Semana clave en la legislatura para definir el paquete de reformas en seguridad: "El consenso entre Unidos es que este jueves haya ley"

La Legislatura santafesina entra en una semana decisiva para el paquete de seguridad que envió el gobernador Maximiliano Pullaro. Se trata de los proyectos que pretenden reformar el Código Procesal Penal, ley de ejecución de la pena, ley de inteligencia, ley de recompensas, ley orgánica de policías y Código de Faltas.

En ese contexto, el más caliente en términos políticos es el de “herramientas para la seguridad”. En ese clima, el diputado provincial José Corral se mostró optimista en que estre jueves avancen y sean aprobados las leyes en diputados.

“No podemos cantar victoria”

Corral arrancó con un balance de gestión. Recordó que cuando asumió Pullaro había una demanda “desesperada” de que bajara la violencia, en la calle y en la cárcel. Habló de los casos de “home office”, como se decía con ironía a las órdenes de matar que salían de los penales, y de una Rosario donde no se podía “andar tranquilo por la calle” ni organizar un casamiento, manifestó a los micrófonos de LT10.

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Ese escenario, sostuvo, cambió: “Hemos organizado los Juegos Sudamericanos con mucho éxito y se ha recuperado el espacio público.” Los homicidios dolosos, agregó, tienen sus mejores años de la serie en 2024 y 2025, y “2026 viene incluso mejor todavía”.

Pero el diputado advirtió que la provincia todavía no está donde quiere: “Estamos casi en la media nacional, pero no llegamos a estar como el resto de las provincias del país.” Y puso el foco en los delitos predatorios, los menos violentos pero los que más alarma generan, como el robo de celulares.

Para Corral, el nuevo paquete es la continuidad de un camino. Recordó la ley de narcomenudeo, que habilitó a la provincia a intervenir en los búnkeres (dijo que ya llevan “tumbados más de 130 y pico”), y las normas del servicio penitenciario que permitieron controlar mejor las cárceles. “En todos estos aspectos hay algo para mejorar todavía y no nos vamos a quedar de brazos cruzados.”

El celular, en el centro: del GPS al IMEI

Consultado sobre qué cambia para quien sufre un robo de celular, Corral explicó que la reforma busca actualizar la ley a los avances tecnológicos. Puso un ejemplo que, dijo, escucha todo el tiempo: el vecino que sabe en qué domicilio está su teléfono porque lo ubica por GPS, y la policía que no puede entrar porque necesita una causa judicial y un allanamiento.

Con el proyecto, el fiscal, a través de la policía y con noticia al juez, podría intervenir rápidamente cuando la ubicación sea precisa y no solo aproximada. Reconoció que el GPS no siempre alcanza, por ejemplo en un edificio, pero que en muchos casos es exacto.

La segunda herramienta es el control del IMEI, el número que Corral comparó con “el DNI del celular”. Se consulta desde la configuración del teléfono y puede contrastarse con la base de aparatos robados que lleva el ente nacional de comunicaciones. “Si tu número coincide con un celular robado, tendrás que explicar de dónde lo sacaste. Esto es como los autos, como las motos.”

Allanamientos sin orden judicial: las objeciones de la Corte al paquete de reformas en seguridad en Santa Fe

Cuando el periodista lo comparó con el pedido de la tarjeta verde en un control vial, Corral no esquivó la incomodidad: “Son medidas antipáticas. No es lindo que lo paren a uno para pedirle los papeles, pero para achicar ese mercado delictivo necesitamos dar estas herramientas.” Y aseguró que Santa Fe sería la primera provincia en hacer de este chequeo un control cotidiano: “Santa Fe va dejando ejemplos para que otras provincias lo tomen.”

Los límites: abusos, “renuencia” y garantismo

La pregunta incómoda llegó enseguida: ¿cuál es el freno para que la policía no abuse del poder? Corral respondió en términos generales: “Abuso siempre puede haber, pero eso no tiene que llevarnos a que no tengamos legislación.” Y cargó contra una etapa que, según dijo, quedó atrás: durante años, en la Argentina, “escondido detrás de un supuesto garantismo constitucional, se escondieron las peores prácticas” y se cuidó más a los delincuentes que a quienes necesitan protección. Ante el IMEI, su pregunta retórica fue: “¿Qué problema tengo de mostrar en mi configuración cuál es el IMEI de mi celular?”

La defensa había cuestionado el término “renuencia” en el texto, una redacción vaga que permitiría requisar a quien se resista al pedido policial. Corral no negó el reparo: dijo que para eso se hicieron las reuniones de comisión, con “horas y horas” de trabajo parlamentario, y que las sugerencias se van a tomar.

¿Cambios o mensaje intacto?

Ahí está el nudo político. Se le planteó que la propia Corte Suprema provincial marcó límites y se le preguntó si Unidos votará el mensaje tal como llegó o con modificaciones. Corral relativizó el peso de esas objeciones: “La Corte tiene siete miembros. Ninguno de los siete piensa igual que el otro.”

Su respuesta combinó lealtad al Ejecutivo y margen técnico. Por un lado: “Vamos a darle al gobernador las herramientas que necesita.” Por otro, reconoció que el trabajo legislativo suele lograr “una ley promulgada finalmente mejor que como vino el mensaje”, aunque aclaró que “en lo grueso” se aprobará lo que pide el Ejecutivo.

