La Fiscal General de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, mantuvo esta mañana una reunión con la madre, abuelos y tías de Jeremías Monzón, junto con funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), para analizar los avances de la investigación por el crimen del adolescente ocurrido en diciembre pasado.
La fiscal General de Santa Fe se reunió con la familia de Jeremías Monzón y analizó los avances de la investigación
María Cecilia Vranicich recibió a familiares de Jeremías Monzón y a los fiscales que intervienen en la investigación del brutal homicidio del adolescente. En el encuentro se abordaron avances de la investigación de un caso que conmociona a la provincia
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Virginia Monzón, tía y Romina Monzón, mamá de Jeremías quienes dieron un fuerte testimonio tras la audiencia del tercer implicado en el homicidio del adolescente
El encuentro se realizó en la sede de la fiscalía general en la ciudad de Santa Fe, y contó también con la participación de abogados particulares de la familia y del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), así como de los fiscales intervinientes en la causa.
Imputarán este jueves a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón
Del encuentro participaron —además de Vranicich— el fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional N° 1, Francisco Cecchini, el secretario general Leandro Maiarota, la fiscal coordinadora para la persecución penal por objetivos priorizados, Carla Cerliani, y el fiscal con incumbencia provincial en responsabilidad penal adolescente, Luis Schiappa Pietra. Durante la reunión se evaluaron las líneas de investigación abiertas y los pasos procesales dados hasta el momento.
Investigación del homicidio y participación de menores
El caso de Jeremías Monzón, de 15 años, se convirtió en uno de los crímenes más graves de los últimos tiempos en Santa Fe debido a la brutalidad del hecho y a la participación de tres adolescentes en su ejecución, según reconstrucciones oficiales.
El joven fue apuñalado al menos 23 veces en un inmueble abandonado del barrio Chalet, donde fue hallado sin vida en diciembre de 2025, tras su desaparición el 18 de ese mes.
Uno de los principales avances judiciales fue que la adolescente de 16 años acusada de participar en el crimen continuará detenida y quedó alojada en un centro de menores por disposición judicial, mientras que otro implicado de 14 años fue imputado y sometido a proceso, aunque por la ley penal juvenil no enfrenta las mismas consecuencias que un adulto.
Investigación por filtración de material y contexto social
Además del proceso penal principal, las autoridades judiciales iniciaron una investigación paralela para determinar quién filtró un video vinculado al asesinato de Jeremías que circuló en redes sociales y en grupos de mensajería, lo que generó preocupación por la posible participación de integrantes de instituciones oficiales en la difusión del contenido.
La difusión de este material sensible generó un debate público sobre el manejo de información en investigaciones en curso y también alimentó reclamos de justicia y cambios en las políticas de imputabilidad juvenil.
En ese marco, sectores sociales impulsan el proyecto conocido como “Ley Jeremías”, que propone reducir la edad de imputabilidad penal a los 12 años en casos de delitos graves, un punto que también recibió atención política y mediática.
Reclamos de la familia y seguimiento del caso
La familia de la víctima ha manifestado en diversas oportunidades su exigencia de justicia y su preocupación por la posible libertad de los acusados debido a su edad, advirtiendo que la legislación vigente complica que se les impongan penas privativas de libertad comparables a las de un adulto.
En la última reunión con la Fiscal General, los allegados destacaron la importancia de mantener informados a los familiares sobre cada avance procesal y reiteraron su compromiso de colaborar con la investigación en los aspectos que les competen.
El caso continúa bajo investigación, y desde la Fiscalía General se aseguró el compromiso de abordar integralmente a las víctimas y garantizar la adecuada persecución penal, de acuerdo con los lineamientos estratégicos de gestión institucional.















