Marcha de las Antorchas: “La inundación del 2003 tiene que ser un problema de Estado”

Integrantes de la Marcha de las Antorchas realizaron ayer una nueva concentración en plaza 25 de Mayo, al cumplirse nueve años de la primera manifestación pública en reclamo de justicia, y para determinar las responsabilidades políticas de la peor catástrofe hídrica que sufrió la ciudad de Santa Fe y que dejó 130 mil damnificados.

Uno de los objetivos del reclamo fue plantear la derogación por inconstitucionalidad de la ley 12.183 (reparación por inundación) que establece que “para recibir el pago de la ayuda extraordinaria el beneficiario debe renunciar a cualquier pretensión por indemnización de daños y perjuicios derivados de las inundaciones”.

Esa normativa fue calificado por los integrantes de la Marcha de las Antorchas no sólo como inconstitucional, sino como “un hecho más de violencia hacia las víctimas”. Es que quienes aceptaban el pago no sólo se quedaban sin la posibilidad de futuras acciones contra el Estado sino que, además, recibían montos que no cubrían los daños. “Lo aceptamos por la emergencia de la situación, porque no teníamos nada”, contó Fernanda, una de las afectadas. Por ejemplo, para quienes tuvieron más de dos metros de agua dentro de sus domicilios, la ayuda económica fue de seis mil pesos.

Para saber quién es quién

Además, solicitaron que se proteja y se publique la totalidad de la documentación de la causa, desde el pago de obras, donaciones y otros ítems que probarían delitos de corrupción. “Esas pruebas tienen que ser publicadas. En el portal web de la provincia sólo hay una parte de la documentación que consta en el expediente. Queremos que se publiquen en su totalidad, para que todos los santafesinos tengan acceso a ellas y puedan, a la hora de votar, saber quién es quién. Hay funcionarios del gobierno de Reutemann que se están reciclando en nuevos cargos”, expresó ayer Hector Sanagustín, uno de los damnificados.

Y Marta Giavi, otra de las manifestantes, completó la idea: “La verdad es que nuestros reclamos son irrebatibles. Es tan grave lo que hicieron que no hay forma de refutarnos. Fundamentalmente, lo que queremos es que la inundación del 2003 sea considerada una cuestión de Estado, lo que garantizaría que no se vuelva a repetir y que se reparen los gravísimos daños causados a Santa Fe”.

“Desviaron la investigación”

“Hoy se conmemoran nueve años de habernos encontrado en la plaza todos juntos en el grito, en el abrazo, en la bronca, prometiéndonos conseguir justicia y verdad, conservar la memoria y lograr el juicio y castigo a los inundadores”, recordaron los manifestantes y explicaron cuáles fueron las novedades en la última reunión, concretada el pasado martes 24 de julio, con el fiscal de Estado Pablo Saccone.

“El fiscal prometió abrir el debate sobre la causa Inundación en el ámbito del Poder Ejecutivo, lo mismo en lo que refiere a la reiteración de nuestro pedido de entablar juicio político a la Corte Suprema de la provincia. En el transcurso de la conversación con el fiscal se planteó que la investigación trató deliberadamente de evitar puntualizar responsabilidades. Y se hizo un paralelismo entre lo ocurrido en la causa de Cromañón y la causa Inundación 2003. En la primera, la intervención de la Justicia se llevó un intendente. En cambio, en nuestra causa se trató de evitar de ver quién era el responsable y hubo absoluciones que uno no pueden entender”.

Según las cifras oficiales, entre el 29 de abril del 2003 y los días inmediatamente posteriores fallecieron como consecuencia directa 23 personas en la ciudad. Sin embargo, desde la Casa de Derechos Humanos calcularon que las víctimas fatales ascendieron a 100, producto de las secuelas sufridas, además de las pérdidas económicas gravísimas que afectaron a los vecinos de un tercio de la ciudad, que quedó cubierta por las aguas del río Salado.