Una abogada logró que le anulen 13 fotomultas del radar de Marcial Candioti y abre la puerta a nuevos reclamos

La discusión por las fotomultas en la ciudad de Santa Fe sumó un nuevo capítulo tras el fallo favorable a la abogada Florencia Gervasoni, quien logró revertir una serie de sanciones por exceso de velocidad vinculadas a un radar ubicado en Marcial Candioti y Balcarce. El eje del planteo: la falta de publicidad del cambio en el límite de velocidad, que pasó de 50 a 40 km/h sin una señalización clara y oportuna.

Gervasoni relató que tomó conocimiento de la situación recién en febrero de 2024, cuando recibió la primera notificación en su domicilio. Al revisar el sistema, detectó que acumulaba 13 infracciones por hechos ocurridos entre abril y junio de 2023. “Yo sabía de la existencia del radar, estaba señalizado a 50 km/h. Cuando vuelvo al lugar, veo que lo habían cambiado a 40”, explicó en diálogo con LT10 Radio Universidad.

A partir de allí, decidió avanzar con un descargo formal ante el Tribunal de Faltas. Entre los principales cuestionamientos, exigió conocer qué acto administrativo había dispuesto la reducción de velocidad, cómo se había comunicado esa modificación y qué organismo controlaba el funcionamiento del radar, recordando que estos dispositivos deben contar con verificación del INTI.

Además, planteó un “error de prohibición”, al considerar que actuó bajo la convicción de respetar la normativa vigente. “En una de las multas iba a 51 km/h. Para mí estaba dentro del límite permitido”, sostuvo.

Marcial Candioti y Balcarce. La esquina donde le realizaron las fotomultas a la conductora.

Traba inicial y giro judicial

Según detalló, en una primera instancia el Tribunal de Faltas se negó a recibirle el descargo por escrito, argumentando que el procedimiento era oral. Finalmente, tras insistir, logró presentarlo, aunque le rechazaron la prueba ofrecida y ratificaron las multas.

La abogada apeló la decisión y el caso llegó a la Justicia penal de primera instancia. Allí, el juez Octavio Silva resolvió a su favor, con un fallo que consideró “muy claro y preciso”. El punto central: la falta de adecuada publicidad del cambio en el límite de velocidad, un requisito esencial para la validez de las sanciones.

En el expediente, el municipio argumentó que la modificación se apoyaba en una reforma de la ordenanza de tránsito de 2020, que fijó en 40 km/h la velocidad máxima para ese tipo de calles. Sin embargo, quedó expuesto que recién en abril de 2023 se solicitó la recalibración del radar y el cambio de cartelería, sin precisiones claras sobre cuándo se efectivizó esa señalización en la vía pública.

Un antecedente con impacto potencial

El caso también llegó a la Corte Suprema provincial, que si bien no se expidió sobre el fondo, dejó firme la resolución de primera instancia. Para Gervasoni, el fallo tiene un valor adicional: “Acerca la Justicia a la gente en cuestiones cotidianas”.

El monto en discusión no era menor. Actualizadas, las multas ascendían a casi 2,5 millones de pesos, aunque finalmente quedaron sin efecto.

Más allá de la resolución individual, la abogada consideró que otros vecinos podrían encontrarse en una situación similar. “Quienes tengan multas de ese período están en condiciones de plantear su revisión”, señaló, aunque advirtió que cada caso dependerá de si se realizaron los descargos en tiempo y forma.

Debate abierto

El planteo también reaviva una discusión más amplia sobre el sistema de fotomultas. Gervasoni cuestionó que, además de la falta de señalización, las notificaciones no fueron inmediatas, lo que impidió a muchos conductores ejercer su defensa en tiempo oportuno.

A esto se suma el mecanismo de actualización de las multas, atado al valor de la nafta, lo que provoca que las sanciones aumenten hasta el momento del pago.

“Creo que la gente merece otro trato. Así como está planteado, termina siendo más una herramienta de recaudación que de prevención”, afirmó..

El fallo, ahora, se proyecta como un antecedente que podría ser utilizado por otros conductores en la ciudad, en un contexto donde el debate sobre controles, transparencia y derechos de los usuarios vuelve a instalarse en la agenda pública.

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