Terrenos usurpados: vencido el plazo de desalojo, unas 15 familias permanecen en el lugar

Hasta la tarde del miércoles no hubo uso de la fuerza para retirarlos del lugar. Tampoco había presencia policial que advierta o anticipe una medida de ese tenor. Apenas un móvil policial de la provincia apostado en el lugar y una camioneta de Gendarmería que patrullaba el barrio.

Uno de los vecinos del barrio dijo a UNO Santa Fe que lejos de irse, muchas personas siguen trasladando materiales al lugar y la zona se está ampliando. "Están todo el día con carros y chapas; anoche (por el martes) se escuchaban martillazos. Los perros no paran de ladrar por los movimientos que hay. Es imposible vivir así", dijo a UNO Santa Fe.

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Del otro lado, quienes aún se encuentran en el predio anticiparon que no se van a ir hasta tanto tengan una respuesta de las autoridades. Cabe aclarar que efectivos de Gendarmería Nacional llegaron al lugar el lunes a la mañana y conversaron con los usurpadores para informarles sobre la orden de desalojo emitida por el juez federal Miño. "Vamos a estar aquí hasta que nos den un lugar. No tenemos techo y pensamos quedarnos", dijo una mujer que se encuentra con su familia en el predio.

"Tenemos una propuesta para llevarle a los chicos del CIC (institución que se encuentra sobre Facundo Zuviría al 8000) y a la Municipalidad. Quedamos asentadas 14 familias y queremos hacer una propuesta; que nos den un pedazo de tierra para las 14 familias", dijo una de las personas al LT 9. Ante la consulta de si van a resistir, señalaron: "Sí. No tenemos donde ir. Sino me armo el rancho en la calle".

A través del diálogo, gestionados por funcionarios de los gobierno municipal y provincial se logró convencer a la gran mayoría de irse del lugar. De hecho, de las 116 familias que habían en un inicio, apenas quedan 15; sin embargo, el grupo que aun permanece en el lugar es el más radicalizado y que no está dispuesto a ceder.

La escalada de usurpaciones comenzó el jueves 6 de febrero. Cuatro días después de los asentamientos, y a través de un documento, el fiscal federal Walter Rodríguez respondió a la denuncia realizada por el municipio ante la usurpación de terrenos en el norte de la ciudad.

En el escrito, el funcionario judicial considera "que el tiempo transcurrido perjudica la estrategia de actuación". Agrega que en "virtud de las características del suceso, resulta neurálgico adoptar distintas medidas inmediatas y urgentes dirigidas a conocer especialmente las circunstancias iniciales del hecho; como por ejemplo, para establecer los medios comisivos del ilícito en trato (violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad".

El documento destacaba que "resulta propicio diferenciar la tarea preventiva que consiste en evitar la consumación del delito, la cual corresponde a la órbita administrativa, y pertenece al Poder Ejecutivo y a las fuerzas de seguridad que de él dependen".

En ese sentido, advierte que la tarea del MPF (Ministerio Público Federal) se limita a dirigir a las fuerzas policiales única y exclusivamente en lo que concierne a la recolección de elementos de prueba necesarios y válidos para sostener una imputación". Y agrega: "Los casos de flagrancia es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, a través de las fuerzas de seguridad, disponer lo necesario para hacer cesar el delito.

Mas adelante, Rodríguez insistió en que "queda claro que en ningún caso las fuerzas de seguridad requieren la orden de un fiscal o juez para hacer cumplir la ley".