Amenazas falsas en escuelas de Santa Fe: cómo es el protocolo para cobrar los operativos

La provincia de Santa Fe avanzó en la implementación de un protocolo para cobrar los costos de operativos desplegados ante amenazas falsas, un fenómeno en crecimiento que genera alarma social y demanda un fuerte despliegue de recursos estatales.

La medida fue confirmada por Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, en una entrevista con LT10. Según detalló, el objetivo es recuperar los gastos que implica cada intervención, que pueden alcanzar entre 6 y 7 millones de pesos.

Orciani reveló que el martes se registraron 78 llamados en distintos puntos de la provincia, lo que obligó a activar protocolos de seguridad en escuelas y otras instituciones. “Esto no es una broma, es un delito tipificado en el Código Penal”, remarcó la funcionaria, al tiempo que advirtió sobre el impacto económico que generan estas situaciones: movilización de policía, brigadas especializadas, bomberos y operativos de tránsito.

Cómo funciona el protocolo

El nuevo esquema establece un mecanismo de recupero y resarcimiento de gastos que no se aplica de forma automática. Para que el Estado pueda reclamar el dinero, debe existir una causa penal iniciada, con la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y una notificación formal al Ministerio de Justicia y Seguridad. A partir de ese momento, se habilita un procedimiento administrativo para reclamar el dinero correspondiente al operativo.

Costos variables según el operativo

Si bien se estableció un promedio, Orciani aclaró que el costo depende de múltiples factores:

• Ubicación del hecho (no es lo mismo en el centro de la ciudad que en una localidad pequeña).
• Magnitud del operativo (evacuaciones, cortes de calle, despliegue adicional).
• Participación de bomberos zapadores o voluntarios.
• Intervención de municipios o comunas en el ordenamiento del tránsito.

“Todos los recursos que se movilizan son del Estado, es decir, de los contribuyentes”, subrayó.

Responsabilidad penal y económica

Desde el Gobierno fueron enfáticos: las amenazas falsas no solo implican consecuencias penales, sino también responsabilidad económica. En el caso de menores, el costo podrá recaer sobre sus familias.

“Hay una tarea conjunta entre la escuela, el Estado y la familia. Esto tiene que quedar claro: no es un juego”, insistió Orciani.

La funcionaria también advirtió que se trata de una problemática que excede a Santa Fe y se replica en distintos puntos del país, con casos recientes en grandes ciudades donde incluso se reforzaron controles en instituciones educativas.

En ese contexto, el Gobierno provincial busca desalentar estas conductas mediante sanciones concretas y la recuperación de los costos que generan.

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