Santa Fe

Interrupción legal del embarazo: "Ni en el Cullen, ni en el Iturraspe lo están garantizando"

Desde 2012 está vigente en la provincia el protocolo para acceder a un aborto bajo causales. Socorristas y trabajadoras de la salud denuncian violencia en los efectores y afirman que hay dificultades para que se garantice el derecho

Domingo 18 de Agosto de 2019

Este mes se cumplió un año desde que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), realizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, fue rechazado por 38 senadores en el Congreso Nacional. Durante cuatro meses pasaron 770 especialistas que expusieron argumentos tanto a favor de la IVE como en contra de la legislación actual, es decir, del aborto bajo causales.

La información con respecto al acceso de la práctica segura comenzó a brotar por todos los espacios, la juventud fue la protagonista de la lucha por el derecho a decidir, la calle juntó millones de portadoras de pañuelos verdes, y si bien aún el Estado no permite que la mujer por voluntad propia interrumpa su embarazo, los relatos de experiencias de aborto y el misoprostol salieron del clóset.

La ilegalidad del aborto y el fundamentalismo religioso en la gestión estatal dejó una triste marca en la historia de la provincia y del país. Ana María Acevedo murió el 17 de mayo de 2007, a los 20 años, en el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. A pesar del cáncer fulminante, que encima tardaron en diagnosticar, nunca recibió el tratamiento que requería. Los médicos decidieron no atender la enfermedad porque la joven estaba embarazada y se negaron a realizarle el aborto terapéutico que la familia solicitó. "Vamos a salvar las dos vidas", le dijeron a la mamá de Ana María mientras la chica lloraba de dolor. Poco tiempo antes de morir le hicieron una cesárea a las 22 o 23 semanas de la que nació una beba que sobrevivió menos de 24 horas.

El caso marcó un punto de inflexión en el sistema de salud santafesino y en el debate sobre el cumplimiento efectivo del artículo 86 del Código Penal. Por la lucha de los movimientos de mujeres, en Santa Fe está vigente desde abril de 2012 el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación al que el Ministerio de Salud de la provincia adhirió a través de la resolución Nº 612 con sus posteriores modificaciones.

Además, en 2015 se emitió un dictamen en el que se reconoció la responsabilidad del Estado santafesino en el fallecimiento de Ana María; y el 26 de octubre de ese año, el entonces gobernador, Antonio Bonfatti, realizó un pedido formal de disculpas a sus familiares y les entregó un resarcimiento económico.

Hospitales públicos

Con este antecedente, en este momento histórico de reclamo y a pesar que el Ministerio de Salud de la provincia registre al menos seis ILE por día en la provincia, denuncian que acceder a ese derecho es una odisea teñida de violencia institucional. "Hace unos años, cuando pasaban las 14 semanas le exigíamos a los hospitales que garanticen el derecho a la ILE entendiendo que la provincia adhiere en 2012 al protocolo nacional. Pensábamos que por coherencia ideológica se iban a conformar equipos en los hospitales que estén acompañando las decisiones de las personas con capacidad de gestar. Pero ni en el Cullen ni en el Iturraspe se está garantizando. En el primero hay un equipo que está conformado por personas antiderechos entonces cuando las mujeres van son violentadas, maltratadas, no se lo garantizan, les dan vueltas, etc. Lo mismo pasa en el Iturraspe", describe Nerea Tacari, una socorrista de la agrupación Las Ana María.

Por su parte, Camila, socorrista de Las Nanas relata: "En los hospitales hay muchísimos obstáculos. Desde la puerta de ingreso ya hay trabas en la administración para consultar. Se niegan a dar información u orientar a las mujeres que van a consultar por ILE. Además, no se cumple y hay mucho de lo que nosotras llamamos obstructores de conciencia, que no tienen nada que ver con los objetores porque esos están en una lista declarados, dejan asentada su posición y esa lista tiene que ser pública. Así cualquiera sabe que este profesional no acompaña el protocolo de ILE, pero están obligados a darte información de dónde sí podés acceder. Muchísimas veces esto no sucede porque no se les responde a las mujeres ni a las personas gestantes, no se les da ningún tipo de información y se las desacredita completamente. Y eso también es una falencia que todavía después de lo que fue el año pasado, con toda la revolución, siguen estando los palos en la rueda para las personas que quieren decidir sobre sus cuerpos".

