Red de geriátricos bajo sospecha en Santa Fe: crecen las denuncias por maltratos, aislamiento y presuntas estafas en hogares administrados por la misma persona

Mientras la Justicia avanza con la investigación sobre la red de residencias geriátricas que quedó bajo la lupa tras el incendio ocurrido en un hogar de calle José Gollán al 10.100, en barrio Nuevo Horizonte, al norte de la ciudad de Santa Fe, continúan apareciendo testimonios que describen presuntas irregularidades dentro de establecimientos administrados por la misma responsable, quien actualmente cuenta con un pedido de captura.

Una familiar de una residente y dos ex trabajadores de los hogares ubicados en Diez de Andino al 5800 y Salvador del Carril al 2000 brindaron sus testimonios bajo reserva de identidad para preservar su seguridad.

Los relatos apuntan a un supuesto patrón de abandono, restricciones a familiares, fallas en la atención de los adultos mayores y posibles maniobras vinculadas al cobro de jubilaciones y la utilización de documentación personal de los residentes.

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“La encontré sin sus pertenencias, incomunicada y golpeada”

C., prima de una mujer actualmente alojada en la residencia de Diez de Andino, contó que volvió a tomar contacto con su familiar luego de que atravesara una situación de violencia de género extrema.

Según explicó, la mujer estuvo internada en el Hospital Iturraspe y posteriormente en el Hospital Vera Candioti, hasta que finalmente fue trasladada al geriátrico por gestiones de una de sus hijas.

La familiar relató que, luego de regresar a Santa Fe tras varios meses de ausencia laboral, decidió visitar a su prima y aseguró haber encontrado una situación completamente diferente a la esperada.

“Cuando llegué no tenía ninguna de sus pertenencias. No estaba la ropa nueva que le habíamos comprado, tampoco el calzado ni el teléfono. Estaba incomunicada, semidesnuda y con golpes”, afirmó en diálogo con Veo Noticias.

De acuerdo con su testimonio, al realizar reclamos recibió una comunicación telefónica de la administradora del lugar.

“Me dijo que me estaba mirando por las cámaras y que si yo quería guerra… No entendía si me estaba informando o amenazando”, señaló.

Además, sostuvo que luego de insistir con sus reclamos se le prohibió volver a ingresar al establecimiento.

“Las empleadas me dijeron que ellas cuidaban su trabajo, pero que la dueña había ordenado que no me dejaran entrar más”, relató.

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Denuncias por restricciones a familiares y pertenencias

Otro de los testimonios corresponde a M., una ex trabajadora que aseguró haber desempeñado tareas hace aproximadamente seis años en las residencias de Diez de Andino y Salvador del Carril.

La mujer indicó que cada establecimiento alojaba entre 17 y 18 residentes y que muchos de ellos llegaban derivados desde hospitales públicos mediante trabajadoras sociales, mientras que otros eran ingresados por decisión de sus familias.

Según afirmó, cuando algún familiar reclamaba por cuestiones vinculadas al cuidado de los adultos mayores, la respuesta era impedirle el acceso.

“Si un familiar se quejaba, por ejemplo por la ropa que tenía un abuelo, la orden era que no lo dejaran entrar más”, sostuvo.

También señaló que los pañales eran enviados por PAMI y que Cáritas aportaba ropa para los residentes, aunque en muchos casos las propias familias también entregaban elementos personales.

Alimentación, medicamentos y condiciones laborales

Los testimonios de M. y J., otro ex trabajador que se desempeñó en la residencia de Salvador del Carril entre 2024 y octubre de 2025, coinciden en cuestionamientos sobre el funcionamiento cotidiano de los hogares.

Ambos aseguraron que la alimentación de los residentes estaba basada principalmente en comidas como polenta y fideos.

También denunciaron presuntas deficiencias en la administración de medicamentos y señalaron que la asistencia médica era ocasional.

J., además, cuestionó las condiciones laborales del personal.

Según relató, llegó a cumplir jornadas de hasta 48 horas consecutivas de guardia y afirmó que, ante la ausencia de compañeros, debía quedar a cargo solo de entre 17 y 18 adultos mayores.

El ex trabajador aseguró que intentó realizar una denuncia en la Comisaría 5ª, ubicada cerca del establecimiento, pero sostuvo que su presentación no fue recibida.

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Presunto manejo irregular de jubilaciones

Uno de los aspectos más sensibles de los testimonios está relacionado con el manejo del dinero de los residentes.

Tanto M. como J. afirmaron que la administradora de las residencias retenía los documentos de identidad y las tarjetas de débito de los adultos mayores.

Según ambos ex empleados, desde allí se realizaba el cobro de las jubilaciones de algunos residentes.

Además, J. aseguró haber presenciado en dos oportunidades el traslado de adultos mayores para la firma de préstamos.

Estas declaraciones se incorporan al contexto de la investigación judicial que busca determinar si existieron maniobras ilegales en perjuicio de los residentes.

La causa sigue bajo investigación

Los testimonios se suman al expediente que analiza las condiciones en las que funcionaban estas residencias geriátricas y las posibles responsabilidades penales de sus administradores.

La investigación se inició luego del operativo desplegado tras el incendio ocurrido en el hogar de barrio Nuevo Horizonte, donde quedaron expuestas distintas irregularidades vinculadas al funcionamiento de estos establecimientos.

Ahora será la Justicia la encargada de evaluar la veracidad de las denuncias, reunir pruebas y determinar si existieron delitos contra los adultos mayores alojados en las residencias.