El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) trasladó este miércoles su reunión mensual al Cabildo de Buenos Aires para reclamar al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto.
Financiamiento universitario: 60 rectores reclamaron al Gobierno que cumpla con la ley y convocaron a una marcha para el 15 de octubre
El CIN reunió a los titulares de múltiples universidades en el Cabildo de Buenos Aires, un día después de que la Justicia declarara inconstitucional el decreto 759/2025 y ordenara al Gobierno aplicar de inmediato la norma.
Rectores universitarios. 60 rectores reclamaron al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El encuentro reunió a los rectores de 60 universidades de todo el país, quienes además ratificaron la convocatoria a una marcha federal para el próximo 15 de octubre, en medio de la disputa por los recursos destinados al sistema universitario.
La movilización se produjo un día después de un nuevo capítulo judicial del conflicto. El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, declaró inconstitucional una cláusula del Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había condicionado la ejecución de la Ley 27.795. El magistrado ordenó al Poder Ejecutivo avanzar de manera inmediata con su cumplimiento.
La resolución fue dictada a partir de los amparos presentados por el CIN y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se trata de un fallo de primera instancia y el Gobierno anticipó que apelará la decisión.
Un “cabildo abierto” en defensa de las universidades
Durante la reunión, el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, cuestionó la falta de respuestas del Poder Ejecutivo y explicó el sentido de trasladar el encuentro al histórico edificio porteño.
“Transformamos esta reunión del comité ejecutivo en una especie de cabildo abierto en defensa de la universidad pública argentina para exigir el cumplimiento de la ley y en defensa de la institucionalidad”, sostuvo.
Bartolacci también cuestionó el escenario generado alrededor del financiamiento universitario y reclamó que las autoridades nacionales regularicen la situación económica de las casas de altos estudios.
“Es insólito que no tengamos respuestas”, afirmó el titular del CIN, al referirse a la falta de avances en las negociaciones presupuestarias.
Desde el sector universitario también plantearon la necesidad de que las partidas necesarias para cumplir con la legislación sean contempladas en el Presupuesto nacional.
Qué resolvió la Justicia
El fallo conocido el martes 6 de octubre declaró inconstitucional la referencia incluida en el Decreto 759/2025 al artículo 5° de la Ley 24.629, disposición utilizada por el Ejecutivo para condicionar la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario a la determinación de las fuentes de recursos y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto.
Cormick ordenó al Poder Ejecutivo dictar las normas reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795.
La norma contempla, entre otros aspectos, medidas vinculadas con el financiamiento de las universidades, la recomposición de los salarios del personal docente y no docente y las becas estudiantiles.
El conflicto comenzó luego de que el Congreso aprobara la Ley 27.795 y el Poder Ejecutivo intentara vetarla. Tras el rechazo del veto por parte de ambas cámaras con las mayorías requeridas, el Gobierno promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, pero condicionó su aplicación.
Salarios, becas y presupuesto
La disputa judicial también incluye reclamos relacionados con la actualización de los salarios docentes y no docentes y el financiamiento de las becas estudiantiles.
En resoluciones anteriores, el juez Cormick había ordenado al Ejecutivo avanzar con determinadas obligaciones vinculadas a esos rubros. Esas medidas cautelares fueron posteriormente confirmadas por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y, en junio de este año, la Corte Suprema desestimó un recurso extraordinario presentado por el Estado, según los antecedentes del expediente.
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El Gobierno, por su parte, sostuvo que las recomposiciones salariales acumuladas desde diciembre de 2023 alcanzaban el 226,8% y superaban la inflación de referencia. La discusión sobre la suficiencia de esas actualizaciones forma parte del conflicto entre el Ejecutivo y las universidades.
Los rectores ya preparan la marcha del 15 de octubre
Con el nuevo escenario judicial, el CIN ratificó la convocatoria a una marcha federal universitaria para el 15 de octubre.
En paralelo, los rectores mantienen contactos con gobernadores y legisladores nacionales con el objetivo de garantizar que el proyecto de Presupuesto nacional contemple los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema universitario.
Así, el conflicto por el financiamiento suma ahora un nuevo capítulo: mientras la Justicia ordenó aplicar de inmediato la ley y el Gobierno analiza su estrategia judicial, las universidades profundizan sus reclamos y preparan una nueva movilización nacional.















