Los salones de eventos en Santa Fe, entre la espada y la pared por SADAIC tras el decreto nacional

El reciente decreto nacional que exime del pago por el uso de piezas musicales en fiestas privadas y hoteles desató una fuerte controversia en el sector de eventos, poniendo a los dueños de salones en una situación de extrema tensión con la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC).

En Santa Fe, Andrés Gavilán, propietario de un salón de eventos, describió la encrucijada que atraviesa el sector. Explicó, en diálogo con Sol Play, que si bien la ley exige que sea el dueño del salón quien abone la tarifa de SADAIC —calculada en función del costo de la tarjeta—, ese gasto inevitablemente se traslada al consumidor final.

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"La ley dice que SADAIC lo tiene que pagar el dueño del salón y que se calcula según el costo de la tarjeta. ¿Qué hacés? Ese costo se lo trasladás al cliente”, afirmó Gavilán.

Conflicto en el punto de venta

El empresario remarcó que el decreto del Gobierno, en lugar de solucionar el problema, sembró mayor confusión. “Muchos salen a decir ‘no lo paguen’, pero no son dueños de salones. Nos ponen en el medio”, enfatizó.

Mientras SADAIC sostiene la obligatoriedad del pago por parte del salón y envía cartas documento, los clientes, alentados por la nueva normativa, se niegan a cubrir ese costo. "Se genera un conflicto donde el dueño del salón está en el medio", lamentó Gavilán.

Incertidumbre en las reservas anticipadas

La situación se vuelve más compleja en eventos contratados con gran anticipación. El costo actual de la tarifa de SADAIC ronda los 97 mil pesos para un cumpleaños de 15, pero los propietarios de salones no tienen certeza de cuánto deberán pagar dentro de un año, dificultando su inclusión en el precio inicial.

Gavilán también denunció la falta de claridad por parte del Gobierno nacional para resolver el conflicto. "El gobierno no sale a decir ‘se paga o no se paga’. Estamos entre la espada y la pared del cliente que no quiere pagar y SADAIC que nos manda carta documento”, aseguró.

La cláusula de resguardo legal

Ante el riesgo de acciones legales, el empresario explicó la medida que adoptó para protegerse: "Yo le digo a la gente que SADAIC hay que pagarlo. Ellos responden que no. No hay problema, no los voy a obligar, pero les hago firmar un contrato". De esta manera, si la entidad inicia un reclamo legal contra el salón, el costo se traslada automáticamente al cliente que se negó a abonar la tarifa.

Gavilán concluyó que, sin una postura clara del Estado, los dueños de salones son siempre los perjudicados. “Uno termina siendo el malo de la película de algo que está en el medio. Entre SADAIC y el Gobierno nos ponen en una guerra. No sabemos qué hacer”.