La familia de Natalia Acosta la sigue buscando y espera que se fije el monto de una reparación integral

Natalia Acosta desapareció el 29 de mayo de 2009. Fue vista por última vez en la esquina de 25 de Mayo y Suipacha de la ciudad de Santa Fe. Una resolución de segunda instancia consideró acreditado que fue víctima del delito de trata de personas. A 13 años de la desaparición, los familiares la siguen buscando y están a la espera de que el Juzgado Federal nº 2 de Santa Fe fije el monto preciso que les corresponde como indemnización por ser víctimas indirectas del delito. La suma deberá ser afrontada por el recientemente creado Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata.

Ariel y Carmela Acosta, el padre y la hermana de Natalia Acosta, solicitaron al juez el 28 de marzo pasado que fije el monto de la reparación, un derecho que la legislación nacional e internacional reconoce a las víctimas de trata. Dado que la víctima directa se encuentra desaparecida y no podrá reclamar personalmente los derechos que la legislación le reconoce, el Juzgado dispuso que el ejercicio de los mismos recaiga en sus familiares, víctimas indirectas.

Ambos fueron representados, durante la última etapa del proceso, por la titular del Programa de Asesoramiento y Promoción de Derechos de las Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación, Marcela Virginia Rodríguez; y por el defensor coadyuvante Mariano Rosatti.

Si bien en un primer momento los querellantes eran los padres de Natalia, ante el fallecimiento de la madre, sus representantes -Rodríguez y Rosatti- solicitaron al tribunal que también se tenga como víctima indirecta de la investigación a Carmela Acosta, hermana de Natalia, por los daños sufridos producto de la desaparición de su hermana y el largo derrotero que recorrió para averiguar la verdad de lo sucedido.

La familia sigue buscando a Natalia

“Lo que mantenemos vigente y siempre firme es el pedido de aparición de Natalia”, afirman su padre y su hermana. “A pesar del reciente archivo de la causa, la seguiremos buscando”, sostienen.

El 18 de junio de 2021, el juez reconoció que la investigación estuvo sesgada de estereotipos y que se violó la obligación de debida diligencia reforzada. Para ello acudió al Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, para que con la utilización de los recursos del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata – Ley 26.364-, se cubra esta situación de forma prioritaria.

El 28 de marzo pasado, los representantes de las víctimas, Rodríguez y Rosatti, solicitaron al Juez que fije el monto de la reparación ordenada, invocando antecedentes de políticas de reparación aplicadas en el país ante casos de graves violaciones de derechos.

Reclamaron que se tenga en cuenta el carácter excepcionalmente grave de la desaparición y la responsabilidad del Estado por violación a la obligación de actuar con la debida diligencia, violando los principales tratados de derechos humanos.

El caso

Natalia Acosta fue vista por última vez en la madrugada del 29 de mayo del 2009 en la esquina de 25 de Mayo y Suipacha donde ejercía la prostitución. Según estableció la investigación que llevó adelante el fiscal Rodríguez, Cerri habría sido cliente de la chica y ese día habría estado cerca de la joven de 23 años.

En este sentido, se detectó que las antenas de teléfono del fallecido en Las Flores y el de Acosta, estuvieron en la misma zona geográfica. A su vez, una testigo que declaró en la causa y que acompañaba a Acosta en esa esquina sostuvo que Cerri se había contactado con la joven previo a la desaparición.

Otro testimonio aportado en la causa federal determinó que Cerri le ofreció a Acosta trabajar en el bar Místico los días domingos. En dicho ofrecimiento Cerri había asegurado que era uno de los propietarios del club nocturno pero según estableció la pesquisa, el entonces imputado era un simple "relacionista público" del bar.

Cerri estaba en prisión preventiva desde 2017 y fue procesado por el juez federal Nº 2, Francisco Miño, por el delito de "captación" contemplado en trata de personas tras considerar que el acusado llevó a cabo "actos persuasivos mediante el abuso de su situación de vulnerabilidad, engaño y coerción física con fines de explotación sexual".

Desde ese momento permaneció en prisión preventiva hasta el 15 de abril de 2019, cuando en el anexo Nº 1 de la cárcel de Las Flores, el hombre de 58 años falleció, según estableció el médico de guardia, a causa de un paro cardiorrespiratorio.