En este sentido Nerea, amplió: "Si bien sabemos que en algunos centros de salud se está garantizando hasta las 12 semanas de gestación, hay muchas mujeres que tienen mucho miedo de acceder al Estado por la historia de violencia y de maltrato que hay en hospitales para acceder al derecho al aborto. No todos los centros de salud tienen profesionales que garantizan el derecho a la ILE, entonces nos llaman. Estamos convencidas que quienes tienen que garantizar este derecho son los hospitales".

"Cuando empezamos a ver la cantidad y la magnitud en relación a la violencia institucional que se ejerce hacia las mujeres, decidimos no acercarnos más a los hospitales. No es que las pibas no están llegando al hospital y bajó el nivel de complejidad o bajó el nivel de riesgo. Sino que no le estamos exigiendo a los hospitales para que no sean violentadas ni maltratadas. Estos años hemos elevado notas y pedido reuniones en el Ministerio de Salud. Exigimos por otros lados pero no con la persona con capacidad de gestar en el medio. Hace unos días fue una piba al hospital y se lo negaron y le dijeron que lo tenía que dar en adopción".

"El primer problema es la cuestión geográfica. Dentro de la ciudad está todo bien porque tenés los centros de salud con profesionales que acompañan, que no son todos, pero hay para referenciar. Ahora, no es así si sos del interior de la provincia, por ejemplo, en San Javier. Algunas vamos, pero si dejamos de ir ya no hay más nadie que acompañe. Siempre nos escriben de otras localidades como Calchaquí, El Trébol, Sunchales, Santa Rosa de Calchines. El otro día vino una piba de El Trébol, a un barrio del norte de la ciudad para que la acompañemos al centro de salud. Son casi 300 kilómetros. No hay efectores de salud en el norte de la provincia, ni profesionales estratégicamente ubicados como para que acompañen. Cuando la edad gestacional es más de 14 semanas es muy difícil. Los hospitales públicos de Santa Fe, el Cullen y el Iturraspe que deberían garantizar el segundo y el tercer trimestre no solo no acompañan, sino que si te ponés a ver el registro de objetores de conciencia, quienes están trabajando en los servicios de ginecología y obstetricia no están registrados oficialmente. Además, generan como si fuera un tribunal", relata Melania Pierini, socorrista del Foro contra la Trata y médica de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.

Y agrega: "Cuando tenés más de 14 semanas, se solicita un turno a un equipo de salud sexual que es una psicóloga, una trabajadora social y un médico, generalmente varón. Lo que hacen es recibir a la piba, le dan un turno y ellos deciden si está dentro o no del causal salud. Es decir tienen su propio concepto de causal salud, que básicamente no existe porque ninguna mujer pasa ese tribunal y le niegan la práctica, no sin antes pasar por una entrevista violenta con personas que no conoce y que le hacen las mismas preguntas que les hicieron al momento de llenar la cartilla para la causal salud. Después van a la entrevista y le vuelven a preguntar lo mismo, la revictimizan y todo para terminar diciéndole que no. No es todo color de rosa como lo plantean desde el Ministerio de Salud".

Al mismo tiempo, Melani, socorrista de la Línea de Acompañamiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Línea) sumó: "No es que cualquier mujer va a un centro de salud o un nosocomio a decir "me quiero hacer una ILE" y está normalizado, naturalizado y te dicen «bueno sí, dale». Son pocos los centros de salud amigables que lo hacen. Que en realidad, decir amigables, es decir que cumplen con su trabajo".

"Sí se cumple en la ciudad, pero con un montón de falencias. Un ejemplo que nos llegó a pasar es el de ir a hacerse una ecografía con la orden que dice que debe ser sin imagen y sin sonido, y que a la mujer le muestren y le hagan escuchar la eco, meterle culpa. El ecógrafo que tendría que cumplir lo que dice la orden, no lo hace. La criminalización en los hospitales más importantes de Santa Fe, que son el Cullen y el Iturraspe, existe. Si hay alguna complicación en un aborto es muy difícil porque ya te tratan de criminal desde que entrás. La policía llegó a zamarrear a una compañera porque estaba acompañando a otra porque había tenido una complicación. Ya entrás con una pérdida de sangre y sos una delincuente. No es fácil, no es que accedemos fácilmente a esos hospitales. Nos pasa que, después se enteran de que existen las socorristas y se contactan con nosotras, nos cuentan que fueron a los hospitales y que les patean la pelota o te dicen venite después. Hasta hace poco algunos directores de hospital salieron a dar entrevistas a decir que estaban en contra, que eran objetores de conciencia. Entonces es muy difícil porque se juegan las relaciones de poder con los trabajadores y no es fácil. Hay gente que quiere garantizar dentro de los hospitales y hay que rebuscársela para eso".

