Santa Fe no queda al margen del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: "Los verdaderos estafadores estaban del otro lado"

La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la ley de emergencia en discapacidad abrió un nuevo capítulo de debate en el Congreso. El proyecto, que ahora deberá ser tratado por el Senado, busca garantizar la continuidad de prestaciones y servicios esenciales para personas con discapacidad en todo el país, frente a los fuertes recortes que se vienen aplicando en los últimos meses.

Sin embargo, el clima político se vio sacudido por la difusión de escuchas que comprometen a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y hombre cercano al presidente de la Nación, y a la hermana del mandatario, Karina Milei, en presuntas maniobras irregulares vinculadas a la administración de fondos millonarios destinados a este sector.

“El golpe más duro”

En diálogo con el programa Mañana UNO por UNO 106.3, Gabriela Bruno, militante santafesina y exfuncionaria vinculada a políticas de discapacidad, expresó la profunda indignación de las entidades y familias afectadas: “Estamos con mucha bronca por todo esto que se descubrió. Mientras se acusaba a personas con discapacidad de recibir beneficios indebidos, resulta que los verdaderos estafadores estaban del otro lado. Es necesario que se investigue y que se haga justicia”.

Bruno recordó que el ajuste en las pensiones nacionales y la exigencia de revalidar certificados dejaron a miles de personas sin cobertura: “Hubo auditorías mal planteadas, obligando a viajar cientos de kilómetros para renovar trámites, mandando cartas documento a domicilios inexistentes o dando plazos imposibles de cumplir. Todo formaba parte de una estrategia para dar de baja pensiones”.

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Gabriela Bruno. Militante santafesina y exfuncionaria vinculada a políticas de discapacidad.

Una “caja” millonaria bajo sospecha

Según la referente, la Agencia Nacional de Discapacidad administra un presupuesto clave para garantizar derechos básicos: desde el acceso a centros de día y terapias, hasta transportes, medicamentos, ortopedia y apoyos educativos.

“Es una caja muy grande porque se trata de recursos necesarios para sostener la vida cotidiana de miles de personas. Y justamente fueron sobre esa caja, sin importarles que la gente volviera al encierro o quedara desamparada”, afirmó Bruno.

Consultada sobre la situación en la provincia, Bruno destacó que Santa Fe cuenta con políticas públicas más consolidadas en discapacidad, lo que permite contener, en parte, los efectos de los recortes nacionales.

“Acá existe un sistema único de prestaciones básicas que brinda cobertura a quienes no tienen recursos. Pero lo que corresponde es que todos cobren la pensión nacional y las prestaciones por ley. Las provincias pueden acompañar, pero no reemplazar esa obligación”, explicó.

Expectativa por el Senado

Tras la media sanción en Diputados, las organizaciones intensifican su presión sobre los senadores nacionales para que aprueben la ley. “La emergencia en discapacidad viene a resguardar derechos que ya existen. Queremos que se garantice hasta 2027 porque los recortes golpearon tanto a las familias como a los profesionales. Vamos a seguir movilizados y exigiendo justicia”, cerró Bruno.

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