Veto presidencial a la ley de discapacidad: "La cuestión presupuestaria no puede estar nunca por encima de los convenios internacionales"

La Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Aprid) celebró el reciente fallo judicial de un juzgado de Campana que declaró inconstitucional el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. Si bien la resolución tiene un alcance acotado y solo beneficia a la familia que presentó el amparo, la medida es vista como un precedente clave en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Mariel Chapero, presidenta de Aprid, señaló en diálogo con LT8 que “la cuestión presupuestaria no puede estar nunca por encima de los convenios internacionales y del derecho a la salud y la educación”. La dirigente remarcó que el fallo “legitima desde el ámbito judicial la gravedad de la situación” y que confirma que el sistema integral de prestaciones está siendo “precarizado y desfinanciado” de manera progresiva.

El alcance del fallo y la expectativa en el Congreso

El dictamen del juez de Campana responde a un amparo presentado por los padres de dos niños de 11 años con discapacidad cognitiva. La sentencia no es extensiva a todo el país, pero Chapero explicó que sienta un antecedente judicial relevante que puede ser replicado en otros casos.

Mientras tanto, la atención está puesta en la sesión especial de la Cámara de Diputados que se realizará este miércoles, donde se tratará el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Para rechazarlo, será necesario el acompañamiento de una mayoría especial de dos tercios. Si logra ser aprobado en Diputados, el trámite deberá continuar en el Senado.

Qué contempla la ley vetada por el Gobierno

La ley de emergencia en discapacidad, sancionada por el Parlamento en 2023, incluía: la recomposición arancelaria de las prestaciones, actualizada frente a la inflación; la garantía de presupuesto para la Agencia Nacional de Discapacidad y sus programas y la inclusión de más de 500.000 personas que esperan una pensión por discapacidad, lo que no solo implica un ingreso económico, sino también la posibilidad de acceder al sistema integral de salud, educación, rehabilitación, transporte y formación laboral.

“Estamos en contacto con legisladores y convocamos a movilizar para que se comprenda la urgencia de este tema”, remarcó Chapero. También pidió a las familias y a la sociedad en general que se comuniquen con los diputados y diputadas “para exigir que resguarden los derechos de las personas con discapacidad”.

Un debate clave para los derechos humanos

El veto presidencial a la ley de discapacidad puso en el centro de la discusión el cumplimiento de los tratados internacionales con jerarquía constitucional que protegen a las personas con discapacidad. El fallo judicial de Campana reconoció que dichos compromisos están siendo vulnerados.

La definición del Congreso será determinante: si se logra rechazar el veto, la ley de emergencia en discapacidad podría entrar en vigencia y garantizar el acceso a prestaciones básicas a miles de personas que hoy se encuentran en una situación de exclusión y vulnerabilidad.

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