Santa Fe

Mediadores continúan en desacuerdo con los cambios que estableció el Ejecutivo

El ministro de Justicia dictó una resolución que modifica puntos del decreto que cambió la reglamentación de la ley de mediación. Los profesionales afirman que legalmente no tiene valor

Viernes 11 de Enero de 2019

En diciembre del año pasado, los mediadores de la provincia de Santa Fe emitieron un comunicado luego de conocido el dictado del Decreto Nº 4.036 del Poder Ejecutivo de la provincia. “Los mediadores de la provincia de Santa Fe manifiestan ante la ciudadanía, autoridades provinciales, colegios profesionales e instituciones formadoras la profunda preocupación ante el Decreto PEP Nº 4.036 dictado el 17/12/18 en forma intempestiva, luego de fracasado este año su intento de reforma de la ley de mediación, por la rotunda negativa del legislativo a tratarla en el recinto”, afirmaron.

Anunciaron también en esa oportunidad la presentación de “diversas acciones administrativas y judiciales en salvaguarda de los derechos violentados y, esencialmente, en defensa del camino de la paz social inaugurado como política de Estado desde el año 2010, durante el gobierno del Dr. Binner mediante Ley Nº 13.151”.

Recientemente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein dictó la Resolución 001/19 disponiendo la modificación de algunos artículos del Decreto 4036/18. Entre otras cuestiones, la reciente norma establece, entre otras medidas, que “no se aplicará el sistema de evaluación establecido en los artículos 24º y 25º ni la presencia de agentes comisionados en las mediaciones conforme al artículo 34º el Decreto Nº 1.747/2011, redactados según las previsiones del Decreto Nº 4.036/2018”.

También, en el artículo 2, se refiere a la Comisión de “evaluación y obtención de información en relación al funcionamiento general del sistema de mediación prejudicial obligatoria”, y aclara que “el mismo no tendrá por objeto evaluar en forma individual a los actores del mismo, sino que consistirá en una encuesta de satisfacción de funcionamiento del sistema general cuya información servirá como insumo para la implementación del diseño de modificaciones o revisiones de diferentes aspectos de la mediación general obligatoria”.

Sin embargo, en diálogo con UNO Santa Fe, desde la Asociación Mediadores Santafesinos, la mediadora Cristina Oesquer afirmó que la Resolución 001/19 “legalmente no tiene valor ya que un decreto solo puede modificarse, suspenderse o derogarse por la misma vía, es decir, otro decreto”.

Además, Oesquer afirmó que si bien “entre los puntos dispone que no se aplique el sistema de evaluación establecido en el decreto, y que a través de una comision se realicen estadísticas por medio de encuestas con el fin de evaluar el funcionamiento del sistema, se “siguen manteniendo los demás artículos cuestionados por mediadores.

En ese marco, informó que los mediadores santafesinos continuarán solicitando la derogación del Decreto 4036/18 (que dio origen al reclamo), por ser contrario a los preceptos legales que plantea la ley de mediación, por carecer de ética jurídica, y violar los principios básicos y fundamentales del Instituto de la Mediación.

“Lo que plantea el Ejecutivo atenta contra la libertad del trabajo del mediador y demuestra desconocimiento del proceso, la ley y el Instituto de la Mediación. Es un retroceso, lejos de ser una mejora en la aplicación de la ley y contrario a la cultura de paz”, resaltó la profesional.

Mediadores en la Peatonal

Para poner en conocimiento de la sociedad el planteo, el sábado de 9.30 a 12.30, los mediadores santafesinos realizaran en Peatonal San Martín y Cortada Falucho una actividad de difusión y sensibiización del procedimiento de mediacion prejudicial.

“Esto es en el marco de las acciones llevadas adelante en defensa del instituto de la mediación y su valioso aporte a la pacificación social, e invitamos a todos los ciudadanos a presenciar y participar de dicha actividad”, contó Oesquer.

Reunión con Lamberto

El miércoles 9 de enero, un grupo de mediadores mantuvieron una reunión con el defensor del pueblo de la provincia, Raúl Lamberto. Durante el encuentro le solicitaron que arbitre de oficio las medidas conducentes a lograr la derogación del decreto de la polémica.

En ese marco sostuvieron que la intervención del ombudsman es requerida y consecuente ya que la Defensoría trabaja desde hace tiempo en torno a la promoción de la mediación como cultura de paz, y fue el propio Lamberto desde la Cámara quién impulsó la ley de mediación en Santa Fe.

Acciones para frenar el decreto

Paralelamente, los mediadores han también iniciado acciones para frenar los alcances de la norma. En contacto con UNO Santa Fe, Domingo Rondina, abogado patrocinante explicó que hasta el momento se presentaron recursos administrativos con la intención de que no quede firme el Decreto Nº 4.036/2018. Estos trámites fueron acompañados por mediadores de distintos rincones de la provincia (Rosario, Rafaela, Reconquista y Santa Fe). Se trata de cuatro expedientes en donde se plantean "algunos problemas serios que tiene la norma", explicó el letrado y advirtió que bajo la vestimenta de una reglamentación se está modificando la ley y básicamente, se está achicando el beneficio de la no judicialización. “Es decir, que habrá más juicios y no menos”, sostuvo.

Resaltó además que lo determinado por el Ejecutivo disminuye la remuneración a los mediadores y hace que el sistema sea más costoso para los litigantes.

En ese sentido contó que son varios los reproches de los mediadores, ya que por ejemplo el sistema de puntuación a cargo de los abogados usuarios, que a primera vista podría presentarse "como algo simpático", tendrá como consecuencia que "según el puntaje obtenido se impondrá una mayor o menor cantidad de horas de capacitación, con posibilidad incluso de no poder ejercer más la profesión".

“Entonces, no se puede restringir por un puntaje sin verificación la actuación profesional. A su vez, esa capacitación que se establece no la brinda el Estado y no es gratuita. Lo deben costear los mismos profesionales con sus honorarios”, advirtió.

En esa dirección, planteó que el Estado debe saber y prever de qué manera no se afecta el ejercicio de la profesión. "Porque sino esto lleva a que se concentre en pocos mediadores, que van a controlar todo el sistema de mediación, frente a lo que es un sistema que está funcionando relativamente bien, en el que hay miles de mediadores disponibles", finalizó Rondina.

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