Protocolo

Según el protocolo vigente, la interrupción del embarazo es un procedimiento sumamente seguro si es practicado con los instrumentos y en las condiciones adecuadas. Las personas que tienen derecho a la ILE deben recibir una atención integral en los efectores de salud que consiste en brindar un trato humanitario que incluya la recepción y orientación de las personas para responder a sus necesidades de salud emocional y física; garantizar la atención clínica adecuada de acuerdo a los criterios éticos, legales y médicos en vigencia; intercambiar información amplia y completa con las personas involucradas para que exista efectivamente un proceso de consentimiento informado; ofrecer consejería en anticoncepción y cuidados posteriores luego del procedimiento.

Luego de la recepción de la solicitante, siguiendo el protocolo, se le realiza una entrevista inicial en un espacio de consejería donde se la asesora sobre todas las alternativas posibles en relación al embarazo, y en los casos en que los hubiera, los riesgos para la salud relacionados con dichas opciones. Si la persona decide abortar después de esta instancia debe firmar un documento de consentimiento informado que describe todo el proceso de atención e implica que la persona manifiesta que contó con toda la información necesaria para tomar decisiones en forma autónoma y consciente.

En relación a algunas partes de este proceso, Melani observó: "La idea de consejería es que funcione un grupo interdisciplinario que hable con la mujer sobre todo en relación a esta práctica, sobre anticonceptivos. Que no sea solo para esta situación, sino en general. Pero no se da en todos los centros de salud, se buscan otras estrategias para hablar de estos temas pero generalmente hablamos con la médica y te explica. Desde un primer momento ya te pregunta qué método anticonceptivo vas a usar, algunas te ofrecen un acompañamiento psicológico. Hay pocos centros de salud que funcionan con consejería con lo que se entiende de ese concepto. Lo que exigimos es cartelería y folletería con información sobre ILE. Necesitamos que el Estado informe que se está garantizando esta práctica porque terminamos siendo los grupos militantes los que impulsamos esto para que se garantice, pero falta información".

Camila, por su parte, apunta: "Siendo la provincia que tuvo el caso de Ana María Acevedo todavía no podemos comprender en todos los espacios de salud que el aborto es una cuestión de salud pública, y que debe decidir quien esté atravesando el embarazo si va a continuar o no. Y sobre todo teniendo en cuenta los problemas que trae a nivel salud integral, como lo considera la Organizacion Mundial de la Salud que es un estado de bienestar social, psíquico, económico, cultural".

Derechos sexuales y reproductivos

El aborto no punible puede ser practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer bajo las causales que establece el Código Penal de la Nación Argentina en el artículo 86 inciso 2:

  • · si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida de la mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros medios (artículo 86, segundo párrafo, inciso 1º, Código Penal de la Nación);
  • · si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la salud de la mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros medios;
  • · si el embarazo proviene de una violación; si el embarazo proviene de un atentado al pudor sobre mujer idiota o demente.

En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó a través del fallo F. A. L. que quien se encuentre en las condiciones descriptas para un aborto legal: "(...) no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible".

Asimismo, en base al nuevo Código Civil se entienden algunos conceptos en relación a las edades de las solicitantes, como por ejemplo que las mayores de 16 se consideran responsables para decidir acerca de intervenciones sobre su persona y las menores a esa edad tienen derecho a ser escuchadas y participar en las decisiones que se tomen. En las menores de 13 se considera la opinión con el representante legal, y menores de 14 el consentimiento para ILE necesita de la firma de representante legal. En caso de conflicto de interés entre representante y representado, se judicializará.

Por otro lado, en caso de "confirmar violación y niño con núcleo familiar abusivo, el equipo de salud debe hacer la denuncia ante organismos protectores de derechos de la víctima: fiscalía de delitos sexuales, centro de asistencia jurídica a la víctima, comisaría de la mujer" y si se confirma violación "sin núcleo abusivo, el equipo de salud acompañará al representante legal para realizar las denuncias pertinentes".

Además, todo profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia al respecto, la cual es siempre individual, no institucional.

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario