El nuevo régimen penal juvenil abrió otra grieta

La decisión del gobierno nacional de volver a la carga con el debate sobre un nuevo régimen penal juvenil provocó una ola de repercusiones a favor y en contra del proyecto.

El texto sobre el que ya trabaja el gobierno de Mauricio Macri contempla que sean tribunales especializados los que se encarguen de definir los procesos penales y el control de la pena para adolescentes entre los 15 y los 18, entre otras novedades.

Por lo pronto, desde el oficialismo salieron a respaldar el proyecto que será enviado por el gobierno al Congreso. El diputado nacional del PRO, Daniel Lipovetzky, aseguró que la iniciativa "no solo propone bajar la edad de imputabilidad sino regular todo lo atinente a la atención y seguimiento del Estado de un menor que está siendo juzgado por la comisión de un delito".

Lipovetzky destacó que "la discusión va más allá de la edad de imputabilidad" aunque, consideró que, a su juicio, "para los delitos graves la edad debería ser 14 años, más acorde a la legislación comparada". En ese contexto, el legislador oficialista aseguró que "la edad promedio en el mundo es de 12 años aproximadamente".

El proyecto que el gobierno enviaría al Congreso en sesiones extraordinarias, según anunció el lunes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, establece un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil y, entre otras cuestiones, contempla la baja de la edad de imputabilidad a 15 años.

"El proyecto reemplaza a un decreto ley del genocida (Rafael) Videla, modificado por (Reinaldo) Bignone y que fue mantenido por todos los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura cívico-militar, y que claramente requería una actualización acorde al paso del tiempo y a una visión democrática de la temática", enfatizó el presidente de la comisión de Legislación General de la Cámara baja.

En tanto, desde el Frente Renovador destacaron la importancia de avanzar en la discusión de un nuevo régimen penal juvenil. Una de las espadas del bloque, la diputada Graciela Camaño recordó que Sergio Massa presentó en 2016 un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

Compromiso

La legisladora aseguró que "nuestro compromiso es grande y lo demuestra nuestro trabajo constante, como en la ley del arrepentido, impulsado, trabajado y sostenido por el Frente Renovador; la ley de víctimas y de extinción de dominio, todas propuestas nuestras". Sin embargo, la propia Camaño cuestionó al oficialismo, al sostener que "no citó a sesiones ordinarias. Vació las comisiones y, ahora, ¿sale descubriendo la pólvora?".

Por su parte, el jefe del bloque de diputados del justicialismo, Pablo Kosiner, sostuvo que "está pasando algo muy raro: todo el mundo opina sobre lo bueno o malo del proyecto de baja de edad de imputabilidad a los menores sin que este haya sido publicado".

Sin embargo, el legislador calificó como "un error" la decisión de enfocar la problemática solo como una cuestión de edad. Kosiner consideró que si el proyecto se enfoca "desde la necesidad de modernizar el sistema penal juvenil es positiva la decisión", pero sería un "error" con "un efecto distractivo" enfocar dicha problemática solo en la cuestión de la edad.

El diputado planteó que, para que se deje de "opinar sobre lo bueno o malo del proyecto" sin conocerlo, "lo primero que tendría que hacer el gobierno es ponerlo a consideración de todos los sectores".

Como era de esperarse, desde la oposición salieron a criticar la iniciativa que impulsa el gobierno. Desde el kirchnerismo y la izquierda apuntaron contra la Casa Rosada por querer desviar la atención de la agenda política.

Uno de los que se puso como mascarón de proa de las críticas fue el exdiputado Héctor Recalde, quien criticó la política económica de Macri. "Lo que hay que bajar es la inflación que afecta el poder adquisitivo del salario y no la edad de imputabilidad de los chicos", lanzó el otrora abogado de la CGT a través de su cuenta en Twitter.

Por su parte Itai Hagman apuntó sus críticas contra la ministra de Seguridad Patricia Bulrrich por "insistir" con la baja en a imputabilidad de los menores. En ese contexto, el referente de Patria Grande comentó que el proyecto es "ineficaz" al considerar que "la cantidad de jóvenes que cometen delitos graves es ínfima y además es inconstitucional".

En esa misma línea, Néstor Pitrola consideró que el proyecto del gobierno "ya está en la agenda electoral" con el objetivo de "garantizar el ataque a los trabajadores". El referente del FIT criticó también la compra de pistolas Taser, la expulsión de extranjeros y el "código penal represivo".