La Justicia dictó la quiebra de la histórica empresa Sancor: una deuda impagable y plantas paralizadas sellaron su destino

Luego de atravesar casi dos décadas en fuerte crisis financiera y sin que sus directivos encontraran una salida para frenar la debacle, este miércoles quebró la histórica usina santafesina Sancor, con sede en Sunchales y portadora de una de las principales marcas lácteas argentinas. Así lo dispuso la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Rafaela.

La decisión se toma tras el fracaso del concurso preventivo iniciado en febrero de 2025, y se basa en que la propia cooperativa reconoció formalmente su imposibilidad de pagar las deudas verificadas y de presentar una propuesta de acuerdo a sus acreedores. Además, se acumulan pedidos de quiebra directa promovidos por acreedores externos ante la falta de pago de obligaciones corrientes posteriores al concurso.

Otro argumento central del tribunal fue la “inviabilidad estructural” de la cooperativa debido a su millonario pasivo. En efecto, la deuda concursal asciende a 41.600 millones de pesos y 86 millones de dólares.

A esto se suma una deuda postconcursal —generada durante el proceso— que crece a un ritmo estimado de $3.000 millones mensuales. En cuanto a la situación laboral, al personal activo se le adeudan más de cinco meses de sueldos.

En la actualidad, las seis plantas industriales funcionan muy por debajo de su capacidad, siendo la de Sunchales la más ociosa.

El trabajo de la sindicatura

La jueza Agostina Silvestre ordenó la continuación de la explotación de la empresa para preservar su valor como unidad económica y proteger las fuentes de trabajo, y dispuso la venta de la empresa “en marcha”, ya sea como un todo o por unidades productivas, mediante una licitación transparente que permita encontrar un adquirente capaz de reactivar la producción.

En relación al régimen laboral, el síndico deberá presentar una lista del personal estrictamente necesario para sostener la operación o el mantenimiento de las plantas. Los trabajadores que no sean incluidos quedarán suspendidos por 60 días, y si en ese plazo no hay una solución, la relación laboral quedará extinguida.

Por su parte, los directivos perdieron la administración de los bienes, que pasa a manos de la sindicatura, y se ordenó la inhibición general de bienes junto con la prohibición de salida del país para los integrantes del Consejo de Administración y el síndico titular.

El juez también determinó que el mecanismo de “salvataje” o cram down no es aplicable, ya que la ley de cooperativas impide que un tercero adquiera cuotas sociales como en una sociedad anónima. Además, el nivel de endeudamiento supera el valor de los activos, lo que vuelve inviable ese esquema.

En cuanto a los próximos pasos, los acreedores con deudas posteriores al concurso tienen plazo hasta el 29 de mayo de 2026 para verificar sus créditos. Mientras tanto, la sindicatura deberá avanzar con un inventario detallado de todos los activos en cada establecimiento.

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