Sobre el calendario, el diputado fue claro. “El consenso entre Unidos es que este jueves haya ley.” El trámite tiene matices: el proyecto de herramientas nació en Diputados, así que luego deberá pasar al Senado. Los otros dos mensajes ya fueron votados por la Cámara alta y, si se les hacen retoques de redacción, volverán al Senado para su sanción definitiva. En cualquier caso, dijo, “en los próximos días vamos a tener estas leyes”.

El diputado provincial José Corral

gentileza

Allanamientos y testigos: qué se está ajustando

Mario Caffaro le preguntó por el allanamiento sin autorización judicial, uno de los puntos más sensibles. Corral recordó que el Código ya prevé casos, algunos anteriores a esta gestión, como incendio o pedido de socorro, y otros incorporados en la última reforma. Por ejemplo, cuando se allana un domicilio y desde el tapial se ven objetos del delito en la casa lindera. El proyecto sumaría el caso del celular y también situaciones extremas, como una persona con explosivos en el baúl del auto.

Insistió en las garantías: orden fiscal, aviso al juez, control judicial posterior y la investigación siempre en cabeza del fiscal. “El Estado no puede ser un Estado bobo que frente a ciertas situaciones no tiene las herramientas para actuar.”

Otro punto en revisión es la posibilidad de interrogar a un testigo sin defensa. Corral dijo que la redacción todavía se está ajustando. Se trata de la etapa en que no hay imputado, en un delito grave, y la entrevista la haría el fiscal y no la policía. Y adelantó una garantía expresa: “Cualquier persona que dice ‘yo quiero mi abogado’, se interrumpe la actuación” y se trae al profesional o al defensor público.

Unidos, el socialismo y la oposición

¿Hay consenso real en la coalición, incluido el socialismo? “Sí, por supuesto”, respondió Corral. Todos los partidos de Unidos, dijo, comparten la responsabilidad de respaldar a un gobernador que fue elegido con ese mandato.

Fue más allá y habló del futuro: “Estamos trabajando para que Pullaro tenga un período más. Se hizo la reforma de la Constitución, está la posibilidad de la reelección.” Reconoció que cada socio querrá incorporar su mirada, pero que los del partido del gobernador van a empujar para que salga “lo más parecido” a lo que envió el Ejecutivo.

Sobre la oposición, dejó la puerta abierta sin ceder el control: hubo diputados opositores que participaron de las audiencias y espera que se sumen en general o en particular, pero “la responsabilidad de gobernar es de Unidos”.

Defensa pública para los policías

Corral destacó un punto que, según dijo, no tuvo tanta discusión pública. A su juicio, un “garantismo estúpido” llevó a que un defensor general sostuviera que la Defensoría no podía defender a policías. “La provincia le pagaba los abogados a los narcos, vamos a decirlo con todas las letras, pero los policías tenían que buscarse un defensor particular.”

La ley lo corregirá de manera expresa, y los servicios jurídicos de la Policía y del Ministerio de Seguridad dejarán de suplir una tarea que no es la suya. Corral afirmó que hay acuerdo con la defensora general y, cree, con la oposición. Se sugerirá crear cargos específicos, aunque el periodista le recordó que esas unidades serían solo sugeridas y no vinculantes. La obligatoriedad de la defensa pública para los policías, aclaró, sí quedará escrita en la ley.

Aislamiento total para presos de alto perfil

Otra medida central es el aislamiento en cárceles para internos de alto perfil, “un porcentaje muy pequeño” de la población penitenciaria. Consultado sobre si esto vulnera convenios internacionales, Corral fue tajante: “No, en absoluto, porque está previsto esta situación.”

¿Y el contacto con un hijo o con la madre? Será limitado en el tiempo, pero total cuando se considere necesario: “Que esa persona no tenga ningún contacto con el exterior”. Fundamentó la medida en casos concretos: las órdenes de sicariato, los homicidios de los primeros tiempos de Pullaro en Rosario, las amenazas a funcionarios públicos.

El diputado enmarcó todo en la obra penitenciaria. Según dijo, se están construyendo más plazas que en toda la historia de la provincia: unas 7.000 nuevas, contra las 6.000 y pico existentes, para casi 10.000 internos, con el consecuente hacinamiento. Mencionó la cárcel de Recreo, recientemente inaugurada, y el penal número 8 de Piñero, de máxima seguridad, al que llamó “el infierno”. Según dijo, está diseñado para estas situaciones de aislamiento.

“Pregunten en la calle”

El cierre llegó con la objeción más política. Algunos miembros de la Corte, se le planteó, reconocieron que el delito baja y que hay el triple de detenidos, así que ¿por qué más herramientas? Corral contestó sin rodeos: “Pregunten en la calle si estamos bien en seguridad. A veces parece que se miran nada más que las estadísticas. Hay que escuchar a los vecinos.”

Y lo personalizó: “Mis hijas tienen miedo de salir con el celular a la calle”, porque el riesgo ya no es solo perder el aparato sino una situación de violencia que puede terminar mal. Reconoció que se salió del peor escenario, el de la violencia extrema, donde se mataba “a un playero al azar”, pero aclaró: “Eso no quiere decir que estemos bien.”

Su conclusión fue también un mensaje a la Legislatura: “No hay que aflojar en seguir mejorando las leyes, las condiciones de trabajo de la policía”, con estaciones policiales nuevas y más autoridad para un servicio penitenciario que enfrenta una tarea muy difícil. “Hay que darle las leyes que necesitan.”