Santa Fe ajusta controles sobre su propia minería

Ni a cielo abierto, ni subterránea, ni de metales ni piedras preciosas, pero Santa Fe tiene una actividad minera que mueve, al menos, 60 millones de pesos al año sólo en arenas. El Estado provincial se propone afinar el control de esta industria extractiva.

La semana pasada, la provincia formalizó un convenio con Prefectura Naval Argentina para fiscalizar la explotación de yacimientos minerales no metalíferos en los lechos de los ríos Paraná, Colastiné, Coronda, San Javier y Arroyo Leyes. El acuerdo de cooperación apunta a controlar con mayor rigor la extracción de arcillas, limo, canto rodado, pedregullo pero fundamentalmente arena, que abarca el 90 por ciento de esta llamada minería de tercera categoría –o de áridos– en el distrito. No es para menos: Santa Fe es la tercera mayor extractora en el país de arena, insumo básico para la floreciente industria de la construcción, con un volumen estimado en un millón y medio de metros cúbicos anuales que abastecen principalmente a las constructoras y corralones locales y de jurisdicciones vecinas, como Chaco y Santiago del Estero.

La firma del convenio, en rigor, formaliza la cooperación ya existente entre Prefectura y la Secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero de Santa Fe, según aclaró el titular de esa área provincial, Roberto Tion. El funcionario explicó que su dependencia no posee la infraestructura ni el personal suficiente para controlar las embarcaciones areneras, las que además operan sobre los cursos de agua, donde la jurisdicción es de Prefectura.

Mediante el acuerdo, la fuerza de seguridad nacional corroborará, durante sus inspecciones de rutina, que los concesionarios de la explotación de yacimientos minerales de áridos estén inscriptos en el Registro Provincial de Productores Mineros, cuenten con el permiso habilitante y operen con embarcaciones declaradas.

En Santa Fe hay registradas 15 grandes areneras, seis de las cuales operan en el área del Gran Rosario, según los datos de la Secretaría de Minería de la Nación. El funcionario provincial Tion estimó –según las facturaciones empresarias– una producción de arena de 1,5 millón de metros cúbicos anuales, un volumen que se corresponde con las 2,5 millones de toneladas en peso que calcula el Segemar (Servicio Geológico Minero Argentino, Segemar). El mismo organismo –dependiente de la Secretaría de Minería– ubica a la provincia tercera en el rubro, detrás de Corrientes y Buenos Aires.

El potencial es grande, aunque difícil de fiscalizar. No ocurre como por ejemplo en la agricultura o ganadería, actividades en las que se pueden estimar producciones mediante, por caso, relevamientos fotográficos aéreos como hace la Afip: la arena que se extrae de los ríos es fruto de un proceso de sedimentación que no es conocido con exactitud y además es variable. Lo que hace Prefectura es revisar los registros de salida y llegada a la costa de los areneros y, suponiendo carga llena, mide la productividad de acuerdo a la capacidad de las embarcaciones, que van de 20 a 50 toneladas. Los permisos de explotación los otorga el Estado provincial. El empresario debe presentar un estudio de impacto ambiental que controla la Secretaría de Medio Ambiente, tras lo cual necesita el visto bueno de Sistema Hídrico, ambas dependencias bajo la órbita del Ministerio de Producción de la provincia.

El ciudadano