Para la Municipalidad, en las usurpaciones de terrenos "hay cierto nivel de organización"

El municipio relevó en las últimas horas a 116 familias en los terrenos fiscales nacionales usurpados desde el jueves que están delimitados por Facundo Zuviría (atrás del CIC), Azcuénaga, 9 de Julio y Matheu, al norte de la ciudad. La tensión en la zona crece a cada minuto con vecinos y comerciantes del trueque que realizan desde hace varios días protestas con quema de cubiertas y corte de tránsito para manifestarse en contra de las ocupaciones.

Paola Pallero, de la Agencia de Hábitat de la Municipalidad, relató que la toma comenzó el jueves pasado "con 40 personas y después se fue multiplicando y llegaron más o menos a 80". Y agregó: "Se fue complejizando con el paso de las horas, motivo por el cual intervenimos con todas las áreas de la Municipalidad y de la provincia, y las fuerzas provinciales y nacionales".

Cabe destacar que durante las últimas horas la policía evitó una segunda usurpación en un terreno en Las Heras al 8700, donde unas 11 familias intentaron instalarse. A raíz de este episodio se inició una investigación a cargo del fiscal Carlos Lacuadra.

Por su parte, el secretario de Integración y Economía Social municipal Mariano Granato describió sobre el origen de las usurpaciones: "Rumores hay un montón. No estamos en condiciones de decir quién los organizó. Las imágenes que se pueden registrar hablan por sí solas. Claramente no es una situación espontánea. Todo hace pensar que hay una organización atrás pero no estamos en condiciones de asegurarlo. Nosotros estamos seguros de la acción de la Municipalidad desde el minuto cero, el sábado estaba presentada la denuncia. Las dilaciones no fueron producto de otra cosa que no sea de la burocracia del Estado".

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En relación a las acciones que llevó adelante la Municipalidad sobre este conflicto, aclararon que el viernes enviaron a la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) para constatar la situación y el sábado se acercaron los funcionarios a la Comisaría 26ª para hacer la denuncia y luego hicieron lo mismo en el juzgado federal ya que los terrenos son nacionales. "El fiscal lo que dice es que las fuerzas de seguridad tienen que detener la comisión de un delito", aclaró Granato sobre la actuación del fiscal federal Walter Rodríguez.

Sobre los pasos a seguir, Granato detalló: "Lo que tiene que llegar es una medida de desalojo que la dicta un juez, que es lo que estamos esperando para poder proponerle a las familias soluciones alternativas. No van a aparecer 116 casas de un día para el otro, estas familias en algún lado viven y seguramente tiene problemas, complejidades y déficits habitacionales pero hay que trabajar con cada familia para soluciones parciales. No será un desalojo compulsivo porque eso generaría tensiones y conflictos que irían en contra de la garantía de derechos de las familias. Seguramente va a ser un trabajo de varios días. Esperemos que no haya más usurpaciones, más allá de la crisis. La toma del espacio público no es ninguna solución posible".

Al mismo tiempo indicó que se trabajará con las familias que cometieron la usurpación: "Se realiza una intervención que tiene como origen la iniciativa política del intendente, que convocó a todos los agentes involucrados. Por suerte hubo una buena recepción del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y de Hábitat con el Ministerio Público de la Acusación en la que se determinó una intervención perimetral de las fuerzas de seguridad para que esto deje de evolucionar porque se agregan familias. La primera medida es evitar eso y trabajar familia por familia en un mensaje claro que el camino no es la usurpación. Más allá de la realidad de cada familia este no es el marco ni la forma en la que vamos a trabajar. La idea es buscar una solución que no genere más conflictividad. Hay que respetar el derecho al hábitat pero también a los trabajadores de la economía popular que realizaban el trueque en estos terrenos de Vialidad Nacional".