Prorrogan un año más la Emergencia en Seguridad en la provincia de Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro extendió por un año la ley de emergencia en seguridad pública en la provincia de Santa Fe a través del Decreto Nº 2.838, publicado el lunes 16 de diciembre. Según explicó, la decisión responde a la necesidad de mantener los avances logrados en la lucha contra el delito y la violencia, problemas que aún persisten.

Un contexto de violencia y resultados alentadores

La ley de seguridad pública fue sancionada el 14 de diciembre de 2023, pocos días después de que Pullaro asumió como gobernador. Su implementación buscó abordar la crisis de violencia que afectaba a la provincia, especialmente en las ciudades de Rosario y Santa Fe, donde los homicidios dolosos vinculados a enfrentamientos entre bandas narcos y ajustes de cuentas habían alcanzado niveles alarmantes.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, hasta octubre de 2024 se registraron 78 homicidios en la ciudad de Rosario, lo que representa una disminución del 65% en comparación con los 219 casos reportados en el mismo mes de 2023. “Si bien los indicadores muestran una contención de la situación de seguridad, el delito y la violencia siguen latentes”, destacó la Casa Gris en el decreto.

Fundamentos de la prórroga de la emergencia en seguridad

La decisión de extender la emergencia se basa en la necesidad de “garantizar la continuidad de los resultados positivos” y de “seguir fortaleciendo los esfuerzos ante la violencia emergente, el delito organizado y otros problemas que afectan al territorio provincial”. Según el texto, estas “circunstancias fácticas” justifican la ampliación del plazo de emergencia con miras a construir “una sociedad más segura y justa para todos”.

La norma ha permitido mejorar las condiciones laborales de las fuerzas policiales y fortalecer las capacidades del Estado provincial para combatir el delito. Entre los logros destacados se encuentran:

• La creación de una Unidad Ejecutora de Infraestructura, que posibilitó la construcción de pabellones con capacidad para alojar a 4.000 internos.
• La reincorporación de agentes policiales retirados para tareas operativas.
• La adquisición de equipamiento y tecnología mediante licitaciones rápidas.

El decreto también lleva la firma del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, quien destacó la importancia de mantener las herramientas implementadas en 2024 para consolidar los avances logrados.

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