Radiografía del sistema penitenciario santafesino: hay casi 13 mil presos y faltan plazas de alojamiento

El Ministerio Público de la Defensa (MPD) presentó este jueves su informe de gestión 2025 ante la Legislatura de Santa Fe y expuso que en la provincia hay 351 detenidos por cada 100 mil habitantes. El incremento que se produjo en los últimos años conlleva a una suba de plazas de alojamiento, situaciones de hacinamiento y violencia.

Según el análisis del MPD, la tasa de detenidos por cantidad de habitantes de Santa Fe es más alta que el último dato disponible a nivel nacional, que en 2024 dio 284 personas por cada 100.000 argentinos.

En Santa Fe se registraron 12.868 personas detenidas en 2025, apenas mil más que en 2024. La evolución histórica marca dos saltos exponenciales en la cantidad de privados de libertad en la provincia: el primero de 3.948 en 2016 a 5.355 en 2017 reclusos (+1.407); y el segundo que crecieron de 9.970 en 2023 a 11.811 presos en 2024 (+1.841).

La cantidad de privados de la libertad en Santa Fe refleja una problemática histórica en la provincia (y en el país) como la falta de cupos o plazas de alojamiento carcelario.

El informe llega semanas después de que el gobierno provincial anuncie que la unidad penitenciaria de máxima seguridad, llamada El Infierno, se va a inaugurar en mayo 2027. Esa unidad penitenciaria sumará 1.152 plazas.

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Alojamiento en las cárceles

En la última década, la cantidad de personas detenidas en el Servicio Penitenciario de Santa Fe creció en un ritmo constante y más pronunciado que la cantidad de plazas disponibles. En Santa Fe hay 11.760 personas detenidas en unidades penales, el 61% de ellas con condena firme.

Mientras que en 2015 había 3.027 personas privadas de la libertad y 3.016 cupos de alojamiento carcelario, para 2025 el sistema registró 11.760 detenidas en cárceles, contra 8.816 plazas. En concreto, la sobrepoblación carcelaria es una realidad, aunque en los últimos dos años se sumaron casi 2.500 lugares, considerablemente más que las 1.549 plazas creadas entre 2017 y 2023. Las unidades de mayor sobrepoblación son la Nº 1 (Coronda) y la Nº 11 (Piñero).

Condiciones de las cárceles

El MPD relevó testimonios y observaciones de las condiciones de detención en las cárceles de Santa Fe. También tomó declaraciones a los familiares que visitaban las penitenciarias.

Según lo expuesto en el informe, se constataron deficiencias edilicias en instalaciones eléctricas, déficit de agua caliente o daños en sanitarios. También se advierte la ausencia de provisión regular de productos de higiene y desinfección, falta de fumigación periódica y la proliferación de plagas, entre otras irregularidades.

Por otro lado, el informe presentó 43 fallecimientos en contextos de encierro, 39 de ellos bajo la custodia del Servicio Penitenciario. De total de fallecimientos, 42 fueron de varones y la mitad tenían menos de 45 años.

Las muertes no corresponden únicamente a violencia dentro del penal, sino que se contabilizan todas las causas. En Santa Fe, de los 39 decesos hubo por consecuencias de enfermedades prevalentes, suicidios, episodios de ACV hemorrágico, tuberculosis, muertes en grescas, cáncer de estómago, problemas cardíacos y peritonitis.

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Reinserción social

En otro apartado, el MPD procuró relevar en número de cupos educativos disponibles en cada unidad penitenciaria en los niveles primario, secundario y terciario/universitario, así como los destinos ocupacionales y los espacios no formales ofrecidos por universidades, programas sociales como Reintegrarse y otras organizaciones de la sociedad civil.

“En el plano educativo, se profundizó el trabajo con universidades públicas y privadas con presencia en el territorio provincial, buscando garantizar la continuidad pedagógica de estudiantes en contexto de encierro”, detalló el informe y destacó los encuentros de la red “Abrir la Prisión”, conformado por organizaciones sociales.

El informe señaló como “hito” el trabajo de la cooperativa Manos Libres, conformada por mujeres exreclusas, que hoy desarrollan servicios de lavandería artesanal y producción textil, una experiencia que involucra al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), al Servicio Penitenciario Provincial y al Ministerio de Producción de la provincia.