Premios y castigos para la Policía de la provincia de Santa Fe

El control cruzado sobre la Policía y generar criterios de premios y castigos que gobiernen el accionar de los agentes e influyan directamente sobre sus carreras son casi temas tabú en la política criminal de cualquier Estado. Se trata, evidentemente, de una gran deuda de la democracia y por ese motivo la Cámara de Diputados de Santa Fe avanzó con un mecanismo de evaluación de la actividad policial.

La iniciativa fue elaborada por la diputada del Partido SI, Alicia Gutiérrez (FPCyS), y consiguió media sanción con el acompañamiento de sus pares. “Los buenos policías, quienes asumen el difícil rol de velar por la seguridad de la ciudadanía, deben verse fortalecidos para sus ascensos y destinos por encima de quienes no honran adecuadamente la función que desempeñan”, manifestó.

“Esta ley propone la creación de una Comisión de Seguimiento y Evaluación Policial con la que se instala la idea del evaluador externo y contempla la participación de personal policial en actividad o retiro y de personalidades civiles de trayectoria en la materia. La idea es fortalecer el concepto de seguridad democrática y el gobierno del poder político sobre la fuerza policial”, consignó la legisladora.

Esta comisión es la que debe organizar y analizar el trabajo policial para la promoción de los ascensos mediante métodos preestablecidos, “sobre la idea de resultados concretos, constatables y analizables tanto por el propio cuerpo policial como por la ciudadanía toda”. Para Gutiérrez, este esquema “además de beneficiar a los trabajadores policiales” ayudará a reducir “la arbitrariedad que hoy existe en el régimen actual donde predomina el oscurantismo, la negociación secreta y la libertad para otorgar beneficios e imponer «castigos» a placer”.

“El policía –continuó– es un funcionario público regido por normas de transparencia. En consecuencia, al igual que los funcionarios políticos que periódicamente nos sometemos al escrutinio público, se incluye la palabra del vecino, del operador judicial, de las organizaciones no gubernamentales, entre otros, como partes influyentes para decidir sobre las futuras – y actuales – autoridades policiales”.

“Vemos a este sistema como un incentivo para los jóvenes empleados policiales que verán cómo sus esfuerzos van a ser recompensados en sus ascensos, y para la ciudadanía que va a tener un lugar donde plasmar sus inquietudes de manera útil y eficiente. No dudamos en que –de convertirse en ley– avanzaremos notablemente en el desarrollo de las instituciones democráticas”, argumentó la diputada.