Un fuero exclusivo para jóvenes

El diputado provincial del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli (PJ), también presentó un proyecto de Código de Procedimiento Penal Juvenil aunque a diferencia de la iniciativa del Ejecutivo aquí el objetivo es crear un fuero especial. Es decir, crear Colegios de Primera Instancia de la Niñez, Cámaras de Apelación Penal de la Niñez, fiscales de Niñez y defensores de los Niños, Niñas y Adolescentes.

El legislador justicialista consideró que la iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no ayudará a que la Justicia tenga en cuenta la especialidad del caso (se juzga a un menor) sino que acentuará “la adultización” del proceso. Allí radica la gran diferencia que tienen ambos códigos procesales, y que también divide las opiniones de los especialistas.

Otro aspecto en el que no hay coincidencias entre los proyectos en cuestión refiere a las “medidas socioeducativas”. El oficialismo quiere que ese tipo de resoluciones no dependan del juez (que sólo tendría que juzgar las responsabilidades penales) sino de áreas específicas del Ejecutivo provincial que trabajen en la temática, y el kirchnerismo deja esa facultad en manos de los jueces de Garantías.

“En los casos en que se determine la responsabilidad de un chico (de 16 a 18 años) en la comisión de un hecho calificado por la ley como un delito, el juez de Garantías deberá evaluar la aplicación de medidas socioeducativas”, dice el texto que ya presentó Toniolli en la Cámara baja de Santa Fe.

Entre esas posibilidades están la “amonestación severa en presencia de sus padres, tutor o guardador y el defensor; disculparse con la víctima o sus representantes a opción de éstos; reparación del daño o lesión ocasionados por el delito; y adopción de oficio o profesión a partir de la asistencia a talleres de enseñanza o capacitación”.

Para ello, “el juez tendrá en cuenta para la imposición de las medidas, la edad, desarrollo físico y capacidad de cumplirlas”. Además, se prevé que en todos los casos deba “intervenir el Equipo Técnico Interdisciplinario y se comunicará la decisión a la autoridad de aplicación administrativa a cargo del control de la ejecución de la medida”.

Con el objetivo de no desvirtuar el peso de las penas, se indicó en la iniciativa de Toniolli que “las medidas socioeducativas a aplicar deberán ser proporcionales a la gravedad del hecho cometido”, pero que esas medidas “nunca consistirán en privación de la libertad”.

Incluso se prevé que “la privación de libertad sea sólo una medida de último recurso” y aplicada “por el período más breve posible, debiendo cumplirse en instituciones específicas para niños, separadas de las de adultos, a cargo de personal especialmente capacitado teniendo en cuenta las necesidades de su edad”.

Por último, Eduardo Toniolli remarcó que su proyecto de ley comprende “a la persona menor de edad, entre los 16 y 18 años, a quienes se les imputen hechos sancionados por la ley penal, cuya pena privativa de libertad sea superior a dos años”. Y si se tratare de un menor inimputable (menos de 16 años), habría que dar intervención directa a la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia o la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia