Pescadores de Santa Fe celebran el acuerdo que regula la actividad comercial y piden participar de las revisiones trimestrales

Luego de semanas de tensión, cortes de ruta y manifestaciones de pescadores de Santa Fe y la región, Jesús Pérez aseguró que la nueva resolución “fue todo un acuerdo” trabajado en conjunto con la provincia.

“Nosotros propusimos al gobierno tomar estas medidas para destrabar este conflicto. Le dimos al gobierno otra alternativa porque habían decidido un cierre de exportación por un año, y eso dejaba a miles de familias sin ingreso”, explicó.

El dirigente recordó que la ley 3.119 obliga al Estado a compensar económicamente al trabajador de río cuando se prohíbe la comercialización con destino a la exportación o mercado interno. “El Estado no quería pagar lo que dice la ley. Por eso planteamos un esquema diferente para destrabar el conflicto”, sostuvo.

Impacto social y urgencias del presente

Pérez remarcó que el cierre prolongado hubiera golpeado de lleno al sector: “Advertimos que entre 1.700 y 2.000 familias se iban a quedar sin fuente laboral. El 70% del padrón de pescadores trabaja para frigoríficos y hay pueblos enteros que viven solo de eso porque no tienen mercado interno”.

Aun con el acuerdo vigente, el dirigente señaló que la transición generó algunas dificultades este martes, ya que la norma no se había publicado en el Boletín Oficial.

“Estamos esperando que la medida salga en el Boletín Oficial. Hoy (por este mediodía) no estaba publicada y eso generó que se pierda pescado. Muchos compañeros salieron a pescar, volvieron y no tenían hielo porque los frigoríficos no querían bajar al río”, explicó.

“Queremos trabajar”

Consultado sobre si el conflicto queda cerrado, Pérez fue claro: “Nosotros queremos trabajar. Vamos a tener limitaciones (como cantidades y cupos), pero fue lo que propusimos y se evaluará cada tres meses”, dijo en declaraciones al programa De 10, que se emite por LT 10.

Sin embargo, reclamó que el Estado convoque al sector antes de cada revisión: “Si no, seguimos en la misma”.

Frente a las preguntas sobre el cuidado de la especie, Pérez aseguró que el sector comprende la necesidad de regulación.

pescadores corte protesta

“¿Cómo no vamos a entender? Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es la fuente laboral. ¿Qué hacemos con las familias de pescadores? Es su único sustento”, planteó.

El dirigente también se refirió a uno de los señalamientos que surgieron durante el conflicto: la posibilidad de reconvertir a parte del sector. “No nos negamos a hacer mercado interno, pero hoy no estamos en condiciones. Una vez que tengamos la infraestructura adecuada, arrancamos”, afirmó.

En esa línea, graficó: “Si usted le saca a Colonia San José —que tiene 15 pescadores— o a Colonia Macías —que tiene 45— el camión del frigorífico, esas familias quedan obligadas a colgar pescado en la ruta 1 para ver si alguien les compra”, advirtió.

Pérez subrayó que la defensa ambiental y la defensa del trabajo no son excluyentes:

“No nos negamos a un cierre ni a cuidar el recurso. Todo lo contrario: queremos preservarlo. Pero busquemos una alternativa para esas familias”.

Las nuevas reglas para la pesca comercial

Entre los puntos centrales de la nueva normativa, la provincia estableció por primera vez en su historia un cupo máximo de captura de 900 toneladas para todas las especies de peces destinadas a la pesca comercial en el Río Paraná y sus afluentes durante el primer trimestre de 2026.

Además, se dispuso una veda temporal para el sábalo, principal especie comercial de la región. La pesca y el acopio del sábalo (prochilodus lineatus) quedarán suspendidos del 20 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026, coincidiendo con la etapa estival de desove y de acuerdo con medidas similares tomadas por Entre Ríos.

Santa Fe y Entre Ríos: normas coordinadas

Uno de los objetivos más relevantes de la Resolución 367 es armonizar las reglas pesqueras entre Santa Fe y Entre Ríos, considerando que comparten el mismo ecosistema fluviomarítimo del valle aluvial del Paraná.

La medida se enmarca en:

• El Plan Estratégico de Reconversión y Utilización Sustentable del Recurso Ictícola

• Acuerdos regionales del Comité de Manejo de Pesquerías del Litoral (COMAPEL)

• El cumplimiento de fallos judiciales previos que ordenaron regular la actividad

De esta manera, el Gobierno provincial busca evitar asimetrías regulatorias que afecten tanto a pescadores como a acopiadores y exportadores, un reclamo que venían sosteniendo sindicatos y cámaras empresarias.

Control, monitoreo y declaraciones juradas

La resolución también dispone mecanismos de control y fiscalización. Dentro de las primeras 48 horas del inicio de la veda, los acopiadores deberán presentar una declaración jurada ante la Dirección General de Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros especificando la cantidad de sábalo en existencia.

Asimismo, se ordena la intervención de organismos como: Prefectura Naval Argentina, Assal, Senasa, ARCA y Aduana y el ministerio de Justicia y Seguridad, lo que permitirá reforzar el control en rutas, frigoríficos y puertos durante el periodo de restricción.