Protocolo Bullrich: “Es algo que no va a pasar el filtro constitucional”

El nuevo reglamento general para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad publicado hoy en el Boletín Oficial de la Nación, que lleva la firma de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich genera repercusiones en la provincia y opiniones encontradas respecto de la decisión nacional.

Consultada al respecto, la defensora provincial, Jaquelina Balangione dijo a UNO Santa Fe que la medida “no va a pasar el filtro constitucional”, porque no se puede a través de un reglamento ir por encima de leyes o de la propia Constitución. En ese camino advirtió también "el peligro” de dejar a criterio de un agente policial la decisión de, en una situación conflictiva, utilizar un arma contra una persona.

Balangione habló de tener en cuenta la formación y capacitación de las fuerzas y recordó que “los casos de abuso policial existen” y que desde el Servicio Público de la Defensa Penal se lleva un “un registro de torturas y malos tratos en donde es altísimo el número de casos registrados”.

Según dicho registro, disponible en la web de la depedencia a cargo de la exjueza, en el primer semestre de 2017 se registraron 199 víctimas de torturas en situación de restricción de la libertad ambulatoria. Las torturas y malos tratos se efectuaron en unidades penitenciarias, comisarías, celadurías, alcaidías, hospitales monovalentes.

En ese marco, la funcionaria judicial advirtió respecto de la violencia institucional contra los derechos humanos porque el momento en el que con mayor incidencia se da es cuando las personas son aprehendidas. "Es cuando recién las meten presas. Ahí es donde se dan los apremios ilegales, y demás. Es liberar una barrera y darle una bandera blanca a la policía para que puedan usar un arma cuando ellos entienden que hay un determinado riesgo de que una persona se fugue, sin ponderación de otros factores porque en el orden de valores no todas las cosas valen igual", expresó.

"Si la persona está saliendo de robar un pan, no le podés pegar un tiro porque la vida vale más. Hay toda una ponderación de valores en el tema de ver qué cosa tiene más valor que otra, que no es el policía en el momento y en caliente quién está capacitado para hacerla. Eso lo tiene que hacer un juez", explicó.

Cambio de paradigma

En reiteradas oportunidades, en su contacto con la prensa, la ministra Bullrich se refirió a un cambio de paradigma en referencia a las políticas de seguridad fijadas por el gobierno de Cambiemos. “El que quiera andar armado, que ande armado”, afirmó la funcionaria a principios de noviembre cuando fue consultada por el caso del policía Chocobar y agregó: “Cambiar el paradigma de apoyar al victimario para apoyar a las víctimas”.

En respuesta a esas afirmaciones, Balangione sostuvo que “se está teniendo una mirada muy corta”, porque desde el caso Blumberg, en el país solamente “se endurecen las penas, se crean nuevos delitos, hay cada vez más presos y los resultados sociales están a la vista, no son buenos”.

“Cada vez hay más casos de inseguridad y sin embargo no es que no hay leyes, o que la policía no puede actuar. Sino que se está llevando hacia el lado del derecho penal o de lo punitivo la búsqueda de la solución de este tipo de problemas. Cuando hay que ir un poco más profundo para ver dónde está la causa de los delitos y trabajar con una mirada más larga”, remarcó.

“Esto afecta las garantías de todos, no solamente del que comete los delitos, que nadie lo está justificando. Las garantías de todos, la tuya, la mía, la de nuestros hijos que en una situación confusa pueden tranquilamente recibir un tiro por la espalda porque hay una legitimación mediante un cuerpo normativo que viene de arriba, de un gobierno que te está diciendo, «mirá... ante la duda pegale un tiro»”.

¿Santa Fe debe adherir?

Casi en paralelo con la publicación del nuevo reglamento para las fuerzas federales de seguridad, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se invitó a las provincias a adherir al protocolo elaborado. Consultada sobre si a su criterio la provincia debería aceptar la invitación, Balangione fue tajante: “Espero que no”.

“En algunos legisladores, incluso el gobernador, hay una tendencia a endurecer, pero pienso que la mayoría de los legisladores tienen una postura un poco más liberal, más ajustada a las garantías constitucionales y espero que no adhieran a esto, porque va a traer una serie de problemas que incluso van a afectar a la institución policial misma porque esto llevaría incluso a necesitar muchísima capacitación para poder saber, determinar y distinguir situaciones de verdadero riesgos. Además, ¿quién controla esto? Todos los policías están armados”, se preguntó.

En ese orden de cosas recordó que la Defensa Pública tiene una larga pelea por el artículo 10 bis de la Ley Orgánica de la Policía que es el que habilita a levantar en la calle a alguien sin orden de autoridad fiscal o judicial, simplemente por considerar que alguien está en alguna situación sospechosa. “Es la típica averiguación de antecedentes. A través de un hábeas corpus colectivo se pidió que haya audiencia y control judicial de esas detenciones porque lo constitucional es que cualquier recorte de la libertad tiene que estar bajo el amparo de un control judicial. Acá ni siquiera es que habilitan a detener, habilitan a tirar”, advirtió.

Ante las críticas

Por último, la titular del Servicio Público de Defensa Penal aseveró que la decisión nacional “afecta el Estado de Derecho” y dijo entender a quienes están asustados por la inseguridad y los delitos y seguramente van a aplaudir, pero pidió pensar también en que liberar a las fuerzas para poder utilizar las armas sin tener que dar la voz de alto, no solo puede ir en contra de los que cometen delitos, sino de todos.

“No nos olvidemos que vivimos en un Estado que consagra el estado de inocencia, yo sé que existe por supuesto la flagrancia y todo, pero la policía tiene que tener los mecanismos, la capacitación, el entrenamiento suficiente para poder sofocar situaciones. Por algo tienen las armas y ya está contemplada su utilización. Es el brazo armado del Estado. Esta es una ampliación que no es necesaria y además es violatoria al Estado de Derecho”, reflejó.