Rutas nacionales en Santa Fe: polémica por el decreto de Milei que habilita peajes y provincialización

El reciente decreto 253 firmado por el presidente Javier Milei habilita la provincialización de las rutas nacionales y la posibilidad de financiar obras mediante sistemas de peaje, una medida que impacta de lleno en Santa Fe, donde el gobierno viene reclamando el control de corredores estratégicos como la Ruta Nacional A012.

Sin embargo, la iniciativa generó fuertes cuestionamientos. Ricardo Lasca, titular del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), calificó la medida como “claramente inconstitucional” y alertó sobre una proliferación de cabinas de cobro en todo el país.

“Vamos a volver al sulky o a andar en carros. Nos van a rodear de garitas por todos lados”, advirtió en declaraciones radiales, al tiempo que señaló que con el nuevo esquema de concesiones “habrá un peaje cada 90 kilómetros”.

Críticas por “doble imposición” y falta de alternativas

Desde el Conaduv sostienen que el nuevo sistema implicaría una doble carga para los usuarios, ya que se mantendrían impuestos existentes –como el de los combustibles– y se sumarían peajes en rutas que no ofrecen caminos alternativos gratuitos.

“Es increíble y claramente inconstitucional. No hay camino alternativo, hay doble imposición”, insistió Lasca, quien además cuestionó el destino de los fondos recaudados por tributos vinculados al sector vial.

Según explicó, el financiamiento para obras “ya existe”, pero denunció que históricamente se desvía a otros fines. También apuntó contra el proceso de desfinanciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que podría quedar reducido a un rol residual.

Avanza el traspaso, pero con condiciones

El decreto –impulsado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques– establece que las provincias podrán licitar concesiones para la administración, mantenimiento y ampliación de rutas, incluso con participación privada.

No obstante, fija restricciones claves:

• Las concesiones no podrán integrar tramos de distintas jurisdicciones.
• Se establece un plazo máximo de 30 años para la delegación.
• La Nación no cede el dominio ni la jurisdicción federal de las rutas.

Estas condiciones generan dudas en Santa Fe, especialmente en proyectos como el segundo anillo vial del Gran Rosario, pensado para mejorar el acceso a los puertos del cordón industrial.

La A012, sin respuestas y en estado crítico

Uno de los puntos más sensibles es la Ruta Nacional A012, considerada una segunda circunvalación del Gran Rosario y clave para la logística productiva. Su estado actual es crítico y el gobierno provincial ya solicitó autorización para intervenirla.

Sin embargo, hasta el momento no hubo respuesta de Nación y el proceso permanece paralizado.

De concretarse el traspaso, Santa Fe tendría un año para licitar las obras y luego un plazo adicional de 90 días hábiles para la toma de posesión del corredor.

Presentación judicial en camino

Frente a este escenario, el Conaduv anticipó que avanzará con una presentación judicial para cuestionar la constitucionalidad del decreto. También pedirá reuniones en comisiones del Congreso para discutir el impacto del nuevo esquema.

“El traspaso de rutas no puede hacerse de manera arbitraria. Son bienes de dominio público, no de un gobierno”, concluyó Lasca.

La discusión recién comienza y pone en tensión tres ejes centrales: el financiamiento de la infraestructura, el rol del Estado nacional y el costo que deberán afrontar los usuarios en un sistema que, de avanzar, cambiará la forma de circular por las rutas argentinas.

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