995 y fue condenado a cinco años de prisión, tres años después, en calidad de partícipe. Casi 10 años después recibió otra sentencia, a dos años de prisión por haber reincidido en el delito de tenencia de arma de guerra. Finalmente, Nano Leiva salió de la cárcel de Coronda el 6 de enero del año pasado. Una de las últimas veces que su nombre apareció en las crónicas policiales fue el año pasado, cuando junto con otros 37 hinchas de Colón quedaron detenidos en Paraguay tras los incidentes en el partido con Cerro Porteño.
De un mismo cañón
El último de los pistoleros es Jorge Alberto Muñoz, alias Caky. Un hombre que pasa sus días armados, pero que hasta ahora no se lo acusó de haber gatillado. Tiene una causa por tenencia de arma de guerra y otra por portación de arma de fuego. Este año, en abril, se le inició una causa por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones dolosas y daño agravado del 19 de abril de 2013. Días antes, en marzo, fue acusado por reventa de entradas, lo que configura una infracción al Código de Faltas. El pedido de captura pesa sobre los tres por igual, es que los testigos señalan que estaban juntos al momentos del ataque a Walter Montaner; sin embargo, los disparos habrían salido de una sola arma.
La causa penal está a cargo del juez de Instrucción de la Séptima Nominación, Diego de la Torre, y el fiscal que interviene es Jorge Andrés. El lunes, tras el allanamiento, el dueño del bar donde se produjo el ataque fue demorado. Lo liberaron horas después, porque los testimonios de personas que estaban en el lugar y de los vecinos fueron coincidentes respecto de la culpabilidad de los tres prófugos. Pero, además, la cantidad de disparos que se produjeron habían alertado a los vecinos de la zona, varios de los cuales alcanzaron a presenciar y fotografiar la fuga de los homicidas.
Mucho más que ruidos molestos
El ataque ocurrió el domingo pasado, cerca de las 9, cuando Walter Montaner (37) y un amigo, Fabricio Alarcón (22), habían sido heridos por disparos cuando estaban en Fiji, un bar ubicado en Santiago del Estero y 25 de Mayo.
Ambos estaban con sus novias cuando un grupo de muchachos comenzó a discutir acaloradamente. Desde hace más de 10 años, Walter trabajaba como personal de seguridad en otro pub de la zona, y creyó que podía colaborar en dispersar la pelea. El resultado de su intervención fue el peor. Un hombre, al que los testigos describieron como una persona alta, calva y que llevaba puesta una camiseta de Colón, sacó un arma y disparó a mansalva. Dos de esos disparos impactaron, uno en el cuerpo de Walter y el otro en el cuerpo de Fabricio. A ambos los hirió en la zona del estómago. El proyectil de Walter le perforó el bazo y los intestinos. Falleció en horas de la tarde. En cuanto a Alarcón, voceros médicos indicaron que se recuperaba en el mismo hospital de su herida en el costado izquierdo del abdomen.
Uno de los primeros cuestionamientos que generó este caso fue por qué el bar aún estaba abierto y por qué podía estar vendiendo alcohol. La respuesta de la Secretaría de Control fue que las habilitaciones eran correctas y que la veda seca finaliza a las 8. Sin embargo, más allá de que las normas se cumplían, el desenlace fatal de la historia era un final que los vecinos de la zona estaban pronosticando. Ahora, las quejas y los reclamos llegan al gobierno municipal y a la Justicia santafesina desde todos los ángulos. Según información proporcionada por la Municipalidad de Santa Fe, desde abril del año pasado a la actualidad, hubo al menos seis denuncias por ruidos molestos a la línea gratuita municipal contra el bar donde se produjo la balacera el domingo pasado.
Las quejas al 0800 fueron por ruidos molestos –competencia de la Brigada municipal que trabaja en el tema–, pero también hubo denuncias a la oficina de Derechos Ciudadanos, que mencionaban situaciones que podían generar peligro para los habitantes de ese sector. El año pasado, hubo tres denuncias por ruidos molestos provenientes del bar Fiji: el 25 de abril, el 4 de mayo y el 20 de julio. Los inspectores labraron infracción por la contaminación sonora.
El 31 de mayo de 2013, el área de Control Municipal clausuró el bar porque en una de las inspecciones de rutina el personal del comercio no permitió el ingreso de los inspectores, según información de la Municipalidad de Santa Fe. Este año hubo también otras tres denuncias por ruidos molestos al 0800 municipal: el 20 de junio, el 30 de agosto y el 21 de septiembre. Desde el municipio aclararon que Fiji “no es un pub, ni un local bailable, es un bar con habilitación como tal y que funcionaba de acuerdo a la normativa para esa clasificación”.
















